El mensaje de presupuesto de ayer de Ricardo Rosselló estuvo marcado —en su mayoría— por dos factores: resaltar que llegó a un acuerdo con la Junta de Control Fiscal y una advertencia a la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) sobre los “riesgos” de no derogar la Ley de indemnización por despido injustificado, ficha que su administración transó con el ente federal para evitar la eliminación del bono de Navidad y la reducción de días de enfermedad y vacaciones.
Durante su alocución, que como todos los años contó con la presencia del gabinete ejecutivo, alcaldes, legisladores y adeptos, el primer mandatario anunció que las partidas del erario este año ascenderán a $8,730 millones y que el presupuesto consolidado suma $25,323 millones. El resto del discurso, prácticamente, Rosselló lo utilizó para recordar iniciativas ya anunciadas, como las reformas gubernamentales y las asignaciones millonarias del Congreso para la recuperación de la isla luego de los huracanes Irma y María.
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“Señoras y señores legisladores, ustedes conocen todo lo que está en riesgo.
Ya yo ejercí mi responsabilidad y confío plenamente en el compromiso que ustedes tienen con Puerto Rico”, soltó el ejecutivo. Mientras, agregó dirigiéndose a los representantes y senadores: “Confío en que la mayoría de ustedes actuarán en defensa de los más vulnerables”.
Asimismo, pidió a la Legislatura avalar otros proyectos propuestos por La Fortaleza que aún están en evaluación, como los planes de reorganización de las agencias.
Dijo, además, que mantuvo informados a los presidentes legislativos sobre todos los acuerdos con la JCF tanto en Puerto Rico como en Nueva York, y que, “llegando el momento, tomé una decisión” de aceptar la derogación de la también llamada Ley 80.
Precisamente, esta semana se desató una ola de reacciones en el liderato parlamentario del PNP, pues luego de que Rosselló anunciara mediante un comunicado de prensa que los mismos legisladores radicarían el proyecto de eliminación de la ley por despido injustificado para favorecer la petición de la JCF, fue negado por Thomas Rivera Schatz, presidente del Senado. En su cuenta de Facebook, el líder senatorial afirmó desconocer sobre quién radicaría la pieza, aunque en una conferencia de prensa posterior al mensaje, aclaró que el gobernador “corrigió” la información y “me dio la razón”.
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Mientras, en su discurso, Rosselló aclaró que para las operaciones gubernamentales se destinan $7,015 millones, lo que representa una reducción de un 22 % en comparación con el último presupuesto del gobierno de Alejandro García Padilla. Para el primer ejecutivo, esto es actuar con “mayor responsabilidad fiscal”.
En las asignaciones presupuestarias se contempla el pago a las pensiones de los retirados sin reducción alguna, al menos para este año fiscal. Para el próximo, no obstante, aún no hay un acuerdo entre Rosselló y la JCF, lo que abre paso a un recorte de un 10 % a las pensiones de aquellos que generen, aproximadamente, más de $1,000 mensuales, al sumar el dinero del seguro social.
El documento que someterá el gobernador, de acuerdo con sus propias palabras, incluye dinero para medidas como el aumento salarial de $1,500 al año para maestros y policías, y la reforma de salud, que elimina las regiones para los asegurados del Gobierno.
Otros aspectos que se conocían y que fueron resaltados por el primer ejecutivo en la actividad —que duró unos 35 minutos—, son la reforma educativa, la energética y la contributiva.
Y aunque no fue específico sobre el asunto, el ejecutivo dijo que usarán durante este nuevo año fiscal dinero para “estar preparados y enfrentar emergencias ocasionadas por la naturaleza”.
El gobernador, en presencia de su padre Pedro Rosselló, así como de varios jueces asociados del Tribunal Supremo y su esposa Beatriz Rosselló, concluyó su intervención con un llamado a buscar la estadidad, hecho que provocó vítores del público.
Rivera Schatz no se siente presionado
Por su parte, a preguntas de Metro, Rivera Schatz indicó no sentirse presionado por las palabras de Rosselló sobre la derogación de la Ley 80.
“Ninguna presión. Yo lo que tengo es un sentido de responsabilidad con la gente. Yo no trabajo para la Junta. Yo trabajo para los que me eligieron. Y voy a descargar mi responsabilidad atendiendo las responsabilidades de la gente”, soltó.
Mientras, nuevamente, pidió a la JCF los datos que sustentan la necesidad de derogar la Ley 80 para mejorar la economía y aumentar los empleos en la isla.
“La pregunta es: ¿cuál es el gran secreto que justifica la derogación de la Ley 80? ¿Por qué [los miembros de la JCF] no proveen la información?, agregó.
Asimismo, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, acotó que no responde a los “caprichos de nadie”, en referencia a la petición del ente federal, pero le restó capacidad a la Ley 80 para asegurar permanencia en los empleos.
Análisis por Leo Aldridge
Para el abogado y analista político Leo Aldridge, el gobernador Ricardo Rosselló no utilizó su mensaje de presupuesto de ayer para dirigirse al mayor número de personas posibles, sino que solo se concentró en hablarle a la Legislatura.
“El gobernador tenía que atender varias audiencias y se concentró en persuadir a los legisladores, Si el Senado no le da paso a eliminar la Ley 80, se cae el acuerdo con la Junta [de Control Fiscal]”, dijo el también panelista de Jugando pelota dura.
Mientras, agregó: “El presidente del Senado, con sus expresiones, parece que no se persuadió por la presentación del gobernador. Se trazó una raya. Rosselló pretende eliminar la Ley 80 y Rivera Schatz ya dijo que eso no sucederá. La cartelera está anunciada”.
