El gobernador Ricardo Rosselló Nevares reaccionó hoy a la certificación de la versión de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de los planes fiscales del gobierno y afirmó que, frente a la situación, “no tengo que ir a los tribunales, las cosas que son potestad del pueblo, simplemente no le vamos a dar paso”.
Rosselló Nevares, en una conferencia de prensa previo a inaugurar un puente en Canóvanas, como parte del proceso de recuperación de la isla tras el embate del huracán María, manifestó que en los planes fiscales “hay unos componentes que son de política pública, como subir los peajes, y ya al ciudadano se le está poniendo mucha presión y ponerle presión adicional no ayuda a las personas ni a la economía”.
Agregó que “la Junta podrá ir a los tribunales, pero yo ejecutaré las cosas a las que me he comprometido. Yo he sido claro que hay asuntos de política pública en los que no estamos de acuerdo, como eliminar el bono de Navidad, así es que simplemente no vamos a ejecutar”.
Según el mandatario, “no tengo que ir a los tribunales: las cosas que son potestad del pueblo de Puerto Rico, simplemente no le vamos a dar paso”.
Insistió en que en las partes de política pública “vamos a defender el poder delegado por el pueblo de Puerto Rico en nosotros. Pueden pedir reforma laboral, pero eso tiene que pasar por la legislatura y les garantizo que eso no va a pasar”.
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La JSF aprobó hoy su versión de los planes fiscales de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y la Universidad de Puerto Rico (UPR).
En la votación para aprobar el plan fiscal de la ACT y la UPR se abstuvo Ana Matosantos, por lo que ambos planes contaron con seis votos a favor.
Respecto del BGF, la votación fue 7-0 a favor de aprobar el plan fiscal, que no sufrió cambios por parte de la Junta, que concluyó así su reunión en el centro de convenciones.
Hasta el lugar, llegaron estudiantes de la UPR que se oponen a los recortes, reducción de plazas y consolidación de recintos que se establecen en el plan fiscal aprobado por la JSF.
El presidente del organismo se refirió a la abstención de Matosantos y dijo que pese a su postura “hay consenso” en los miembros sobre la ruta a “seguir”.
En la segunda sesión para aprobar los planes fiscales del gobierno de la Isla, la JSF comenzó abordando el plan fiscal de la ACT.
En la reunión, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Gerardo Portela Franco, rechazó el alza en los peajes, algo que está incluido en el plan fiscal certificado.
Mientras, el asesor legal de la ACT, Juan Maldonado, detalló, a través de la lectura de un mensaje del secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras, que la propuesta de la Junta choca con lo que se propone el gobierno, ya que el organismo busca también la disminución en el número de empleados.
El funcionario, incluso, adelantó que la agencia no ejecutará las recomendaciones que haga la JSF.
En su declaración, Contreras dijo que “no podemos subir los peajes. Eso sube la carga de las personas en Puerto Rico”.
Añadió que la reducción de los empleos en el 15% tendrá un efecto negativo en la ACT, que no podrá desarrollar de forma óptima el plan fiscal del gobierno.
Mientras, el presidente de la junta de gobierno de la UPR, Walter Alomar, adelantó que de los 11 recintos la institución terminará con cinco, según lo ha establecido en el plan fiscal que se presentó hoy ante la JSF, organismo que también lo certificó.
Alomar dijo que habrá consolidación de campus en el 2020 y puso como ejemplo los recintos de Utuado (900 estudiantes) y Aguadilla (3,500 alumnos), que se fusionarán con el de Mayagüez.
“Tendremos un rector en vez de tres en 2020”, expuso.
Indicó que “de 11 unidades se disminuirá a cinco”, pero aclaró que el proceso no será “este año, porque “tiene que ser aprobado por la Comision de Educación Middle States”.
El presidente de la junta declaró también que debería ser aumentado el fondo de becas para estudiantes de bajos ingresos, algo que no contempla la JSF.
Asimismo, rechazó que se eliminen las exenciones de matriculas, otro elemento que difiere de la posición de la Junta, así como el bono de Navidad de los empleados y los cambios en el sistema de pensiones.
A su vez, anticipó que se impondrán aumentos “graduales” en la matrícula subgraduada de la UPR.