Los representantes Javier Aponte Dalmau, Jesús Manuel Ortiz y José Aníbal Díaz Collazo, del Partido Popular Democrático (PPD), presentaron hoy el Proyecto de la Cámara 1642, que propone reestructurar el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres con el propósito de lograr una respuesta “efectiva, coordinada y uniforme ante una emergencia”.
La medida propone que el Negociado, así como el Departamento de Seguridad Pública, establezcan sus planes de trabajo y de emergencia y la coordinación, siguiendo los parámetros del Sistema Nacional para el Manejo de Incidentes (National Incident Management System o NIMS, siglas en inglés).
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Según los legisladores, el NIMS -creado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, siglas en inglés)- “provee un marco de referencia y enfoque común que permitirá que el gobierno, el sector privado y las organizaciones sin fines de lucro puedan trabajar juntos en la prevención, mitigación, preparación, respuesta y recuperación de los efectos de una emergencia o desastre”.
Aponte Dalmau señaló que “aunque había un plan estatal de manejo de emergencias durante el huracán María, no se siguió, y todavía al día de hoy continuamos siendo testigos de cómo la improvisación sólo provoca problemas y desgracias. Aquí la falta de comunicación interagencial y con los municipios fue crucial para que el gobierno no pudiera manejar la situación”.
Añadió que “definitivamente, esto tiene que haber servido de lección para enmendar los errores cometidos, comenzando con que es urgente establecer la interoperabilidad de los sistemas de comunicación, lo que redundará en salvar la vida y propiedad de nuestros ciudadanos”.
El Proyecto 1642 enmendaría la Ley 20-2017 (Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico). Es bajo este departamento, específicamente el Negociado de Manejo de Emergencias y Desastres que recae la coordinación de todos los recursos gubernamentales y privados requeridos antes, durante y después de una emergencia.
A su vez, es la Oficina de Manejo de Información de Seguridad la que se encarga de establecer los parámetros para crear los protocolos sobre comunicación a seguir en caso de emergencia y asegurar la interoperabilidad de los sistemas de información.
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Por su parte, Ortiz González opinó que “el Departamento de Seguridad Pública ha sido un problema desde su creación. La capa adicional de burocracia sobre las agencias de seguridad impide un manejo efectivo de una emergencia, como ya vimos a partir del paso del huracán María. A esa realidad hay que añadir el manejo errático, insensible e inefectivo del secretario Héctor Pesquera. Esta peligrosa situación no puede repetirse”.
A su juicio, “tenemos que asegurarnos de que la administración de una futura emergencia estará a cargo de personas con el peritaje que se requiere. Es por esto que, en cumplimiento con la Guía Nacional de Respuesta de los Estados Unidos, aclaramos el ámbito de control del secretario para que sean los comisionados de cada Negociado los administradores de la gestión diaria”.
Eso, porque estima que “los comisionados son los que poseen el conocimiento especializado, adiestramiento y experiencia necesarias para una ejecución efectiva”.
El proyecto impone además la obligación de crear y utilizar un Sistema de Comando de Incidentes o Incident Command System (ICS), cuya implantación es obligatoria para todos los niveles de gobierno, conforme lo establece el NIMS.
El objetivo del ICS es que la operación de respuesta integre una combinación de instalaciones, equipo, personal, procedimientos y sistemas de comunicación que permita que esa respuesta sea realmente efectiva y eficiente.
De igual forma, el ICS permite la intervención de manera organizada de la ayuda de otras jurisdicciones, entidades sin fines de lucro, al igual que de la Rama Legislativa y la Rama Judicial, dentro de una estructura organizaciones común y estandarizada.
Para el cumplimiento del propósito de esta ley, se limitará el tiempo de vigencia de las órdenes ejecutivas puestas en vigor en declaraciones de emergencias.
“Más que en cualquier otra situación, en una emergencia catastrófica el poder no puede recaer sólo en una rama de gobierno, porque entonces surgen contratos como los de Whitefish”, concluyó Aponte Dalmau.
