La designada directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Carla Campos Vidal, se expresó hoy, jueves, sobre el efecto negativo que tendría para el turismo en la Isla y el desarrollo de la economía el proyecto de ordenanza 13, presentado por la legislatura del municipio de San Juan.
La medida persigue establecer una política reglamentadora en torno al mercado de alquileres de vivienda a corto plazo en el casco urbano del Viejo San Juan y declarar un período de moratoria de un año en el otorgamiento de permisos de uso.
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La funcionaria señaló que el Viejo San Juan es una zona de alto interés turístico donde conviven residentes, comercios, así como autoridades diplomáticas, eclesiásticas y gubernamentales.
“La ciudad amurallada es un destino turístico codiciado por los cinco millones de visitantes que anualmente visitan nuestra Isla, por lo cual es vital garantizar su viabilidad y permitir que se atienda la demanda turística en un marco de respeto mutuo con la comunidad de la Isleta. Actualmente, existen 11 hospederías en el casco del Viejo San Juan, con una oferta de 539 habitaciones endosadas por la CTPR, además de una amplia variedad de comercios, restaurantes y atracciones turísticas”, expresó Campos.
Añadió que “tras una cuidadosa evaluación del proyecto de ordenanza ante nuestra consideración, la Compañía entiende que la medida tiene el potencial de afectar directa y negativamente el turismo, pues es conocido que al presente los alquileres a corto plazo, en su mayoría ofrecidos a través de plataformas digitales, son de naturaleza fundamentalmente turística”.
La popularidad que han cobrado durante la pasada década estas plataformas de economía compartida (sharing economy) y comercios electrónicos en línea (online marketing) tiene un impacto significativo para la industria del turismo en Puerto Rico, opinó la funcionaria.
Bajo la jurisdicción de la CTPR los arrendadores que rentan su propiedad o porción de ésta por un período de tiempo menor a 90 días cobran y remiten el impuesto por habitación a la CTPR, según estipulado en la Ley 272 de 2003, “Ley del Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.
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Estos alquileres son denominados en el estatuto como alojamientos suplementarios a corto plazo (short term rentals) y la Asamblea Legislativa resolvió colocarlos bajo el palio de la regulación impositiva de la CTPR.
La CTPR incluso ha logrado acuerdos con la principal plataforma de arrendamientos a corto plazo (“Airbnb”) para que sea ésta última la que remita el impuesto recaudado en Puerto Rico a la CTPR, de manera que se facilite así el proceso y la garantía de recaudo.
Gracias al acuerdo alcanzado y las enmiendas realizadas en el 2017 a la Ley 272-2003, los recaudos por concepto de canon de habitación han dado un despunte en evidente beneficio de la economía de la Isla en general.
Para el año fiscal 2016-2017, el impuesto recaudado por la CTPR por concepto del canon por ocupación de habitación del sector de alojamiento a corto plazo ascendió a 3, 529,460 dólares.
En lo que va del año fiscal en curso 2017-2018, el impuesto recaudo asciende a 4,553,290 dólares.
“Dado el rol fundamental que juega la Compañía en el desarrollo, regulación y promoción de la industria turística en Puerto Rico, entendemos que decretar una moratoria en el otorgamiento de permisos de uso que autoricen el arrendamiento a corto plazo contraviene la política pública de la administración del gobernador Ricardo Rosselló de fomentarla industria turística y el desarrollo económico en general en un momento crucial de nuestra economía. El potencial daño al desarrollo turístico y a la economía en general se agrava tomando en consideración que la propuesta moratoria se circunscribe al Viejo San Juan, epicentro de dicha industria en la Isla”, informó Campos.
Por tal razón, la titular de la CTPR sostuvo que, de ser necesario ejercer cualquier acción para regular este tipo de alquileres, debe ser primeramente la CTPR la que proceda en el pleno ejercicio de sus facultades al tratarse de alquileres evidentemente turísticos.
Al respecto, indicó que la postura de la agencia es que no es necesario expandir en este momento el marco regulatorio o impositivo que gobierna los arrendamientos a corto plazo, puesto que el ordenamiento municipal vigente atiende las preocupaciones esbozadas en la medida.
“Reiteramos nuestra disposición a trabajar juntos para atender cualquier situación que pueda afectar el delicado balance entre el desarrollo económico y turístico y la convivencia dentro de la comunidad de nuestro Viejo San Juan. Nuestro interés es que podamos aportar para asegurar el continuo desarrollo de nuestra industria turística y de esa manera mejorar la calidad de vida de sus habitantes”, manifestó la designada directora ejecutiva de la CTPR.
