Quien lee el proyecto propuesto por la actual administración del gobernador Ricardo Rosselló (Proyecto de la Cámara 1481 y su versión senatorial 860), descubre que el mismo ignora a los municipios en el importante tema de la retribución por el uso de terrenos y facilidades municipales por al actual Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y no expone ni una palabra sobre lo que pasaría con la contribución en lugar de impuestos (CELI) en el caso de que se vendan los activos de la corporación pública, según una denuncia que hizo esta tarde el presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Rolando Ortiz Velázquez en una ponencia ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes.
Acompañado de la licenciada Gretchen Hau, directora ejecutiva de la entidad, el también alcalde de Cayey expuso las reservas del gremio en cuanto al mencionado proyecto, con la intención de que se enmiende el mismo para aclarar su lenguaje y asegurar que este no tenga efectos económicos adversos sobre las atribuladas finanzas de los 78 municipios de Puerto Rico. Los alcaldes de Yabucoa, Rafael Surillo, de Loíza, Julia Nazario, de Corozal, Sergio Torres y de San Lorenzo, José ‘Joe’ Román, fueron parte de la comitiva de alcaldes presentes en la vista pública.
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“Nosotros entendemos el esfuerzo legítimo de darle a Puerto Rico un sistema eléctrico más fuerte, moderno y eficiente, pero el proyecto que estamos viendo hoy plantea interrogantes sobre el impacto que ello tendría sobre los recaudos de los municipios y el establecimiento de nuevas obligaciones económicas para todos los municipios”, argumentó el alcalde de Cayey.
En su ponencia, Ortiz Velázquez recordó que el año 2004 se enmendó la Ley Orgánica de la AEE para establecer un esquema de compensación para los municipios en sustitución al pago de impuestos sobre bases o criterios objetivos que permitiera estimar mejor lo que cada ayuntamiento obtendría por dicho concepto. De ahí viene la contribución en lugar de impuestos (CELI). “Este Proyecto de la Cámara 1481 guarda silencio sobre cuál sería el esquema de retribución que recibirían los ayuntamientos bajo el modelo de privatización de la corporación pública y más aún sí las nuevas entidades que establecerán arreglos o adquieran los activos de la corporación, estarán obligados a pagar el CELI”.
El presidente de los alcaldes asociados, quien también es abogado, sentenció que “tal y como está redactado el proyecto de ley, el proceso de privatización se enmarcaría en el andamiaje de la Ley para Alianzas Público-Privadas, que establece que las entidades gubernamentales participantes están exentas de todo tipo de impuesto sobre propiedad mueble o inmueble por el tiempo que se establezca en el contrato de alianza. Ante este lenguaje, se podría interpretar que la CELI no procedería bajo un esquema de venta de activos de la AEE o bajo acuerdos de APP con un contratante privado. Ante la falta de claridad, es indispensable que se enmiende el proyecto para aclarar el destino de la CELI o en su ausencia, que se establezca la obligación de pago de contribuciones sobre la propiedad mueble o inmueble por parte del contratante en el modelo de APP o como nuevo titular del activo que sea de la AEE”.
Ortiz Velázquez finalizó expresando que no hay duda que el Proyecto de la Cámara 1481 “podría ser de utilidad para promover el desarrollo de un sistema energético mucho más eficiente y moderno para el país, pero la falta de claridad, en cuanto al tema del CELI y el impacto que ello tendría sobre las arcas municipales, ameritan una revisión del mismo”.
