El alcalde de Cabo Rojo, Roberto Ramírez Kurtz censuró lo que llamó un “patrón de incautación de fondos municipales” por parte del gobierno, que según el primer ejecutivo provoca una reducción de 1.6 millones en el presupuesto del municipio de Cabo Rojo para el año fiscal 2018-2019.
“El gobernador Ricardo Rosselló ha presentado ante la legislatura un proyecto de presupuesto, acordado con la Junta de Supervisión Fiscal, que contiene obligaciones para los municipios. Sin embargo, aun cuando la mayoría de la legislatura y el gobernador son del mismo partido político, no hay consenso en cuanto a las disposiciones contenidas en dicho presupuesto”, expuso Ramírez Kurtz.
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Agregó que “ante este escenario y la realidad fiscal que impera en nuestro país presento ante ustedes, para el año fiscal 2018-2019, un presupuesto de 16,737,118, que es 1.6 millones menor al presupuesto del año corriente y siete millones menos que el presupuesto de 2012, dirigido principalmente al servicio directo a la ciudadanía”.
Ante la legislatura municipal caborrojeña, afirmó que “todos nos hemos visto afectados de alguna manera por las previsiones que hemos tomado para garantizar las operaciones municipales, pero que nos permiten hoy presentar un presupuesto balanceado y en el cual se mantienen las partidas para conservar nuestro recurso humano y continuar brindando el servicio a nuestra gente; partidas que eran subvencionadas por el gobierno estatal y que no recibiremos el próximo año fiscal. Además, contempla el pago del bono de Navidad proveniente del fondo general del municipio.”
Informó que la reducción en el proyecto de presupuesto será en gastos administrativos, reducción de contratos y cambios en la forma de adquirir bienes y servicios, pero que “el presupuesto de nuestras agencias de seguridad y ayuda al ciudadano se mantiene en más de 1.8 millones, de forma que nos aseguremos de atender las necesidades de nuestro pueblo y de contar con los equipos y recursos necesarios para enfrentar cualquier emergencia”.
Ramírez Kurtz dijo que la División de Obras Públicas y Control Ambiental “tendrá un aumento en su partida para que las brigadas puedan salir todos los días a atender las solicitudes de nuestros residentes y brindar el mantenimiento necesario a calles estatales y municipales, de modo que sean seguras para el uso de todos los visitantes que a diario las frecuentan y para que nuestro pueblo se conserve limpio y ordenado”.
Apuntó que “nuestro centro de envejecientes contará con un aumento de más de 260,000 dólares para ampliar su oferta de servicios y utilizarlo de enlace para ofrecer servicios directos a otros ciudadanos que necesitan ayuda, pero no pueden llegar hasta dichas facilidades. El servicio llegará directo al necesitado porque la meta más importante es el pueblo y nuestra gente”.
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El alcalde anunció que ha solicitado al gobierno el traspaso de tres escuelas: la Pedro Fidel Colberg para destinarla a Centro de Envejecientes, Refugio Permanente en Desastres Naturales y Escuela de Bellas Artes; la Luis Muñiz Suffront, de Joyuda, para establecer un programa de Bellas Artes de índole social y comercial; y la Carlota Matienzo, de Monte Grande, para desarrollar un Centro Académico Terapéutico y de trabajo, dirigido a jóvenes con necesidades especiales.
Ramírez Kurtz sostuvo que “la riqueza del gobierno central depende de que las finanzas municipales sean sólidas y estables, lo que no se logra debido al patrón de incautación de fondos municipales por parte del gobierno estatal con el objetivo de cuadrar su presupuesto que sin una reforma estructural total nunca será suficiente. Todavía no han entendido que la formula debe ser a la inversa. Los recursos deben destinarse en el servicio directo a nuestra gente”.
Recordó que “recientemente se ha anunciado la eliminación de 350 millones que estaban destinados a cubrir las exoneraciones de Contribución Municipal Sobre la Propiedad que fueron otorgadas por el Estado. Como resultado de esto Cabo Rojo dejará de recibir 1,759,039 dólares de sus ingresos del CRIM. A pesar de ello el gobierno central intenta celebrar con bombos y platillos la presentación de un presupuesto que contiene asignaciones no recurrentes para los municipios”.
Acotó que “no conforme con todas las reducciones anteriores, el gobierno central presenta un plan de reestructuración del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) donde se nos incauta el 45% de los fondos sobrantes luego de pagar los préstamos, quitándole el dinero destinado para el servicio a nuestra gente. Cabo Rojo y todos los municipios de Puerto Rico tienen un crédito perfecto. Nuestros préstamos se pagan por adelantado, sin embargo el BGF cobró nuestros fondos y no pagó los bonos. Son los municipios y obviamente sus ciudadanos los que pagamos las consecuencias de las malas decisiones del gobierno central”.
