A poco más de un día del inicio del anunciado paro nacional, el representante Jesús Manuel Ortiz denunció hoy que la Policía carece de un protocolo para el manejo de manifestaciones públicas.
A juicio del legislador del Partido Popular Democrático (PPD), esto se debe a “los continuos incumplimientos e indiferencia del gobierno en relación a las objeciones del monitor federal por la creación del Departamento de Seguridad Pública (DSP), que mantienen a ese cuerpo policíaco sumido en un clima de desorganización, incertidumbre y falta de liderato”.
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“Esto es altamente preocupante ante el hecho de que el 1 de Mayo se esperan manifestaciones simultáneas. Dada esa realidad, exhortó a las diversas entidades que velan por los derechos civiles a estar vigilantes el próximo martes, de forma que las manifestaciones convocadas se puedan manejar adecuadamente”, señaló Ortiz.
Recordó que el monitor federal “ha emitido siete informes de progreso sobre la reforma policíaca, cinco de ellos durante la pasada administración y dos en la presente. En ellos se reconocen los adelantos bajo las direcciones de los exsuperintendentes José Caldero y Michelle Hernández de Fraley”.
Sin embargo, desde el pasado año, con la aprobación de la ley que crea el DSP, “el monitor ha señalado que la estructura y las modificaciones a los canales de mando han puesto en peligro el cumplimiento de la reforma, lo que en realidad significa que han sumido a ese cuerpo en un clima de desorganización e incertidumbre”, indicó el legislador.
El representante explicó que en el último informe de evaluación del cumplimiento de la reforma policiaca, emitido el 9 diciembre de 2017, se incorporaron seis páginas de hallazgos sobre la evaluación y revisión de planes de acción en torno a las manifestaciones públicas de los meses de abril y mayo de 2017, donde se expresa la inconformidad del monitor cada vez que se detectaron deficiencias en los planes de trabajo, problemas en la cadena de mando y los mecanismos de supervisión.
Uno de los señalamientos más serios es en lo relativo a que “la Policía le envió copias de vídeos de incidentes que aparentan estar incompletos o editados, lo que afecta el proceso de fiscalización de conformidad a la reforma policíaca”.
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Además, se detectaron deficiencias en el número de policías heridos, el uso de la fuerza, número de incidentes reportados y el manejo de querellas, ya que aparenta haberse notificado menos incidentes de los que verdaderamente ocurrieron. El monitor ha solicitado un informe más detallado sobre este tema.
Ortiz recordó que desde el pasado año el excoronel retirado Arnaldo Claudio, quien es el monitor del Tribunal Federal para el cumplimiento de la reforma, levantó objeciones en dos informes sobre la forma en que la actual administración ha estado manejando los asuntos de la reforma y la reestructuración de la Policía.
En ellos afirma reiteradamente que la ley que creó el DSP podría afectar los niveles de cumplimiento con la reforma particularmente en siete áreas programáticas: decisiones de política pública, supervisión y gerencia; presupuesto, recursos humanos, uso de tecnología, procesos de evaluación (métricas de cumplimiento) y los programas de adiestramiento con la Academia de la Policía.
“Las preocupaciones plasmadas en esos informes coinciden con los señalamientos que hicimos durante el proceso de vistas públicas del proyecto que creó el DSP. Es evidente que el gobierno no ha revisado las objeciones a la ley y, por el contrario, han ignorado esos planteamientos. El resultado ha sido la desorganización y la falta de liderato”, manifestó Ortiz.
El político arguyó que “el deber del secretario del DSP y su equipo es, por un lado, proteger los derechos constitucionales de los manifestantes y, por el otro lado, velar por la seguridad y respeto que merecen los miembros de la Policía quienes, después de todo, son servidores públicos también”.
“Lamentablemente, no hemos visto una cohesión ni un plan efectivo sobre los asuntos de seguridad, lo que significa que las objeciones del monitor federal son correctas”, expresó el portavoz del PPD en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Representantes.
Más aún -apuntó basándose en los informes- “se han detectado deficiencias sobre los procesos de traslados y ascensos sin seguir las normas, asuntos administrativos, acuerdos de estipulación con el Departamento de Justicia Federal y operacionalmente deficiencias sobre los sistemas de tecnología y comunicación”.
