Habrá que esperar al “futuro” para saber si el gobernador Ricardo Rosselló firmará la Resolución Conjunta del Senado 215, aprobada ayer en la Cámara Alta y que tiene el propósito de paralizar el desembolso de fondos de Hacienda a la Junta de Control Fiscal (JCF).
Según el primer ejecutivo, “el enfoque” de su administración será impedir que el ente creado por el Congreso de los Estados Unidos no se exceda en sus funciones al solicitar la implementación de medidas de política pública, como lo es la reducción de beneficios marginales para la clase trabajadora.
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“En el futuro, hay alternativas para todo. Ahora mismo mi único enfoque es que no usurpen el poder del Gobierno de Puerto Rico”, soltó el mandatario luego de la insistencia de la prensa. Al tiempo, agregó: “Puerto Rico es una jurisdicción de ley y orden. Yo respeto la facultad que tiene la Asamblea Legislativa para expresarse y para establecer sus puntos de vista y su visión”.
La Resolución Conjunta 215, propuesta por el senador independentista Juan Dalmau, fue aprobada ayer por unanimidad. Por tratarse de una resolución conjunta, funciona como un proyecto de ley y debe ser aprobado por la Cámara de Representantes y firmada por Rosselló.
De acuerdo con el documento, la JCF en su primer año procuró un presupuesto de $31 millones, elevó su presupuesto a $60 millones para el año fiscal en curso y solicita la adjudicación de $80 millones para el año subsiguiente. Para Dalmau, su medida “se trata del Gobierno de Puerto Rico negándose a cumplir con una legislación federal, precisamente porque somos territorio y colonia. Es una imposición antidemocrática”.
No acata órdenes de la JCF
En la misma rueda de prensa, Rosselló —junto con el liderato de la mayoría parlamentaria— anunció que los planes fiscales que entregarán mañana a la JCF no incluirán las medidas de política pública que solicitaron implementar.
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“Lo que no vamos a permitir es que nos reten y que nos quiten el poder de tomar las determinaciones de política pública para poder lograr no tan solo los objetivos fiscales, sino lo más importante: el bienestar de todos los puertorriqueños”, agregó Rosselló.
Tatito Hernández pide erradicación de Promesa
El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, radicó una resolución en la que manifiesta un “total y absoluto rechazo” a PROMESA, y asegura que su implementación ha sido un fracaso. En la resolución concurrente 71, señaló que el Congreso debe aprobar un nuevo método de negociación directa para solucionar el problema fiscal del país, así como su estatus político.
“Necesitamos sustituir PROMESA con un mecanismo efectivo, transparente y sin intermediarios entre el Congreso federal y el Gobierno de Puerto Rico. Ese mecanismo debe atender con premura la situación fiscal, económica y social del país. Además, debe contar con un marco legal que permita la reestructuración de la deuda”, manifestó Hernández Montañez.