Hubiese sido muy “oneroso” que funcionarios de la jerarquía de Héctor Pesquera, secretario de Seguridad Pública y Henry Escalera, Comisionado de la Policía de Puerto Rico, abandonaran sus funciones en el Gobierno para asistir a la vista evidenciaria convocada por el juez Antony Cuevas, para dilucidar la demanda del periódico Metro, después de que uno de sus periodistas fue golpeado por un uniformado durante las protestas del Primero de Mayo.
Así lo establece una moción de auxilio radicada por los abogados de los funcionarios ante el Tribunal Apelativo horas antes de la vista convocada para la mañana de hoy, en la que argumentan que administradores “de menor jerarquía” estaban disponibles para brindar la información requerida por el magistrado.
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“…la información interesada puede conseguirse por medios menos onerosos, como lo sería la comparecencia de otros funcionarios de menor jerarquía de la agencia”, indica el documento solicitado por este diario a la Oficina de la Administración de Tribunales, porque el abogado del Gobierno, Iván Ramírez, se negó a brindarnos la información durante la vista en el Tribunal.
El recurso legal agrega que la orden del juez Cuevas significaría un “atentado” contra la estabilidad del Estado.
“En ese sentido, dicha orden constituye un claro abuso de discreción que, a su vez, representa un atentado contra la estabilidad y el buen manejo de los asuntos del Gobierno, en la medida en que provoca que funcionarios a cargo de llevar las riendas de la agencia tengan que abandonar todas las demás gestiones que realizan para asistir a atender un asunto sobre el cual, reiteramos, no se ha establecido la necesidad y relevancia de su presencia en específico”, cita.
Quienes estuvieron presentes en representación de Pesquera fueron el coronel José Ramírez Ramos, comisionado auxiliar de Responsabilidad Profesional y Luis Cordero, comandante de la zona de San Juan.
En la vista, la Policía de Puerto Rico y el periódico Metro acordaron reunirse este jueves con la intención de identificar protocolos o adiestramientos para que los agentes del orden público no agredan a periodistas durante protestas.
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El juez Cuevas fue quien recomendó las “conversaciones de buena fe” porque entendió que los procesos judiciales podrían demorar, y hay indicios de que las manifestaciones continuarán en los próximos días, tal y como ha sido anunciado por distintos grupos ciudadanos.
A pesar de la reunión, el Tribunal continuará con jurisdicción sobre el caso, para mediar o finalmente tomar una decisión ante cualquier desacuerdo.
“Tenemos dos opciones, o se resuelve mediante el Tribunal emitir una sentencia para que llegue al Apelativo y luego sabrá Dios cuándo llega al Supremo, o todos actuamos de buena fe, nos reunimos, nos sentamos, vemos los puntos y se crean las bases para que se pueda hacer esta orden administrativa o el protocolo”, opinó el magistrado en sala.
En la reunión del jueves, según el acuerdo, estarán presentes Metro, representantes de la Policía y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, quienes se unieron a la demanda. Aunque el juez recomendó que más adelante se unan miembros de otros medios, el abogado de la Policía presentó reparos porque a su entender “son muchos”.
No renuncian a sus posturas
Aun cuando se gestionó un encuentro para el jueves, ninguna de las partes renunció a su posición y guardaron el derecho a proceder con el trámite en los Tribunales, de no llegar a un acuerdo.
Por parte del periódico, se solicitó la creación del protocolo a la Uniformada, porque entiende que el temor de un reportero a ser agredido por un policía durante una protesta podría provocar un efecto de enfriamiento, que redunde en una autocensura mientras esté trabajando en una cobertura.
“Se atropellaron los derechos de los periodistas. Hay un temor grande [por parte dela prensa] y hay un efecto de enfriamiento porque temen por su seguridad, porque no hay garantías de que la Policía va a respetar sus derechos civiles y la libertad de prensa y que puedan llevar el libre ejercicio de la democracia. Quien viene llamado a dar seguridad es la Policía, y no lo está haciendo, así que lo único que nos queda es el Tribunal”, afirmó el abogado demandante Manuel Sánchez.
Mientras, Gerardo De Jesús, también letrado de Metro, indicó que la petición del medio de comunicación se fundamenta en el derecho a la libertad de prensa contemplado en la Constitución de la isla.
“Quien impone aquí lo que hay que hacer es la Constitución de Puerto Rico. La Constitución exige que se establezca un protocolo para permitir, bajo el debido proceso de Ley, que se pueda ejercer la libertad de prensa. Es una exigencia de la Constitución de Puerto Rico reglamentar las fuerzas de seguridad”, expresó.
De establecerse el protocolo, agregó Sánchez, este no puede ser restrictivo al ejercicio democrático de los periodistas a reportar.
Por su parte, Ramírez, en representación del Estado, presentó una moción de desestimación porque entiende que el interdicto preliminar no procede, dado a que el periodista agredido tiene los recursos de querellas administrativas y criminales para adelantar sus reclamos. No obstante, este recurso no fue atendido por el juez, dado a que se concretó la reunión del jueves.
Ante el argumento del abogo del Estado, la Asociación de Periodistas levantó bandera, porque no solo fue un periodista de Metro el afectado en la manifestación, sino muchos más.
José Sagardía, en representación de la organización, leyó parte de los testimonios de reporteros afectados, quienes quedaron atrapados entre agentes del orden público y los ciudadanos. “Fue el pueblo quien se afectó”, dijo el abogado de la entidad, porque es quien ordena a través de la Constitución el ejercicio de una prensa libre.
El juez también presentó reparos a la sugerencia del abogado del Gobierno y acotó: “¿Cuántas querellas serían necesarias para que se haga algo?”.
Asimismo, Ramírez informó que la Policía actualmente investiga el golpe al periodista de Metro, luego de una carta cursada por el medio de comunicación. Empero, no ofreció detalles sobre la pesquisa, porque los “desconoce”.
En la actualidad, según quedó evidenciado por el mismo abogado de la Policía, no existe ningún estatuto específico referente al tratamiento de la prensa por parte de la Uniformada. Más aun, en medio de la vista Ramírez indicó desconocer si debería referirse al documento como un protocolo o una orden administrativa. Pero, según dijo al salir de sala, la unificación de toda la reglamentación de la Uniformada, “probablemente”, “cubren la situación”.
“Vamos a someter las diferentes órdenes administrativas y protocolos que existen y probablemente cumplan […] Si se miran en conjunto cubren la situación”, indicó Ramírez.
Cuando la prensa cuestionó qué mención hacen dichos documentos sobre el trato de uniformados a periodistas, soltó: “Tiene que mirarlos individualmente. Uso del roten, manifestaciones obrero patronales, uso de la fuerza, del taser. Y las disposiciones específicas”.
