Tal parece que el fuego no se apaga para el ahora exrepresentante del Distrito 35, Samuel Pagán Cuadrado, pues, además de las irregularidades en contrataciones que se le atribuyen, así como el dinero que, supuestamente, debe por un implante de pelo, la Oficina del Contralor Electoral (OCE) le imputa posibles violaciones al Código Penal y a la Ley para el Financiamiento de Campañas.
De acuerdo con un borrador de una auditoría de la OCE, con fecha del 25 de abril, y que Metro tiene en su poder, Pagán podría enfrentar un referido al Departamento de Justicia y el cobro de multas ascendentes a $137,226. Según dicha dependencia gubernamental, durante su campaña por un escaño para el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pagán Cuadrado, así como su tesorero, pudieron haber recibido donativos políticos de personas no identificadas conforme a la ley, ingresos que no fueron depositados en su cuenta de campaña, donativos en exceso y negar información a la contraloría electoral, entre otros asuntos.
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“El artículo 13.005 de la Ley 222-2011 dispone que toda persona que, deliberadamente, voluntariamente y a sabiendas, con la intención específica de engañar, presentare o firmare un informe falso de ingresos recibidos y gastos incurridos incurrirá en delito grave”, reza el documento, que también señala un posible perjurio cometido por Pagán.
El exrepresentante, quien hizo pública su renuncia ayer en medio de una investigación de la Cámara de Representantes, tenía hasta el viernes para contestar las alegaciones de la OCE, como dictan los procedimientos de esta agencia. Sin embargo, Elliot Castro, portavoz de prensa de la contraloría electoral, indicó a este diario que el exlegislador pidió una prorroga que le fue concedida para el próximo 15 de junio.
“Me alegro que haya tomado esa decisión”, soltó el gobernador Ricardo Rosselló Nevares ayer en una rueda de prensa
El exfuncionario de la palma saltó al ojo público en días recientes luego de que el programa de Jay y sus rayos X denunciara varias irregularidades en el otorgamiento de un contrato de $180,000 a la empresa International Legislative and Goverment Consulting Group, propiedad de un adepto del PNP, Isoel Sánchez. Este último subcontrató a otras personas para trabajar en la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Noreste, presidida por el exrepresentante. Las funciones de dichos contratistas debían ser realizadas por empleados de la oficina de Pagán Cuadrado.
Asimismo, el exlegislador enfrenta una querella ética por, presuntamente, despedir a un empleado que denunció un patrón de hostigamiento sexual por parte de su esposa, Nancy Malavé Torres, quien era empleada del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.
“Durante la pasada semana, se han difundido un sinnúmero de alegaciones en contra mía y de mi esposa, situación que ha afectado a nuestra familia y amigos. Anteriormente, no había hecho ninguna expresión debido a que estaba ponderando el momento para tomar un determinación que fuese la correcta para el bien de todos, incluyendo a mis constituyentes, hermanos en la fe y mis compañeros, pero más aún para mi familia”, expresó en declaraciones escritas el exrepresentante.
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Ayer en una conferencia de prensa, el gobernador Ricardo Rosselló se mostró satisfecho con la renuncia de Pagán Cuadrado.
“Había unas imputaciones y, ciertamente, si él necesita ese espacio para atenderlas, me alegro que haya tomado esa determinación”, dijo Rosselló al ser cuestionado por la prensa, reseñado en el portal ForoNoticioso.
Algunas imputaciones de la contraloría electoral
• Dejar de proveer información
• Donativos hechos por personas jurídicas no organizadas conforme a la ley
• Ingresos, gastos y cuentas por pagar no informados
• Donantes no identificados de acuerdo con la ley
• Ingresos no depositados en su cuenta de campaña
• No llevar contabilidad completa y detallada
