Tras una reunión entre el gobernador Ricardo Rosselló y miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF), el ente federal desistió de eliminar el bono navideño para trabajadores del sector público y privado, y de reducir los días de vacaciones y enfermedad para los empleados del sector privado.
De acuerdo con un comunicado de prensa, el cónclave —en el que también estuvieron presentes líderes legislativos— asegurará además la puesta en vigor de un Nuevo Modelo Contributivo que promete reducir las tasas contributivas a los trabajadores, establecerá un crédito por trabajo, reducirá al mismo tiempo el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) de los alimentos preparados, y eliminará el impuesto Business to Business (B2B).
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“Hemos llegado a un entendido que, aunque no cumple con todo lo que considero debe estar pactado, evita un golpe irreversible a los sectores más vulnerables con los que mi administración está comprometida. Con sus defectos y sus virtudes, este entendido facilita que podamos salir adelante. Les pido su confianza. Ahora, junto a un agresivo plan de desarrollo económico y creación de empleos, vamos a sacar a Puerto Rico de esta etapa tan dura que hemos vivido. Este Nuevo Plan Fiscal no es perfecto, pero ofrece resultados concretos en beneficios para nuestra gente, y nos permite entrar a las próximas fases con más certeza y menos conflicto. Estoy convencido de que este es el camino a seguir y le pido al Pueblo que caminemos juntos esta ruta de progreso que nos espera”, sentenció el primer ejecutivo.
Además, acordaron que se establecerá un fondo ayuda municipal de $50 millones anuales y un fondo para la Universidad de Puerto Rico (UPR) de $25 millones anuales para becas. Los municipios además tendrán garantizado el fondo de $78 millones aprobado para este año.
También, el Gobierno podrá asignar hasta $40 millones anuales adicionales para becas para estudiantes de la UPR utilizando pruebas de necesidad.
Estos fondos adicionales que se asignen a la UPR bajo esta subsección reducen dólar por dólar la cantidad que el Gobierno gasta en implementación de reformas e iniciativas de desarrollo económico –que actualmente totalizan $345 millones– o pueden surgir de los ahorros de reducciones (rightsizing) de la Judicatura que en la actualidad totalizan $80 millones.
Al mismo tiempo, se da paso a reinversiones específicas en el área de educación para salarios del magisterio y libros de texto nuevos para el estudiantado.
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El Gobierno podrá además invertir hasta un total de $345 millones en la implementación de reformas e iniciativas de desarrollo económico como: la reforma digital (CIO/PRITS), compras (Office of CFO), facilidad para hacer negocios (DDEC), CRRO, P3, y proyectos de infraestructura.
Asimismo, se dejará sin efecto los recortes al presupuesto de la Oficina de Asuntos Federales, la Oficina de la comisionada residente y la Legislatura. Mientras, los recortes a la Judicatura se reducirán a la mitad.
Se establece que, para incentivar el incremento de la fuerza laboral, los participantes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) que estén en condición apta y entre las edades de 18 a 59 años deberán estar sujetos a un requisito de empleo que será efectivo cuando el individuo reciba los beneficios por tres meses.
El requisito de empleo podrá satisfacerse con 80 horas mensuales de trabajo con paga, trabajo voluntario y/o entrenamiento o educación cualificada. La única excepción al requisito de empleo será para aquellos que no alcancen la edad de 18 años, que excedan la edad de 60, que tengan dependientes menores de 18 años o aquellos que sean certificados por un médico como no aptos para empleo.
Por último, la Legislatura presentará un proyecto para derogar la Ley 80 del 30 de mayo de 1976 –Ley sobre despidos injustificados– en o antes del 27 de junio de 2018 y será efectivo en o antes del 1 de enero de 2019. Este tipo de estatuto no está vigente en 49 estados de los Estados Unidos y solo el estado de Montana tiene una ley similar que es menos restrictiva que la local en Puerto Rico.
Con este cambio se asegura que no se afecten a cientos de miles de trabajadores con la eliminación del Bono de Navidad y la reducción de días de enfermedad y vacaciones.
El Plan Fiscal modificado asegura que no se afecte ninguna otra ley o reglamento que proteja al trabajador.
“Nuestro compromiso es seguir siendo fiscalmente responsables, pero protegiendo a nuestra población más vulnerable como nuestros pensionados. Antes se pagaban las pensiones de los sistemas de retiro y ahora las tenemos que pagar del Fondo General. El acuerdo permite que destinemos en nuestro próximo presupuesto el 100% de las pensiones y asegurar su pago completo seguirá siendo nuestra política pública. En poco más de un año, hemos reducido cerca de 22 por ciento de los gastos operacionales del Gobierno para poder asumir esta y otras responsabilidades”, sostuvo el primer mandatario.
Rosselló Nevares agregó que espera que con el presupuesto presentado y el Nuevo Plan Fiscal se acabe la incertidumbre y se eviten litigios costosos para el Pueblo y la recuperación económica de la Isla.
“En el 2017, nos opusimos con éxito al despido de empleados públicos, a penalizar a cientos de miles de beneficiarios del plan de salud del Gobierno, y a la reducción de la jornada laboral y el salario de los empleados públicos de hasta 20 por ciento porque sabemos el efecto devastador para nuestro Pueblo y la economía. Seguimos buscando alternativas para tener un Gobierno más ágil y menos costoso que cumpla con la eficiencia fiscal necesaria sin afectar a los más vulnerables, en el día de hoy aseguramos un paso firme en esa dirección”, sostuvo el gobernador.
