Tribunal tendría la última palabra sobre planes

La pasada semana la Junta de Control Fiscal (JCF) aprobó planes fiscales que incluyen el recorte del 10 % de las pensiones, la reducción de beneficios laborales, aumentos en los peajes y en la matrícula de la UPR, entre otros

Por Miladys Soto

El tranque entre la Junta de Control Fiscal (JCF) y el Gobierno de Puerto Rico luego de que el grupo creado por la Ley Promesa certificara sus propios planes fiscales no tendrá otro destino más que el Tribunal federal, a juzgar por analistas del tema.

 La  Junta rechazó los documentos del Gobierno y aprobó la pasada semana sus propias versiones de los planes fiscales del Gobierno central, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Universidad de Puerto Rico (UPR), el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), hecho que generó la oposición del gobernador Ricardo Rosselló, quien indicó que no implementará medidas como el recorte a las pensiones y la jornada laboral.

  “Los planes fiscales aprobados son la ley, nos guste o no. El Gobierno ha anticipado que va a desacatar la ley en el sentido de que no va a implementar esos planes. La Junta va a tener que decidir cómo proteger y defender lo que es el plan y lo que es, a su juicio, la Ley. Ellos, para defender de eso, tienen como recurso ir al Tribunal y exigirle al Gobierno que lo cumpla. Y si el Gobierno cumpliese, podrían exigir incluso el desacato, que puede conllevar una pena carcelaria”, precisó el abogado Leo Aldridge.

 El también analista del programa Jugando pelota dura precisó que esta última opción del arresto “no va  a ser tan sencilla, en términos prácticos, que el Gobierno federal ejecute una acción como esa a 78 legisladores y decenas de otros funcionarios del Gobierno”. El abogado destacó que “esto es totalmente novedoso e inaudito porque no ha pasado en otra jurisdicción de Estados Unidos”, por lo que restaría ver qué decide la jueza Laura Taylor Swain si llegase el momento.

 Aldridge comentó que, en caso de que el Tribunal federal decidiera que deben implementar el plan fiscal, el Gobierno solo tendría las opciones de acatar la ley o desacatarla con las consecuencias antes mencionadas.

Se sabrá hasta dónde llega el poder de la Junta

Por su parte, el abogado Phillip Escoriaza opinó que el desenlace en el Tribunal será una buena oportunidad para que se aclare el poder que tiene la Junta con sus recomendaciones sobre Puerto Rico.

“Para que los casos de Título III puedan progresar y se pueda llegar a un plan de ajuste, es imprescindible que se aclare de una vez la confusión que nos dejó en nuestras manos el Congreso de Estados Unidos cuando nos impuso una Junta y se lavó las manos de nosotros como que esto ya está resuelto”, expuso al analista político.

Escoriaza recordó que, en el  pasado, la jueza Swain rechazó el nombramiento de Noel Zamot por parte de la Junta como oficial de transformación de la AEE. “Posiblemente, vamos a saber si el Gobernador tiene razón de que el Congreso respetó la autoridad de los puertorriqueños de tener su propio Gobierno o si Promesa es otra cosa y no nos habían dicho hasta ahora”, concluyó el experto.

Representantes hacen llamado a Rosselló para unirse contra la JCF

El representante Rafael “Tatito” Hernández, junto con los también legisladores del Partido Popular Democrático (PPD), José “Conny” Varela, Luis Vega Ramos y Luis Ortiz Lugo, hizo un llamado al gobernador Ricardo Rosselló a que se unan diversos frentes para oponerse a las medidas de los planes fiscales publicados por la Junta de Control Fiscal (JCF).

Hernández mencionó la radicación de la Resolución Concurrente 71, que rechaza la implementación de la Ley PROMESA. “Esperamos que el gobernador respalde esta resolución en la que exigimos la derogación de Promesa y su sustitución por un mecanismo efectivo, transparente y sin intermediarios con el Gobierno de Puerto Rico, el cual atienda con premura y prioridad la situación fiscal, económica, social y política de nuestra isla y que contenga un marco legal que permita la reestructuración de la deuda”, expuso Hernández.

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