Algunos países de América Latina han tenido que reducir la cantidad de escuelas ante la carencia de fondos para mantener planteles en medio de sus distintas crisis económicas.
Sin embargo, algunos de ellos han desarrollado alternativas para contrarrestar la consolidación y, aún así, lograr sistemas públicos más democráticos, costoefectivos, que garanticen los servicios y que respondan a las necesidades de las comunidades.
Según Ángel Villarini Jusino, experto internacional en educación, República Dominicana, Venezuela y Colombia son algunos de los Gobiernos que han puesto en práctica tres alternativas para descartar el cierre de escuelas como opción para lograr ahorros.
La primera alternativa es consultar a la propia comunidad, y que se le haga transparente y claro por qué hay que cerrar planteles y “que sea la comunidad la que aporte alternativas”. A raíz de esta opción adoptada en otros países, usualmente, la comunidad y las autoridades locales se hacen cargo de la escuela. De hecho, empresas privadas se convierten en patrocinadoras de las escuelas, aunque esta siga siendo administrada por el Departamento.
“Las tres formas que se han intentado en otros países, aquí en Puerto Rico en una escala mucho más pequeña se han hecho” – Ángel Villarini Jusino, profesor de Educación
Otra apuesta es que los Ministerios de Educación de algunos países mantienen la escuela dentro del sistema público, pero “para corregir deficiencias que esa escuela pueda tener en términos administrativos, fiscales, en resultados de pruebas nacionales, entonces, el dinero que se le hubiera dado a una compañía privada, se contrata a grupos de universidades, no que van a administrar la escuela, porque seguiría administrada por el Departamento de Educación, sino que se ocupen de proveer un asesoramiento en las fallas”.
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La municipalización de las escuelas también surge como opción. “Eso puede implicar dos variantes: una en que la escuela pasa al municipio, como sucede con ciertas escuelas especializadas, o puede implicar que el municipio se haga cargo de algunos aspectos de las escuelas, pero estas sigan bajo la administración en términos académicos del Departamento”, explicó el profesor de Pedagogía.
“Las tres formas que se han intentado en otros países, aquí en Puerto Rico, en una escala mucho más pequeña, se han hecho. El problema fue que se toma esta decisión sin que se hubieran considerado diferentes opciones y ni siquiera se hayan visto las opciones que ya hay en pequeña escala en el país, y que se hubieran podido generalizado”, expresó Villarini Jusino en entrevista con Metro.
El Departamento de Educación (DE) en Puerto Rico ha señalado que el cierre de 266 planteles responde al plan fiscal que establece un recorte millonario en la agencia. A esto se suma el hecho de que la matrícula se ha reducido en más de 50 mil estudiantes en los años recientes, lo que ha provocado que haya un bajo porcentaje de utilización de los planteles.
“Hay países en que el uso de los recursos son limitados y hace que no se justifique que haya escuelas con una matrícula baja. En cierto sentido es lo mismo que pasa en Puerto Rico, y la tendencia en esos países han sido estas opciones”, planteó el catedrático de Educación.
Proceso de cierre de escuelas en los estados
El DE contó con un proceso para desarrollar el nuevo sistema de escuelas, en el que se incluye la consolidación. Según presentaciones que la secretaria Julia Keleher hizo a la prensa, en el proceso de evaluación se incluiría un análisis del sistema, se establecerían los criterios, reuniones de la secretaría asociada, de las Montessori y la secretaría de Educación Ocupacional y Técnica, entre otros. Además, se realizaron mesas de trabajo con el personal del DE y se visitarían las escuelas consideradas para la consolidación y receptoras. Sin embargo, algunos maestros y directores de escuelas que figuran para la lista de cierre han asegurado en entrevistas previas con Metro que el personal de la agencia nunca visitó las escuelas previo al anuncio. Luego del anuncio de cierre, continuarían mesas de trabajo, análisis de resultados y presentaciones a legisladores y alcaldes.
Algunos estados en Estados Unidos han elaborado un proceso similar para concretar el cierre de escuelas. No obstante, incluyen, además, audiencias públicas y consultas a las comunidades. Tal es el caso de North Carolina y California, donde han desarrollado guías sobre el proceso de cierre de planteles. En el caso de North Carolina, se establece un proceso particular para evaluar las instalaciones, la capacidad de las escuelas, organizar el sistema escolar, buscar alternativas ante los costos de operación, así como un plan para buscar un uso a las estructuras que cerrarán.
Mientras, en California se establece un comité de evaluación que debe acudir a evaluar las escuelas a cerrarse y las receptoras, ilustrar las razones para el cierre y realizar reuniones para buscar opciones con las comunidades.