Si bien el Gobierno de Puerto Rico ha permitido ciertos avances respecto al cannabis, sobre todo desde la perspectiva de uso medicinal, líderes de entidades como la Fundación Free Juana entienden que aún queda mucho por hacer un largo camino por recorrer.
Por eso marcharon hoy hasta el Capitolio de Puerto Rico y, desde la Plaza de la Democracia, abogaron por la descriminalización del uso de cannabis y exigieron acción por parte de los legisladores.
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“Lo más importante del 420 es que las personas entiendan que ahora que aprendieron y se educaron acerca de los usos médicos del cannabis, sepan que todavía pueden perder la libertad o la propiedad por el consumo de esa planta, por la tenencia de ella o por el uso de una manera que no sea la autorizada en ley”, explicó la licenciada Shadiff Repullo, presidenta de Free Juana, en entrevista con Metro.
La petición de la Fundación que lideró hoy la marcha que partió desde el Parque Luis Muñoz Rivera es clara: la descriminalización del consumo de cannabis en adultos mayores de 21 años y que se sustituya la pena de cárcel de entre 3 y 12 años de condena, por unas multas administrativas que podrían ascender a $300, así como la protección al consumo de la flor del cannabis como alternativa de tratamiento médico.
Sobre la asistencia, afirmó que “lo más importante es que el demográfico se sigue extendiendo ,cada vez las personas son más diversas. No son solo jóvenes, sino padres de familia, maestros de escuelas, abogados, ancianas, pacientes de cáncer, niños, y eso es lo más importante, que se quite el estigma de quién es el usuario o el paciente de cannabis”.
“Pedimos que la posesión del cannabis, legal o ilegal, no sea castigada con pena de cárcel o de pérdida de la propiedad”, apuntó Repullo. “En otras jurisdicciones lo que hacen es una escalonada de multas, o una evaluación de la persona en términos de si tiene problemas de adicción o fue un evento aislado, el consumirlo fuera de los parámetros en ley, lo mandan a coger unas clases, le dan el seguimiento necesario de necesitar ayuda, pero no se castiga como un delito, como si estuviera afectando a otro ser humano”, apuntó.
Además de los cargos en el récord de una persona, los casos criminales que se radican por posesión de cannabis tienen un impacto significativo en el bolsillo del individuo involucrado. Respecto a los honorarios de un abogado en este tipo de casos, sin importar la cantidad de cannabis que sea confiscada, siempre son de más de $10 mil, aseguró la licenciada.
Sobre el cannabis medicinal, la Ley 42 de 2017, conocida como “Ley MEDICINAL”, prohíbe el uso del cannabis medicinal en lugares públicos, aunque Repullo manifestó confiar en que, a medida que las personas continúen educándose al respecto, deje de considerarse un crimen el consumir cannabis medicinal en las áreas públicas.
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“El consumo en lugares públicos es algo que evoluciona naturalmente con el conocimiento acerca del cannabis, por ejemplo que su humo de segunda mano o su vapor de segunda mano no puede causar efectos psicoactivos, que sería el peligro mayor, además que se ha comprobado que las personas bajo los efectos del cannabis están mucho más diestras que las personas bajo efectos de medicamentos legales como oxicodona, fentanilo, todos los opioides que usan para el tratamiento del dolor o psiquiátrico. Así que yo creo que eso es una evolución natural que se da, donde el punto medular es que se acepte el cannabis como una medicina, que se abra el acceso a los pacientes al cannabis en todas las formas, en especial la flor, y el que nadie más pueda perder la libertad”, manifestó.
Sobre la marcha, añadió que, si bien la participación no fue multitudinaria, la demografía que asistió es diversa, algo positivo en términos de la aceptación del cannabis.
“Lo más importante es que el demográfico se sigue extendiendo ,cada vez las personas son más diversas. No son solo jóvenes, sino padres de familia, maestros de escuelas, abogados, ancianas, pacientes de cáncer, niños, y eso es lo más importante, que se quite el estigma de quién es el usuario o el paciente de cannabis”, afirmó.
En la manifestación también estuvo presente la marca Moña, quien por segundo año consecutivo se una a la causa.
“Marchamos en pro de la flor y la descriminalización, queremos que no sigan los arrestos a causa del consumo de la marihuana, queremos que se vea como una medicina no como una droga. Una de las metas a la que más se aferra Moña es a la educación sobre el cannabis y ayudar contra la desinformación”, expresó Natalie Joaquín, portavoz de Moña, en declaraciones a Metro.
Joaquín también abogó por un mayor acceso al cannabis medicinal y que, de cara al futuro, los pacientes no sean criminalizados por consumir el medicamento en espacios públicos.
“Al momento, el paciente al salir del dispensario tiene que llevarse su medicina cerrada, en un sobre que nos proveen –uno lo compra en el mismo dispensario– y no se puede consumir, se supone que ni se abra hasta que llegues a tu hogar”, explicó la portavoz.
“Todo es un proceso. Es como cuando somos más chamaquitos y queremos salir y tu mamá te deja ir hasta las 12:00 al party y si lo haces bien después te deja ir hasta la 1:00, y si lo haces bien después te deja ir con tus amigas sola. Es un proceso y es bien importante que todos sigamos estas normas., que demostremos que las podemos seguir, porque la realidad es que, como veníamos diciendo, somos gente profesional, somos estudiantes, nosotros podemos regirnos por las normas y una ves pasemos esta etapa y el gobierno se de cuenta que no somos gente peligrosa, yo espero que entonces podamos tener acceso a utilizar nuestra medicina en público”, manifestó.
En medio del evento, se anunció que los senadores Migue Pereira y José Vargas Vidot, sometieron un proyecto para enmendar la Ley de Sustancias Controladas y descriminalizar la posesión de la planta.
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