Renuncias en Fortaleza por informe de Justicia

La participación en el polémico chat de WhatsApp le costó ayer el cargo que ostentaban en el Gobierno al menos a cinco funcionarios

Por Lyanne Meléndez García

El secretario de la Gobernación, William Villafañe, la secretaria asociada de la Gobernación, Itza García y la administradora de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), Waleska Maldonado Claudio, fueron los funcionarios que ayer consumaron su renuncia ante la publicación del informe del Departamento de Justicia sobre los grupos de chat en la aplicación de WhatsApp a los que estos pertenecían durante la pasada campana electoral, junto al ahora exjuez Rafael Ramos Sáenz.

El primer ejecutivo narró que se enteró de los detalles del informe poco antes de la conferencia de prensa del Departamento de Justicia, en la que se informó de una recomendación  a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial independiente (OPFEI) para investigar a Ramos Sáenz y la investigación de posibles delitos contra los funcionarios involucrados.

Villafañe presentó su renuncia al enterarse de las recomendaciones presentadas ayer por el Departamento. 

“Una vez, y de manera inmediata, cuando está pasando el proceso, el secretario de la Gobernación viene a mi oficina y, sin terminar esta conferencia de prensa, me ofrece la carta de renuncia. William es un gran ser humano y es una persona que ha dado mucho por Puerto Rico, él establece su inocencia, pero decidió poner los intereses del pueblo antes”, expresó Rosselló Nevares.

“El mensaje no es tan solo para el Gabinete, sino para el pueblo de Puerto Rico, que ante cualquier situación que tengamos, Puerto Rico viene primero y tenemos que enfocarnos en trabajar” – Ricardo Rosselló, gobernador de Puerto Rico

Acto seguido, Rosselló solicitó la renuncia de los otros funcionarios involucrados, confirmando en conferencia de prensa que García le facilitó su renuncia, al igual que Maldonado y Díaz Román.

“El mensaje no es tan solo para el Gabinete, sino para el pueblo de Puerto Rico, que ante cualquier situación que tengamos, Puerto Rico viene primero y tenemos que enfocarnos en trabajar”, expuso al señalar que, hasta ese momento, no ha determinado quiénes ocuparán los cargos.

El primer mandatario expresó que pudo comunicarse con todos los funcionarios  implicados para solicitarles sus renuncias, con excepción del subadministrador de la AAA, Yoniel Arroyo, con quien no se había comunicado. Metro, tuvo información que, de no concretarse la dimisión, se estaría removiendo a Arroyo de sus funciones.

Sobre Yesenia Díaz, directora de Transformación y Eficiencia de la Oficina del Secretario de la Gobernación, pese a que también se le había solicitado la renuncia, la misma no había sido confirmada.

Aunque el primer ejecutivo reconoció que estos funcionarios no han sido acusados de ningún delito, la solicitud de la renuncia surge debido a una razón de confianza.

Este medio solicitó una reacción del OPFEI sobre el informe, y el portavoz de la entidad indicó que el referido se recibió en la tarde de ayer y “hasta que el Panel no se reúna y examine los documentos, no tiene comentarios al respecto”.

Mientras tanto, en declaraciones escritas, Villafañe sostuvo que dimitía a su cargo a raíz del informe, aunque aclaró que no implica que haya cometido algún delito.

“En aras de que este asunto no continúe siendo una distracción innecesaria sobre los proyectos que, junto con el gobernador, he tenido la oportunidad de encaminar, he tomado la iniciativa de salir del cargo que hoy ocupo para continuar mi vida junto a mi familia y los seres que más amo. Ellos han sufrido más que yo esta situación”, manifestó Villafañe.

De la misma forma, el Departamento de Justicia refirió ayer al Tribunal Supremo de Puerto Rico a 15 abogados que, según la pesquisa preliminar, de alguna manera interactuaron en los chat Coffee Break y Estructura Gerencial. Siete de los letrados entraron en conversación directamente con el juez,  apuntó Vázquez. Sobre este referido, la agencia solicitará al Tribunal Supremo la paralización de los procesos disciplinarios y una orden protectora en lo que culmina la pesquisa de la OPFEI.

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