Columnista: Jerohim Ortiz Menchaca
Hace dos años se creó la primera coalición compuesta por diversas organizaciones y sectores para enfrentar lo que entonces era el proyecto de ley PROMESA.
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Era la primera humilde pero contundente respuesta del país ante el nuevo atropello que el Congreso de Estados Unidos pretendía hacer contra los puertorriqueños.
Los que formamos y participamos activamente de ese proceso expresamos alto y claro, en innumerables ocasiones, que la Junta de Control Fiscal no vendría a ayudar sino a saquear. Dijimos que no resolverían ninguno de nuestros problemas sino que los agravarían provocando aún más miseria. Advertimos que el fracaso y la crisis humanitaria serían de tal magnitud que pronto estaríamos buscando otra alternativa habiendo perdido tiempo de recuperación valioso.
En aquel momento, las encuestas y sondeos que se hacían ubicaban el rechazo a la Junta en 50 %. La otra mitad apoyaba la medida porque, aunque vergonzosa y colonial, entendían que esta, por ser una creación del gobierno estadounidense, vendría a investigar y meter presos a los políticos corruptos criollos, a pesar de que el proyecto en nada tenía que ver con esa elucubración.
Nuestros políticos estaban más perdidos que un juey visco. Solo unos pocos la rechazaban.
Otros arrodillados asumían una posición de docilidad inconforme al decir que no valía la pena luchar contra eso, porque, hiciéramos lo que hiciéramos, ella vendría.
Otros, de ambos partidos tradicionales, le dieron la espalda al país a sabiendas de lo que significaría y la apoyaron abiertamente diciendo que el stay a las demandas por impago y la moratoria a la deuda era más importante que los poderes que la Junta tendría, y que debíamos acostumbrarnos a trabajar bajo su tutela.
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Hoy, dos años más tarde, se presupuesta que la Junta nos costará unos $1,400 millones en los próximos 5 años. Asimismo, actualmente enfrentamos más de 30 demandas el Tribunal Federal, se presupuestan casi 6 mil millones de dólares para pago a bonistas, no se ha alcanzado ningún tipo de acuerdo con nuestros acreedores, la corrupción de nuestra clase política sigue en niveles astronómicos y la pobreza y emigración han ido cada vez en aumento, mientras los empleos siguen decayendo.
Es decir, la Junta no ha servido ni para lo que pensaba la mitad del país y políticos, ni para lo que el proyecto pretendía. Tal como adelantamos, PROMESA ha sido un absoluto fracaso.
Hoy el rechazo a la imposición del Congreso es evidente por no decir casi unánime en el país.
Con excepción del gobernador Ricardo Rosselló, que sigue jugando al niño obediente con la Junta, estamos de acuerdo en que la ha sido un fracaso y que es necesario buscar otro camino para resolver el entuerto puertorriqueño.
¿Ahora qué procede?
En lo inmediato se deben enfrentar las medidas de cierres de escuelas, reformas laborales, reducciones de pensiones y demás en los tribunales, en las calles, en los medios, en cada foro que podamos. Pero eso no es suficiente.
Es imperativo presionar cada vez más insistentemente a nuestro gobierno para que no desembolse ni un solo centavo a la Junta. Ello podría provocar que el ente federal incaute las cuentas de nuestro gobierno o, en su defecto que decida someter una moción ante el Tribunal Federal para retirar su recurso bajo el Titulo III de PROMESA que da la posibilidad, en teoría, de reestructurar la deuda.
Si bien esto podría acarrear consecuencias, no es nada comparado con las que tendrá el plan fiscal que esta siendo implementado.
Es necesario tener en cuenta que la Junta de Control Fiscal tiene un poder dictatorial sobre Puerto Rico y que por eso luchar contra ella no será nunca efectivo si solo la enfrentamos a ella. Hay que ir a la fuente de su poder que es el Congreso y atacar la raíz del problema con un mensaje claro que ellos comprendan y que les sea factible.
En ese sentido debemos plantear como país: Primero, que pretendemos resolver este problema en cinco años.
Segundo, que para ello es necesario imponer una moratoria a la deuda y viabilizar un proceso de auditoría y reestructuración en manos de los ciudadanos puertorriqueños pero que deberá llevarse ante el Tribunal de quiebras de Estados Unidos.
Tercero, que es vital y esencial resolver en ese periodo el problema del estatus político de una vez por todas y que tiene que existir un compromiso expreso a través de legislación federal y criolla de que iniciarán negociaciones para darle conclusión al dilema colonial en ese periodo e iniciar la transición hacia el estatus negociado, votado y pactado con Estados Unidos.
Cuarto, que Puerto Rico deberá establecer una Comisión de la Verdad compuesta por ciudadanos de probada capacidad e integridad que, con base en los hallazgos de la auditoría, investigarán y presentarán cargos contra todos aquellos funcionarios que le fallaron al pueblo.
Quinto, que estableceremos un proceso conjunto para reorganizar y reestructurar nuestro gobierno progresivamente en la próxima década, asunto que deberá contar con el apoyo y asesoría de las mejores universidades de Puerto Rico y Estados Unidos, pero que estará en manos del pueblo de Puerto Rico.
El asunto esencial de esta propuesta es que ya que decidimos rechazar y luchar contra la Junta pero no podemos ir al Congreso con manos vacías. Hay que llevar una propuesta alternativa que pueda aunar nuestras voluntades acá y que sea aceptable dentro del imaginario político estadounidense.
Los días más asiagos y crudos están por venir, pero, ya que todos(as) hemos llegado a la conclusión de que la Junta no es el camino, nos corresponde trazar otro y, en el proceso, creceremos y venceremos.
