Con el fin de atender un reclamo de más de 15 años de los miembros de la Policía de Puerto Rico y de los oficiales del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) de un ajuste salarial, la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara que preside el representante Félix Lassalle Toro, conjunto a la Comisión de Hacienda que preside Antonio “Tony” Soto, inició vistas públicas en torno a una medida que crea la “Ley de Ajuste Salarial” mediante la cual se allegaran fondos para ese propósito.
Así lo dispone el Proyecto de la Cámara 1475, de la autoría del representante José Luis Rivera Guerra, que permitirá llegar a acuerdos con agencias y miembros de la policía y corrección sobre el dinero determinado en deuda retroactiva correspondiente al ajuste salarial, al igual que establecer el porcentaje de beneficio de retiro y la edad relacionada a dicho beneficio. Dicha legislación establece además un impuesto de $0.75 centavos al mes por cada número de teléfono celular para sufragar los costos relacionados a esta Ley.
“A ese reclamo se añade la necesidad de atender el retiro. Bajo esas premisas se presenta esta legislación como idea y herramienta para discutir y atender dichos reclamos y necesidades”, expresó Rivera Guerra al defender el proyecto de ley.
Por su parte, el representante Lassalle Toro aseguró que “vamos a darle las vistas necesarias a este proyecto. Tomamos por bueno la línea que traen los deponentes en sus ponencias”.
Mientras que el subsecretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Irving Otero Narváez reconoció que tanto sus empleados como el resto de los servidores públicos del Gobierno han sido duramente afectados por la crisis económica, con el agravante sin precedentes de las consecuencias experimentadas en la historia de la Isla tras el impacto de los huracanes Irma y María.
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“La medida ante la consideración de esta Comisión es loable y pretende hacerle justicia a unos servidores públicos de primer orden. No obstante, es innegable que el proyecto de ley plantea un impacto fiscal que debe ser evaluado”, recomendó a la Comisión Otero Narváez.
De otra parte, la secretaria auxiliar del Departamento de Hacienda, Marilyn Cruz Vargas, reconoció los méritos de la medida y entiende que la Policía y los oficiales de Corrección han demostrado su compromiso con la sociedad al exponer sus vidas y sacrificar tiempo en familia.
“A pesar de que la medida contempla una fuente especifica de repago, la Ley indica que no basta con establecer o crear una nueva fuente de repago particular. Estas asignaciones deben ser ponderadas y analizadas tomando en consideración el Presupuesto recomendado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Plan Fiscal, en el que ya está contemplado medidas para atender los salarios de los policías”, dijo la funcionaria.
La licenciada Sandra Torres López, presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, expuso que sería el consumidor quien tendría un aumento en su factura mensual. “Es por ello, que respetuosamente solicitamos se consideren otras alternativas para hacerle justicia salarial a la Policía y Corrección, sin que ello signifique aumentar el costo de un servicio esencial para la ciudadanía”.
A esos efectos, el representante Lassalle Toro sostuvo que continuará con el proceso de vistas públicas y que próximamente citará a la Policía de Puerto Rico.