El vicepresidente de Operaciones la empresa GILA, Luis Alberto Sánchez, indicó hoy que la compañía esta dispuesta a colaborar ante el referido a Justicia por parte de un senador y una investigación en curso del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) por supuestas irregularidades en su gestión.
Sánchez dijo que la empresa tiene la “disposición absoluta de seguir colaborando con la solicitud de información e investigaciones de las comisiones de transportación tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, así como cualquier dependencia pública, con la anuencia de nuestros clientes, que son la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y Metropistas.
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El ejecutivo aseguró, en torno a la polémica por los costos y las multas, que la firma no establece la “política pública”.
Por tanto, aseguró que “los costos, multas y cargos son establecidos por nuestros clientes y por la ley vigente”.
Detalló, además, que GILA “no genera ingreso alguno por el cobro de las multas de tránsito. El dinero recolectado tanto de peajes como de multas se depositan en su totalidad a favor de nuestros clientes. GILA cobra un precio fijo por transacción realizada a favor de nuestros clientes y establecida por contrato. GILA no tiene un incentivo monetario en fijar multas. El procesamiento de multas le genera un gasto operacional a GILA en personal, correo, costos adicionales, entre otros”.
A su vez, adelantó que “desde el comienzo, hemos operado el sistema que tenía la Autoridad de Carreteras, según se nos fue requerido contractualmente, y estamos en estado avanzado para implementar un sistema nuevo, según los términos del contrato”.
Sánchez dio a conocer además que “el 98.4% de todos los conductores que usan el sistema de AutoExpreso mantienen sus cuentas al día. Para proveer un ejemplo típico de las operaciones de AutoExpreso en Puerto Rico presentamos los datos relacionados a multas para este pasado mes de abril de 2018: en abril 2018 se emitieron 414,029 multas de un tráfico total 26,219,345 para ese mes. Esto representa el 1.6% del tráfico total mensual que incurrió en multas, el restante 98.4% fueron usuarios que mantienen sus cuentas con balance suficiente para todas sus obligaciones de peajes”.
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GILA opera los peajes de la Autoridad de Carreteras (PR-52, PR-20, PR-53 y PR-66), el del puente Teodoro Moscoso “y procesa además las transacciones de Metropistas que son operadas por ellos (PR-22 y PR-5), junto con las transacciones del peaje del municipio de Guaynabo, operada por ellos”, manifestó el portavoz de la empresa.
Sobre el caso de GILA, el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Miguel Laureano, dio a conocer hoy que refirió al Departamento de Justicia a la empresa Gila, que administra el sistema de AutoExpreso para el cobro de peajes bajo la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y Metropistas.
Laureano dijo que refirió a la compañía que fue contratada en 2015 por incumplimiento de contrato y malversación de fondos públicos.
“La compañía Gila enfrenta graves problemas técnicos al aplicar multas contra la ley. Por ejemplo, a vehículos que no han sido movidos por estaciones de peaje”, afirmó, y agregó que los problemas se acentuaron tras el paso del huracán María.
El legislador consignó que desde enero pasado se han procesado 1.6 millones de multas, el equivalente a 13,000 diarias, lo que según el senador “son más de 80 millones en multas para el bolsillo de los puertorriqueños y muchas no han sido aclaradas”.
Mientras, el secretario del DTOP, Carlos Contreras Aponte, informó también hoy que la agencia está llevando a cabo una investigación “exhaustiva” sobre las ejecutorias de la compañía GILA, que administra el sistema de AutoExpreso para el cobro de peajes bajo la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y Metropistas.
Contreras Aponte reconoció que desde que GILA entró en funciones, tras ser contratada en 2015, han aumentado las quejas por errores en el AutoExpreso, las multas adjudicadas incorrectamente a miles de conductores y las deficiencias del sistema para atender los reclamos.
“Desde que asumimos la dirección del DTOP y la ACT, hemos tomado múltiples medidas para procurar que GILA cumpla a cabalidad con las funciones para las que se le contrató, mejore los sistemas y tome las medidas correctivas para evitar que los conductores reciban multas que no les corresponden. Actualmente, hay varios auditores nuestros en las oficinas de GILA conduciendo la investigación que hemos ordenado y cuyos resultados determinarán si se le cancela o no el contrato, que vence en el 2019,” explicó.
Aseguró que “aunque para la cancelación del contrato de GILA se requiere que haya consenso entre Metropistas y la Autoridad de Carreteras, confío en que una vez concluida la investigación, si esa fuera nuestra determinación, no tendremos problemas en lograrlo. Por lo menos a este servidor no le temblará la mano”.
Contreras Aponte afirmó que “mientras se realizan las auditorías pertinentes dentro de la investigación que ordenamos sobre GILA, he solicitado que se vaya preparando el proceso de Solicitud de Propuesta (Request for Proposal), para que el proceso de conseguir a una compañía sustituta esté debidamente adelantado”.
