El senador Carlos Rodríguez Mateo, del Partido Nuevo Progresista (PNP), presentó la resolución 344 con la finalidad de que se mejoren las condiciones de los servicios de salud en las cárceles de Puerto Rico.
El político aseguró estar “cansado de escuchar las mismas quejas de los confinados cada vez que visito un complejo correccional, y de las constantes excusas que da el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Erik Rolón Suárez”.
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La resolución ordena a la Comisión de Seguridad Pública realizar una investigación exhaustiva sobre la administración y el funcionamiento del Programa de Salud Correccional, adscrito al Departamento de Corrección y Rehabilitación, y su cumplimiento con las disposiciones en el caso Morales Feliciano vs Romero Barceló”.
La medida, también firmada por la senadora y exsecretaria de Corrección Zoé Laboy Alvarado y el senador independiente José Vargas Vidot, ya comenzó a tomar vida en vistas públicas.
“Honestamente, me llama mucho la atención la enorme cantidad de dinero que supuestamente se invierte en la salud de nuestros confinados… Los servicios de salud no sólo deben ser accesibles a estos, sino que también tienen que ser de calidad, efectivos y, sobre todas las cosas, eficientes”, hizo hincapié el también presidente de la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales.
Puntualizó que tiene “serias dudas en cuanto a si los servicios que recibe la población correccional en Puerto Rico son de calidad. Asimismo, tengo mis serias dudas en cuanto a si la millonaria inversión que hace el gobierno en este programa es eficiente y efectiva”.
Para mayo del año pasado, el Centro de Ingreso, Clasificación y Diagnóstico de Ponce seleccionó a Rodríguez Mateo como portavoz para informarle al gobierno las problemáticas existentes en el lugar y para buscarle, de alguna manera, las posibles soluciones.
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En ese momento, el legislador del PNP se reunió allí con Irving Torres Meléndez, portavoz del grupo “Los 27” a nivel de toda la isla, con Chester Edwin Bernard, líder del mismo grupo, con personal del DCR y con representación de dicha institución carcelaria, ubicada en Las Cucharas, en Ponce, y que para ese momento contaba con 539 reclusos.
Torres Meléndez, de 36 años y quien estaba sumariado, pidió al senador por el distrito de Guayama que el gobierno le prestara mucho más atención al proceso de traslado a otras instituciones, pues lo consideraba muy lento y sumamente burocrático.
Del mismo modo, trajo a colación el hecho de que en la instalación ponceña no había servicio alguno que ayudara a la población a rehabilitarse y a acumular bonificaciones. Es resumen, hablaba de escuela, talleres de manualidades, ajuste institucional, terapias y actividades deportivas, entre muchos otros.
“Aquí no hay ni siquiera servicios de psicólogos o de psiquiatras que escuchen a algún preso en algún momento de gran necesidad”, manifestó en aquella ocasión el portavoz de “Los 27”, quien subrayó que “la salud mental, al igual que la física, juega un papel muy importante en la vida de la población que represento”.
Por su parte, Chester Edwin Bernard, de 22 años y quien se encontraba en custodia máxima, hizo hincapié en la importancia de lo antes mencionado, pues allí se habían registrado unos siete suicidios en un período muy corto.
“Estoy convencido de que el reclamo inicial que hizo la población correccional ante el Tribunal Federal, hace muchos años, aún se mantiene vivo en cada una de las instituciones penales que yo visito regularmente… La realidad es que los servicios de salud que recibe la población correccional es deficiente”, puntualizó.
El además médico y salubrista sostuvo que “cada vez que visito una institución, lo primero que me dicen los confinados es que los servicios de salud son pésimos… De igual forma, he notado que los confinados tampoco tienen servicios de recreación en las cárceles… Desde hace un año y cinco meses, tiempo que llevo como legislador, el reclamo es el mismo en Las Cucharas”.
“Y cada vez que hablo con el secretario del DCR siempre tiene la misma excusa… Nuestros confinados merecen ya unos mejores servicios de salud, de educación y de rehabilitación verdadera… Aquí hay un problema bien serio, de entrada de drogas a las instituciones que afortunadamente ha disminuido con esta administración…”, señaló.
Concluyó que “los confinados merecen una mejor calidad de vida… Yo, como senador y como representante de 15 municipios, creo ciegamente en la rehabilitación. Tanto es así que, a lo largo de los ocho años que estuve como alcalde de Salinas, empleé a confinados. De hecho, en la primera etapa le di trabajo a 12 y terminé con 60, quienes, en la actualidad, son hombres que contribuyen al país”. INS
