Hace dos semanas la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó su propia versión del plan fiscal para el Gobierno central, y sus instrumentalidades.
A pesar de la controversia y del pulseo con el Gobierno por la implementación de la reforma laboral y el recorte a las pensiones, el ente creado por la Ley Promesa ha continuado con su calendario de trabajo. La directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, habló con Metro sobre lo que espera que el Gobierno entregue en su presupuesto, la posibilidad de terminar en el tribunal si no se reconcilian sus diferencias, a la vez que explicó el propuesto recorte de pensiones que entrará en vigor en 2020.
En 2015, pudo recortar 20 % de la deuda de 18 mil millones de Ucrania con acreedores privados, ¿Cuánto estima que es el recorte al que Puerto Rico puede aspirar para su deuda?
–-Es difícil proyectarlo. Ante todo, es parte de una próxima negociación. Segundo, dependerá de la implementación total del plan fiscal certificado. Necesitábamos tener un plan que sentara las bases de la negociación.
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Economistas de diversos trasfondos coinciden en que los estimados y los números del plan fiscal son muy optimistas… ¿Han revisado
esas observaciones?
–Sí, y de hecho he hablado con muchos de ellos. Aunque diferentes economistas ven diferentes reformas para generar crecimiento, creo que las tomamos todas en cuenta, hicimos nuestro análisis y este es el mejor escenario proyectado. Creo que hay partes que no son optimistas, sino más bien pesimistas. Por ejemplo, algunos nos señalan que el decrecimiento de la población en la proyección del plan es muy marcada. Así que habrá cosas que sucederán de mejor o peor forma de lo que se incluyó en las proyecciones, pero creo que, en general, es la mejor prognosis sobre la economía.
Recientemente, José Carrión explicó que los bonistas, de acuerdo con la ley, tienen más derechos que los pensionados, por lo que la deuda
de los bonistas está primero que los retirados del Gobierno, ¿coincide en ese planteamiento?
–Creo que hay un malentendido en lo que dijo el presidente Carrión. Los jubilados están en el Sistema de Retiro de Empleados (ERS,por sus siglas en inglés) aquí en Puerto Rico. Y el fondo no tiene dinero. El agujero es de $50 mil millones, por lo tanto, los jubilados, los pensionados, son acreedores no asegurados, al igual que otros acreedores no asegurados, no poseen dinero y no hay nada en el fondo, por lo que llegan a la corte, al Título III, de la misma manera que otros acreedores no garantizados. Por supuesto, también hay acreedores seguros, y algunos de ellos tienen una deuda más alta. Creo que el problema no es que vengan primero de segundo, es que tenemos deudas, sin pagar, de más de $70 mil millones del Estado Libre Asociado consolidado y $50 mil millones para los jubilados. Entonces, $120 mil millones es todo, y tenemos que encontrar una forma de asegurar que los jubilados puedan obtener su pensión y tenemos que asegurarnos una manera de dejar atrás esta crisis.
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¿Se realizó un análisis del impacto a quienes ganan solo $1,000 al mes?
–Con la reforma de las pensiones hay tres fases, porque la Junta cree firmemente que los jubilados tienen que recibir sus pensiones. Nos movimos del sistema de retiro ordinario a Pay as you go, que se traduce a que del fondo general de Puerto Rico se estén pagando $2 mil millones al año porque —y repito— no queda nada de dinero en el fondo de pensiones. Esto no es algo que tú y yo creamos, o el Gobernador, o La Fortaleza, o la Legislatura, o la Junta, o PROMESA; esto sucedió por décadas. Así que si no tomamos el primero de tres pasos para la reforma de las pensiones, no habrá ninguna pensión. Hoy, las pensiones se están pagando porque estamos en el sistema de Pay as you go. La segunda parte, es asegurarnos de que los empleados públicos actuales no enfrenten el mismo riesgo que hoy enfrentan los pensionados. Así que nos movemos a un plan de contribución definida para que ellos mismos puedan controlar el dinero. Estos son dineros separados de los fondos del Gobierno, que no se pueden gastar de forma incorrecta. Tercero, es el recorte de pensiones, que es en promedio 10 %, pero nadie en o por debajo del nivel de pobreza de los $1,000 mensuales tiene recorte. Aún por encima de los $1,000 es un recorte gradual. Para algunos con las pensiones más altas es hasta 25 % y para quienes están más cerca de los $1,000 es mucho menor. Así que, en promedio, estamos hablando de 10 %, pero nadie en los $1,000 o menos tendrá recorte.
Cuando Ana Matosantos decidió votar en contra del plan fiscal, ¿les planteó algún otro escenario que le hubiese permitir votar a favor?
–-Ana es una extraordinaria miembro de la Junta. Tiene mucha experiencia, estuvo extremadamente involucrada en el proceso y todos creemos que le da un valor extraordinario a esta Junta. Ella tuvo una opinión diferente sobre lo que se debió hacer. Pero, en lo que ella no tuvo una opinión diferente fue en votar en contra del plan fiscal propuesto por el gobernador. Sobre la perspectiva de Ana, tendrías que preguntarle a ella, pero no puede haber la expectativa de que la Junta siempre actúe de forma unánime sobre temas tan complicados y difíciles.
¿Han mantenido negociaciones con el Gobierno sobre su tranque con el plan fiscal?
–Siempre estamos abiertos a la discusión, siempre estamos abiertos a la conversación, siempre queremos colaborar con el gobernador y el Gobierno de Puerto Rico, así qu, por supuesto que las conversaciones continúan, pero ahora mismo hay un plan fiscal certificado y ese es el plan fiscal sobre el cual el proceso de presupuesto debe iniciarse.
¿Qué pasará si este viernes el Gobierno presenta un presupuesto sin las medidas del plan fiscal?
– Este viernes, el presupuesto va a reflejar el plan fiscal. Le dimos al gobernador y al Gobierno las líneas de ingresos atadas directamente al plan fiscal. Si algunas reformas luego no se adoptan, como por ejemplo la reforma laboral el 31 de mayo, entonces tendremos que hacer cambios al presupuesto para reflejarlo. Esto significa que, antes que el presupuesto se adopte el 30 de junio, tendríamos que volver atrás y decir si no se adopta la reforma laboral, entonces tenemos que sacar los ingresos que habíamos proyectado asociados a la reforma laboral, así que tendríamos que reducir los ingresos proyectados y, lamentablemente, tendríamos que ejecutar más recortes. Recortes en los gastos.
¿Están listos para ir al tribunal?
–Nadie quiere ir a la corte. Esta Junta no quiere ir a la corte. No queremos gastar tiempo y dinero, no queremos profundizar la falta de confianza en la isla. Queremos trabajar juntos y estamos esperanzados en que la Legislatura, el gobernador y el Gobierno van a reflexionar sobre su posición e implementar este plan porque es la única ruta que tiene Puerto Rico en este momento para retomar su crecimiento, una vez los fondos federales de reconstrucción se hayan agotado. Si lo tenemos que hacer, nosotros vamos a implantar el plan fiscal, sí, pero (la corte) sería definitivamente un último recurso.
La pasada semana José Carrión declinó asistir a la vista pública a la que fue citado en el Senado. ¿Está usted dispuesta a testificar si es citada?
–El señor Carrión no está en la isla para poder atender la citación. Honestamente, creemos que la mejor manera de explicar la reforma laboral es tener todos los expertos, tener todos los datos para compartirlos con todo el que esté interesado… la Legislatura, el gobernador, el Gobierno. Hemos estado compartiendo, vamos a seguir compartiendo. No tenemos problema en compartir todos esos datos, toda esa información, expertise, casos de estudio, cómo ha funcionado en otros lugares. Consideramos que es la mejor forma de que todos podamos llegar a un entendimiento común.
Ante tantas medidas propuestas por la Junta que trastocan la vida de mucha gente en Puerto Rico, ¿teme por su seguridad cuando está en la isla?
– No, nadie ha sido otra cosa que no sea muy hospitalario en la isla. La gente tiene diferencias de opiniones sobre las reformas y eso es natural; es la democracia. Está bien que la gente proteste cuando no está de acuerdo, siempre y cuando sea dentro de un marco legal, sin violencia y sin que nadie salga lastimado. Lo único que creo es que debemos enfocarnos —más allá de las diferencias de opinión— en cómo llegamos aquí. Aunque algunas de estas políticas —no todas—, pero algunas, provoquen dolor en algunos sectores de la sociedad, no hacer nada va a ser más doloroso. No hacer nada significa —por ejemplo— no tener una pensión. No hacer nada significa tener un sistema de educación publica que continúe decepcionando a los padres o forzando a los padres a poner a sus hijos en escuelas privadas que no pueden pagar. No hacer nada significa mantenernos en un precipicio económico que fuerce a los empresarios a hacer sus negocios en otros lugares. Queremos detener todo eso, queremos darle un giro. Así que, cuando la gente protesta contra las soluciones incluidas en el plan fiscal, creo que también necesitan pensar en eso.
En el pasado ha sido criticada por su salario de $625,000, escolta, entre otros gastos, ¿estaría dispuesta a recortar esos gastos, más allá
del recorte al presupuesto de la Junta para el fondo de becas?
–Recortamos el presupuesto de la Junta y eso incluye muchos ajustes. Pero mis gastos no son los que se reportan. Nadie está viajando constantemente entre Puerto Rico y Ucrania a expensas del pueblo de Puerto Rico. Eso, simplemente, no es verdad. En términos de lo que soy capaz de ejecutar, realmente lo que quiero es estar aquí temporalmente, que superemos esto, que podamos cumplir el mandato de PROMESA lo más pronto posible, cuatro años de balance fiscal, restablecer el acceso a los mercados crediticios… La mejor forma que tenemos de reducir el costo de PROMESA y de Título III es dejándola atrás.
¿Cuánto tiempo pasa en su casa de Puerto Rico, se mudó por completo a la isla con su hija?
–Sí, mi hija va a la escuela aquí. Vivimos aquí. Yo llevo un año, mi hija vino en julio cuando terminó su escuela. Paso todo mi tiempo aquí, menos cuando estoy en Nueva York con los acreedores, o en Washington, con los bonistas. Vivo aquí, no tengo otro lugar de residencia.
