Arrugas profundas, espalda encorvada, voz entrecortada. Esas son las marcas visibles de don Joaquín Rivera, un retirado que trabajó 30 años en una escuela de Caguas como maestro de Historia. El sol le baña el rostro, pero quiere posar para la foto. Con trabajo, decide levantar el puño y sonreír, aun cuando su pensión de $1,000 mensuales podría ser recortada si entra en efecto el plan fiscal aprobado por la Junta de Control Fiscal.
El reloj marca las 3:00 p. m. Afirma estar preocupado, además, porque el Departamento de Educación quiere cerrar 10 escuelas en el pueblo donde enseñó gran parte de su vida. “Yo soy producto de la escuela pública, esto es un robo”, dice.
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No está solo. A sus espaldas, un grupo de niños —custodiados por las miradas de la Policía— protesta frente a las escalinatas del Capitolio en contra de la clausura de los 280 planteles anunciados por la secretaria Julia Keleher. A su extrema izquierda, hay una tarima negra con un micrófono abierto, que líderes gremiales, políticos del Partido Popular Democrático, padres y maestros usan para condenar las acciones de Educación.
Pasan horas de discursos, consignas, sudor, aplausos, estribillos, una pequeña obra de teatro, vendedores de helados y frutas, más niños, más padres, más maestros.
Son casi las 6:00 p. m. Don Joaquín toma un cartel y se une a un “escudo humano” de cientos de personas alrededor de la Casa de las leyes. Todos, exhortados por los organizadores, gritan con fuerza: “Basta ya, basta yaaaa”.
Solo escuchan los agentes. A las 2:00 p. m., los empleados del Capitolio, por instrucciones de “arriba” —como nos comentaron— ya habían abandonado el lugar.
