El gobernador Ricardo Rosselló tendrá que probarle a los senadores de la mayoría novoprogresista que la derogación de la Ley 80, que protege a los trabajadores de despidos injustificados, redundará en beneficios para la economía y la clase obrera de la isla.
Ese fue el saldo de una reunión llevada a cabo en el Capitolio entre el mandatario y los miembros de la delegación del Partido Nuevo Progresista de ambas cámaras legislativas, luego de que ayer la Fortaleza anunció un acuerdo con la Junta de Control Fiscal (JCF), para mantener inalterados en el plan fiscal del Gobierno los días de vacaciones, enfermedad y el bono de Navidad, a cambio de la eliminación de la legislación.
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“En el caso del Senado, lo vamos a evaluar, vamos a exigir la información, y si nos convence lo apoyamos, pero si no hay datos que sostengan la eliminación de la Ley 80, en mi caso en particular, no tiene paso”, sostuvo el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien abandonó el cónclave primero que todos los legisladores y el gobernador.
Rivera Schatz indicó que será la Fortaleza los proponentes de la medida, no la Asamblea Legislativa, como ayer anunció Rosselló en un comunicado de prensa.
La historia en la Cámara de Representantes, al parecer, será otra. Carlos “Jonhy” Méndez, presidente de dicho cuerpo, reaccionó a la inversa de su homólogo y detalló que tendrán justificarle el “valor” de la Ley 80.
“Anualmente se radican 2,000 casos en los foros administrativos y en los foros judiciales. A penas prosperan 3 % de los casos que se radican”, comentó Méndez.
“Es que me tienen que justificar el valor de la Ley 80. Hay otras leyes protectoras en el foro federal”, agregó.
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Cuando este medio le cuestionó cuáles son esas otras leyes que protegen a los trabajadores del país, el presidente cameral destacó: “la ley para proteger a la mujeres embarazas, a la mujer trabajadora. Hay leyes que protegen en contra del discrimen, por razón de sexo, por razón de muchas otras razones. La ley 80 si la buscas en su origen, el peso de la prueba está en el trabajador. Básicamente le da una presunción de que el patrono actuó correctamente y al final lo que le da es una mesada al trabajador”.
Mientras, Rosselló mencionó que someterá el proyecto y avaló que vaya a vistas públicas. Según su equipo de economistas, eliminar la ley de despido injustificado hará crecer la economía en un .2 %.
Añadió que entiende que no es un acuerdo “perfecto”, pero que la Ley 80 “representa un obstáculo para traer un sin número de compañías”.
