Un informe reveló que la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) falló en remitir a la Oficina del Contralor informes mensuales del registro de puestos e información financiera.
Según el informe de Auditoría DA-18-17, la OEG falló en remitir 35 informes del Registro de Puestos de las tres ramas del Gobierno desde febrero de 2015 a diciembre de 2017, que supone contenga los cambios que ocurren mensualmente con los puestos en todas las agencias y corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva que reciben fondos del Presupuesto General.
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Una situación similar, se había comentado en el Informe de Auditoría DA-15-40 de 2015.
Para la directora de la OEG, Zulma Rosario, “es evidente que la OEG está excluida de la aplicación del Artículo 14 sobre el Registro de Puestos que mantiene la Oficina del Contralor”.
Además, la auditoría de dos hallazgos reveló que la OEG tampoco entregó la información financiera de los años fiscales 2015 y 2016 a la Oficina del Contralor, según requerido por la Ley 273-2003 de Normas Contractuales sobre Independencia en las Auditorías de Entidades Gubernamentales y por la Carta Circular OC-15-21, privando a la Contraloría de contar con información relevante sobre las operaciones de la entidad.
Esta situación privó a la Oficina del Contralor, al Gobierno y a la ciudadanía de tener disponible y accesible la información sobre el gasto de nómina y los puestos de la OEG en el Registro de Puestos, según requerido por ley. Además, propició la falta de transparencia y de confianza sobre los puestos existentes en dicha entidad.
Ante esto, Rosario expresó que “esta situación fue atendida durante el proceso de auditoría. La OEG entrega sus estados financieros a la OCPR en cada auditoría, y, además, estos se publican siempre en nuestro portal electrónico, www.eticapr.com Es decir, los estados financieros siempre han estado disponibles en todo momento”.
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Sin embargo, el informe puntualizó que “el tener los estados financieros en su página en Internet o entregárselos a nuestros auditores como parte de la auditoría, no constituye que se cumpla con la Ley 273-2003. El Artículo 5 de esta Ley establece que es obligación del funcionario principal de la entidad auditada remitir los estados financieros auditados a la OCPR. Esta Ley no establece excepciones o vías alternas para su cumplimiento”.
La auditoría, que cubrió del 1 de febrero de 2015 al 31 de diciembre de 2017, se realizó siguiendo el cumplimiento de las operaciones fiscales de la para determinar si se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
