Aun cuando el Departamento de Justicia determinó, luego de una pesquisa, que cinco funcionarios de la administración del gobernador Ricardo Rosselló pudieron haber cometido delitos por participar de un chat de WhatsApp político partidista con el exjuez Rafael Ramos, solo se recomendó la designación de un fiscal especial independiente para este último, porque todos comparten un mismo “núcleo” de hechos, que permite que sean investigados y acusados en conjunto.
Así lo explicó ayer a Metro el exsecretario del Departamento de Justicia, Luis Sánchez Betances, quien agregó que, aunque los implicados cometieron los supuestos hechos antes de ser funcionarios públicos, la Oficina del Panel sobre Fiscal Especial Independiente (OPFEI) tiene jurisdicción sobre “individuos privados, que ayudaron y conspiraron, que son cómplices, coautores o gestores del delito”.
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El anuncio hecho ayer por la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, provocó la renuncia de tres de los involucrados: William Villafañe, exsecretario de la gobernación; Itza García, secretaria asociada de la gobernación; y Waleska Maldonado, jefa de la Administración para el Sustento de Menores. La dimisión de Villafañe, según indicó el primer mandatario en una rueda de prensa, fue voluntaria, una vez advino en conocimiento del informe que sometió el ministerio público al OPFEI. Mientras, los demás empleados dejaron su cargo por petición del gobernador.
Al cierre de esta edición, se desconocía sobre las renuncias de los otros dos participantes, Yoniel Arroyo, subadministrador de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, y Yesenia Díaz, directora de Transformación y Eficiencia de la Oficina del Secretario de la Gobernación.
La OPFEI está compuesto por un panel de exjueces que designa fiscales para investigar criminalmente a funcionarios públicos. La decisión del grupo que hoy está constituido por cuatro personas (que incluye a un miembro alterno), no tiene un término de tiempo definido por ley, pero “suele ser rápido”. Una vez nombrados, estos pueden recomendar al panel la elección de fiscales por separado para cada posible acusado, detalló Sánchez Betances.
En cuanto al proceso de investigación, el exsecretario explicó que, una vez nombrados los fiscales, tienen 90 días para realizar la pesquisa. Si necesitaran alargar su trabajo, deberán consultarlo con el panel del OPFEI.
¿Qué contiene el informe?
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El exjuez Ramos, de acuerdo con el Departamento de Justicia, pudo haber cometido los delitos de enriquecimiento ilícito, aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos, influencia indebida en la adjudicación y malversación de fondos públicos. El documento, que no se publicará para evitar interrumpir los procedimientos del OPFEI, detalla que —posiblemente— el también expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones violó el Código Electoral y falló a los Cánones de Ética Judicial, dispuestos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Y es que, el 26 de octubre, mientras Ramos fungía como juez municipal de Moca y presidente de la Comisión Electoral Local del mismo pueblo, compartió información en el chat #TeamP3R- coffee break de WhatsApp, sobre su decisión tras una controversia relacionada con el voto adelantado de personas encamadas, durante las elecciones de 2016.
De la misma forma, Ramos fue parte del chat Estructura Gerencial, que incluía a los miembros del Partido Nuevo Progresista encargados de crear el Plan para Puerto Rico, plataforma de campaña de Rosselló.
Los demás funcionarios incluidos en el informe deben ser investigados, de acuerdo con Justicia, por una posible “influencia indebida”, así como por incumplir las disposiciones del Código Electoral, luego de su activa participación e interacción con el exjuez en los chats.
A su vez, contra García existe causa suficiente para entender que incurrió en perjurio. Además, Vázquez reveló que la exsecretaria asociada trató de intimidarla durante la investigación, hecho que también fue referido al OPFEI y a las autoridades federales.
La pesquisa estuvo a cargo de la directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, Mibari Rivera Sanfiorenzo, y de la fiscal Yanira Liceaga Sánchez.
Por otro lado, además de las investigaciones en el ámbito local, las autoridades federales se encuentran investigando este asunto, así lo confirmó el senador Aníbal José Torres, quien en el programa Jugando pelota dura certificó que fue entrevistado por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés).
