El gobernador Ricardo Rosselló recalcó que el desvío de dinero del Sistema 9-1-1 a otras áreas del gobierno, y que provocó una carta de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (FCC en inglés) amenazando con detener los $750 millones en fondos para la reconstrucción de las antenas de comunicaciones, fue una acción de la pasada administración, que su equipo está en vías de solucionar.
De acuerdo al mandatario, establecieron conversaciones con el comisionado Michael O’Rielly, quien pertenece a la junta de cinco personas de la FCC, y que cursó la misiva al gobierno de la isla.
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“Es una imputación que nosotros reconocemos de alta seriedad. Pero es importante que el pueblo de Puerto Rico sepa que esto no surge de un mal uso del recurso, que ya se había dialogado previamente. Nuestro compromiso es poder mitigar esas preocupaciones y darle garantías a la FCC”, indicó.
“Cabe recalcar que las imputaciones y los señalamientos son esencialmente de la previa administración”, agregó.
O’Rielly aseguró en su carta que no permitirá el desembolso de fondos para la reconstrucción del sistema de telecomunicaciones de la Isla tras el huracán María, hasta que se resuelva la pesquisa por los fondos federales del Sistema 9-1-1.
“Aunque ciertamente aprecio que envíe la información ahora, aunque tarde, es extremadamente inquietante saber que Puerto Rico ha desviado las tarifas de 9-1-1 pagadas por sus usuarios de comunicaciones”, cita la misiva.
Según la carta, en 2016, Puerto Rico desvió $243,100 para otros usos.
“No creo que deba recordarle cuán importantes pueden ser los servicios del 9-1-1 durante los momentos críticos de necesidad”, agregó O’Rielly. En la contundente misiva, con fecha del 24 de abril, el comisionado de la FCC cuestiona al primer ejecutivo sobre si está de acuerdo con “tales maniobras presupuestarias”.
