La comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos, respaldó, tramitó y nominó en conjunto con el gobernador Ricardo Roselló el nombramiento del exjuez Rafael Ramos Sáenz, aseguró hoy el comisionado electoral del PPD, Miguel A. Ríos Torres, quien solicitó al primer ejecutivo la destitución de la comisionada Burgos.
“Si no lo hace, el gobernador se convierte en cómplice de uno de los escándalos más grandes que ha tenido este gobierno”, manifestó Ríos Torres, quien fue miembro de la junta de gobierno del sistema de emergencias 9-1-1, que tení funciones operacionales, y director de la Agencia para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Aemead).
Alegó que ambos funcionarios “indujeron a error a los comisionados electorales y al pueblo de Puerto Rico, ya que impulsaron el nombramiento de un juez como presidente de la CEE a sabiendas de que estaba comprometida su imparcialidad y estaba involucrado ante hechos ilegales con las personas más cercanas a la campaña del hoy gobernador de Puerto Rico”, afirmó.
Burgos respaldó hacia el nombramiento de Ramos Sáenz.
El pasado 22 de enero, ella expresó por escrito en un comunicado que “con el nombramiento del juez Ramos Sáenz colocamos a la CEE un profesional con la preparación en el campo del derecho electoral y con la práctica al haber presidido como juez municipal varias Juntas de Inscripción Permanente, en el área Oeste de Puerto Rico”.
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“Ante el conocimiento de la comisionada Burgos sobre el escándalo electoral del chat de WhatsApp, se evidencia que: 1) Itza García, creadora del chat, era contratista de su oficina desde el 22 de julio hasta el 31 de diciembre de 2016 , con un suelo de $18 mil; 2) del propio chat se desprende que William Villafañe instruye al Ramos Sáenz para que consulte decisiones electorales a la Comisionada Norma Burgos; y 3) en su cita con justicia Burgos aceptó que es normal que los jueces consulten controversias electorales, con el equipo electoral del entonces candidato a la gobernación Ricardo Roselló. Esto en violación a la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, los Cánones de Ética Judicial, el código penal y la ley electoral de Puerto Rico”, opinó el funcionario del PPD.
Ríos Torres expresó que hay “una conspiración para poder defraudar el sistema democrático de Puerto Rico. En momentos en que la credibilidad de funcionarios allegados al Gobernador está siendo lacerada, debería éste poner en práctica el código anticorrupción que creó política pública que convirtió en Ley el gobierno actual. El pueblo tiene el derecho a conocer la verdad”.