Las horas que Roberto Benítez Burgos, director de la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico (OSIPE) de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) no pochó durante los meses de junio de 2017, a enero del 2018, serán un pie forzado para que la Comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas presente nueva legislación y reglamentación para la agencia.
Así lo expresó hoy el presidente de la Cámara Alta, Thomas Rivera Schatz, al concluir una vista ejecutiva con cuatro funcionarios de la CEE, quienes testificaron sobre el supuesto patrón de ausentismo del hijo de Norma Burgos, comisionada del Partido Nuevo Progresista (PNP). En el cónclave, además, abordaron temas fiscales, en aras de recortar gastos y aumentar el rendimiento de los casi $30 millones de presupuesto de la instrumentalidad.
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A la reunión asistieron Ángel Rosa Barrios, secretario de la CEE, Javier R. Rodríguez Rivera, director de la Oficina de Recursos Humanos, Gloria Jiménez Meléndez, subdirectora de la Oficina de Recursos Humanos y Luis Ramos Villanueva, auditor de la dependencia.
“Tenemos material, va a haber otra ronda adicional de citaciones. Estoy complacido con la información que obtuvimos y que corrobora mucha de las denuncias que habíamos recibido y que estamos tratando de corregir”, indicó Rivera Schatz al culminar la ronda de entrevistas, y con un informe de auditoría en sus manos, que detalla cómo Benítez Burgos presuntamente se ausentó con regularidad.
De acuerdo al presidente senatorial, el informe de auditoría explica que en ocasiones el director de OSIPE no ponchó por semanas enteras. Ante esto, la senadora del PNP, Migdalia Padilla, indicó que la CEE tiene un “gran reto desde sus propios reglamentos y mucho que restructurar, o sencillamente buscar la manera de ser responsables cuando hablamos de supervisión o reglamentación”.
Con sus palabras concordó el senador del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau.
“Desde mi perspectivo lo que se recibió en cuanto a testimonios arroja mayores sobras con respecto a cómo se manejaros unas asistencias, particularmente sobre el funcionario que tiene a su cargo el corazón de la información en manos de la CEE”, ripostó.
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Benítez Burgos, quien devenga un sueldo de 8,897 al mes –de acuerdo a los miembros de la comisión senatorial– cobró todos los cheques de las horas que no firmó. No se descarta, afirmó Rivera Schatz, citarlo a testificar.
La vista ejecutiva se da luego de que el presidente presentó la Resolución 600, para investigar todo lo relacionado a la CEE, incluyendo sus finanzas. Esto, luego de una controversia pública, cuando la comisionada Burgos despidió a la exvicepresidenta de la agencia, María de Dolores Santiago, identificada como una aliada cercana de Rivera Schatz.
Defiende a María Dolores Santiago
Mientras, cuando se le cuestionó al Rivera Schatz que Santiago fungía como presidenta interina de la CEE durante el periodo que Benítez Burgos no firmó sus horas, convirtiéndola en su supervisora directa, se dedicó a defenderla.
“Ni el auditor, ni la Oficina de Recursos Humanos, ni ninguno de los testigos que ha pasado por aquí [ha hecho un señalamiento en su contra]. Si lo hubiera, tiene que responder como cualquier otra persona”, afirmó Rivera Schatz.
Agregó que una vez culmine la investigación de la comisión se sabrá por qué fue despedida de la CEE, aun cuando no hubo señalamientos en su contra.
Hay tela para cortar
Para los miembros de la Comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas del Senado, es posible lograr ahorros en la CEE, recortando en áreas innecesarias, asunto que se contemplaría en una nueva legislación.
Entre los aspectos que podrían cambiar están las tres vicepresidencias de los partidos inscritos, los sueldos de dichas oficinas, la posible eliminación de la tarjeta electoral, las rentas por las Juntas de Inscripción Permanente y el sistema de endosos para los partidos que participan en primarias y para los candidatos independientes.
De otra parte, en la vista ejecutiva de hoy no se tocó el tema del chat de WhatsApp, incluye la participación del expresidente y juez Rafael Ramos en actividades político partidistas.