Alcaldes refutan cierre de escuelas

Alcaldes del PNP y el PPD se han unido a las voces que rechazan y cuestionan el mecanismo de cierre de los 283 planteles escolares, anunciado por el DE

Por Lyanne Meléndez García y Ronald Ávila-Claudio

El rechazo respecto al proceso de cierre de escuelas parece no tener colores políticos, pues tanto alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP) como del Partido Popular Democrático (PPD) han cuestionado la decisión de consolidar 283 planteles.

El alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz Chevres, sostuvo a Metro: “Estamos en contra del cierre de escuelas. Nosotros nos enteramos como todo el mundo de que había ese trámite”.

“Una de mis mayores preocupaciones es que una de las escuelas que más matrícula tiene es que tiene sectores que son lejanos a la escuela receptora, que la transportación puede verse complicada y, tal vez, a los estudiantes se les haga muy difícil la transportación”, dijo el alcalde sobre la escuela Don Manolo Rivera en el municipio.

También llamó la atención sobre la escuela Montessori Bernarda Robles Hevia, ya que, al ser el único plantel de ese municipio con el programa, le preocupa que, de alguna manera, se pueda ver afectado. “Esa escuela ha sido muy buena en términos de la calidad de la enseñanza. Es la única Montessori”, expresó el ejecutivo del PNP.

Reconoció que las escuelas Josefina Marrero y la Felipa Sánchez cumplen con más requisitos de cierre, pues tienen baja matrícula, tienen problemas de pozos sépticos y los lugares de consolidación no son tan distantes, entre otros.

Por su parte, los alcaldes del PPD están dispuestos a hacerse cargo de las escuelas que el Departamento de Educación se apresta a cerrar para el próximo año escolar, a pesar de las maltrechas economías de los ayuntamientos. Esta es la solución que ofreció ayer la Asociación de Alcaldes en una conferencia de prensa, en la que también rechazó que la merma de estudiantes sea un indicador de peso para clausurar unos 283 planteles.

“La propuesta nuestra es que nosotros estamos dispuestos a seguir dándoles mantenimiento a las escuelas y que no deben cerrarse. Estamos dispuestos a seguir colaborando como hasta ahora, y esa es nuestra propuesta en este momento”, sostuvo el presidente del gremio y alcalde de Cayey, Rolando Ortiz, ante cuestionamientos de Metro sobre su contrapropuesta.

Agregó que, por años, han sido los alcaldes quienes con su presupuesto han acondicionado las escuelas de cada pueblo, sin recibir dinero alguno para gastos, como energía y agua potable. Sostuvo que “la baja de estudiantes no es la constante”, aunque no pudo detallar una estadística de cuántos alumnos quedan actualmente en cada municipio, luego del paso del huracán María y las altas cifras de migración. La recopilación de estos datos, indicó, corresponde al Departamento de Educación. Empero, sostuvo que la “eficiencia” no puede medirse solo de forma cuantitativa.

“La actividad social, política y económica de la ciudad, nosotros apostamos a que la eficiencia se tiene que ver desde esa perspectiva. Pero están dejando rezagados a niños de las comunidades rurales del país”, soltó Ortiz. Destacó que, en varios municipios de su partido, los alcaldes están organizando protestas que se espera que se conviertan en una manifestación nacional en contra del cierre de planteles.

Mientras, varios de los alcaldes presentes relataron sus experiencias negativas con un cierre de escuelas sin considerar indicadores cualitativos y contextuales de cada población escolar.

Por ejemplo, la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, sostuvo que en su municipio cerrarán el 50 % de las escuelas elementales, que representan unas nueve. Agregó que el Departamento de Educación concentrará a la mayoría de los estudiantes en un área urbana, cerca del único Centro de Diagnóstico y Tratamiento que tiene el pueblo, lo que representa un problema de acceso ante cualquier emergencia.

“Desconocemos en este momento los criterios que utilizó el Departamento de Educación. No se consultó ni con la comunidad escolar ni con la administración municipal de Salinas para tomar una decisión como esta”, soltó la mandataria.

Por su parte, el alcalde de Hormigueros, Pedro García, manifestó que “están cerrando una escuela en la que hace dos años hicieron una inversión de $1.5 millones de dólares. […] Si quisieran eliminar algo, deberían cerrar la Oficina para el Mantenimiento de las Escuelas y la Autoridad de Edificios Públicos, porque la mayor parte del trabajo que tienen que hacer en las escuelas la hacen los municipios”.

Otros alcaldes del PNP como el de Arecibo, Carlos Molina, ya sostuvieron reuniones con miembros de las comunidades escolares que se verán afectadas en sus municipios. En el caso de Molina, detalló que pide que se reconsidere la decisión. “Nos manifestamos en oposición a la determinación que tomó el Departamento de Educación en torno al cierre de seis escuelas en Arecibo, porque entendemos que la propuesta más sensible a la educación de nuestros estudiantes y trabajadores escolares será la de traspasar la administración de las instituciones a los municipios o entidades privadas dispuestas a desarrollarlas”, explicó Molina Rodríguez.

Mientras, el alcalde de Orocovis, Jesús E. Colón Berlingeri, repudió el cierre de las tres escuelas de su municipio y exigió que se reconsidere la decisión.

Opuestos al cierre

Desde el anuncio de cierre, a diario se manifiestan voces
1 Escuela José D. Rosado de Bajuras, de Vega Alta: manifestación junto con el alcalde
2 Escuela Playa Grande, de Vieques: la directora reclama que es la que tiene mayor matrícula.
3 Escuela de Béisbol, de Comerío: el senador Axel “Chino” Roque exige intervención del DE.
4 Escuelas de San Lorenzo: el alcalde se reunió con senadores.
5 Escuela Horace Mann, de Cataño: vigilia
6 Escuela Cristóbal Colón, de Bayamón: protesta
7 Escuela Julio Lebrón de Castañer, de Lares: protesta

Educación envía guía para el manejo de manifestaciones

El subsecretario asociado del Departamento de educación, Eligio Hernández Pérez, envió un comunicado en el que detalla las maneras en que la agencia permite cómo manifestarse.

Entre las instrucciones, informan que el personal de las escuelas no podrá participar en horas laborables de manifestaciones, y que, si lo hiciera, e interrumpiera el tiempo de clases, “se considerará tiempo no trabajado, por lo cual no recibirá su paga por este tiempo y podrían estar expuestos a medidas disciplinarias”.

Sobre la ubicación de cartelones y propaganda, el comunicado entregado recalca que, según el acuerdo entre el Departamento y la Asociación de Maestros, el único espacio donde podrán colocar información es “en los tablones de edictos de la escuela”.

Por otro lado, en caso de que algún medio de comunicación se presente al plantel, continúa el informe, tendrán que informar de manera inmediata a sus respectivos directores regionales, a fines de canalizar cualquier petición de información o entrevista.

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