Sistema de Emergencia 9-1-1 apunta a la pasada administración como la que desvió ilegalmente fondos

Aseguran que bajo el actual Gobierno no ha habido desvío de los fondos que recibe la agencia.

Por Inter News Service

El comisionado interino del Negociado Sistema de Emergencias 9-1-1, Guillermo Torruella, aclaró hoy que bajo el actual Gobierno no ha habido desvío de los fondos que recibe la agencia por concepto del cargo a las líneas telefónicas, un asunto que trajo a la consideración en días recientes una comunicación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

Según la FCC, para el año fiscal 2016, el 9-1-1 no utilizó $243,100 para sus propias operaciones, como requiere la agencia federal a todos los sistemas similares, y desvió esos fondos al Gobierno central, según le requirió la Ley 66 de 2014 (Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico).

“Por disposición de la Ley 66 del año 2014, la pasada Administración obligó a todas las agencias gubernamentales a desviar un por ciento de sus ingresos para el Fondo General porque se impusieron unos ahorros obligatorios en los presupuestos de cada agencia, los cuales debían permanecer en la caja del Departamento de Hacienda”, indicó en declaraciones a la prensa.

Explicó Torruella que el 9-1-1 genera sus propios ingresos a base de un cargo de 50 centavos mensuales que se impone a los clientes residenciales, organizaciones sin fines de lucro y religiosas; y $1.00 para los clientes comerciales, profesionales y gubernamentales, pero por la ley 66 se desvió hasta $243,100 al Fondo General.

El secretario de Seguridad Pública, Héctor M. Pesquera, “ordenó unas auditorías a nivel estatal y federal para conocer la situación ocurrida en años anteriores y descartar cualquier otro uso indebido de dichos fondos. Además, para tomar las medidas correctivas que procedan, si alguna, para asegurar el uso correcto de los fondos como dispone la Ley.

Ante los señalamientos del comisionado de la FCC, Michael O’Reilly, de recomendar que no se otorgue fondos futuros por esta deficiencia, el interno del 9-1-1 sostuvo que “esta administración no debe ser penalizada por un error de la pasada administración que ya ha sido corregido. Ante esto aclaramos y reiteramos ante la FCC que los fondos obtenidos por el cargo a las líneas de telecomunicaciones han sido bien utilizados”.

Torruella señaló también que los diversos fondos que pueda otorgar la FCC al sistema de telecomunicaciones de Puerto Rico son importantes para restaurar la red de manera más resiliente, un objetivo de política pública que se ha trazado el gobernador Ricardo Rosselló para las diversas infraestructuras que cedieron ante la fuerza de los vientos del huracán María.

Por años el 9-1-1 ha estado bajo fuego, según investigaciones de la agencia Inter News Service.

Sus últimos tres directores ejecutivos han tenido que renunciar bajo fuertes escándalos, Roberto Fuentes y Juan Vargas Morales, bajo la pasada administración, y Héctor Torres bajo la presente.

Una auditoría de la pasada administración reveló fuertes desviaciones de fondos para otros asuntos que no permite la reglamentación federal. Sin embargo, la persona a cargo de esa auditoría fue sacada del puesto. 

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