Buscan proteger a personas tatuadas

Un proyecto de ley para repudiar el discrimen en el empleo por llevar tatuajes y aretes provoca diversas posturas

Por Ronald Ávila

En 2015, pleno siglo XXI, Evinette López Flores fue despedida de su empleo por llevar tatuajes y el pelo de un color distinto a lo acostumbrado. Aun cuando en la entrevista su patrono nunca mencionó estar en contra de su imagen, una vez contratada le fue requerido hacer cambios de apariencia que no quiso ejecutar.

La situación fue “un bajón de ingresos” para su familia y, en ocasiones, no tenían “ni para comer”. Ante lo que consideró una injusticia, pues estaban juzgándola por su imagen y no por su intelecto, decidió crear un grupo de apoyo para impulsar legislación a favor de los ciudadanos interesados en tatuajes y piercings, así como otros aspectos estéticos. Hoy, su organización Mi imagen No Me Define es una de las asociaciones que apoya el Proyecto 1063 de la Cámara de Representantes, que busca convertir en política pública el repudio en contra del discrimen de personas con tatuajes o piercings en el empleo público y privado.

De acuerdo con López Flores, unas cien personas le han escrito a través del fanpage de Facebook de la organización para expresarle sus problemas en el empleo. Desde enfermeras, policías y hasta maestros, han sido discriminados en sus áreas de trabajo por tener tinta plasmada en su piel, o aretes en lugares no comunes.

“No se atreven a ir al Tribunal porque no estamos cobijados por la ley, y como no estamos cobijados, es perder el tiempo. En  mi caso, yo fui contratada con mis tatuajes y mi cabello de colores, y una vez dentro, es que no me dejan”, expresó la activista, quien ya se reunió con el representante independentista Denis Márquez, proponente de la medida, para ayudarle a promoverla.

Con la pieza, precisamente, Márquez propone enmendar las leyes laborales de Puerto Rico para establecer la prohibición a un patrono para “suspender, rehusarse a emplear, despedir o de cualquier otra forma perjudicar a una persona en su empleo por tener tatuajes o piercings en su cuerpo”.

La radicación del proyecto, de acuerdo con el representante, es el resultado de su experiencia como exabogado laboral que defendió a muchas personas despedidas por sus tatuajes y pantallas.

1063  – es el proyecto de la Cámara de Representantes sometido por Denis Márquez para prohibir el discrimen en el empleo por razón de tatuajes y piercings

Para Márquez, además, se trata de un asunto de libertad de expresión. “La gente escoge. Es una forma de la persona manifestar su estilo de vida […] No deben ser discriminados en el empleo”, indicó. Asimismo, comentó que, si el marco jurídico en Puerto Rico protege a las personas que marcan su cuerpo por razón de religión, no se debe penalizar a aquellos que los hacen por gusto.

Piden cautela al legislar sobre la imagen

Aun cuando el abogado laboral y profesor Jaime Sanabria Montañez no se posicionó en contra de legislar a favor de las personas con tatuajes y aretes, indicó que es necesario establecer empíricamente si dicha población es discriminada por su imagen. A lo largo de los años, explicó, han sido características, que no pueden ser alteradas, las razones principales para legislar protecciones al trabajador discriminado.

“Los tatuajes a lo mejor caen en la categoría de persecución y marginación de unos grupos, pero, entonces, para pasar el proyecto de ley tienes que demostrar empíricamente cómo estas personas han sido marginadas o perseguidas”. Esto, destacó el letrado, no está contenido en la pieza presentada por Márquez.

De acuerdo con el profesor de la Universidad de Puerto Rico, en toda su carrera solo ha atendido un caso de discrimen en el empleo por razón de piercings. Es algo poco común en los tribunales, y que hoy en día cuenta con una mayor aceptación por parte de muchos patronos.

El abogado también recordó que los tribunales han reconocido la capacidad de los empleadores de establecer la imagen de sus empresas, algo que se relaciona con la apariencia de los trabajadores. Como ejemplo, propuso los negocios que requieren a sus empleadas usar maquillaje, asunto que, aunque ha sido debatido en las cortes por considerarse discrimen por razón de género, no prosperó.

Sanabria Montañez también recordó que la libertad de expresión es un derecho constitucional que los ciudadanos solo pueden reclamar ante el Estado, no así a un patrono.

“Yo no puedo decirle a un patrono: ‘Patrono, yo puedo decirte a ti lo que quiera, o puedo hacer lo que quiera en tu negocio’”, acotó.

Mientras, expuso que la medida de Márquez tampoco especifica qué sucedería con personas que llevan tatuajes que se consideran ofensivos, como el símbolo Nazi y del Ku Klux Klan, aun cuando, por ley, el patrono debe propiciar que no haya un ambiente hostil en el lugar de trabajo.

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