Aunque el gobernador Ricardo Rosselló Nevares aseguró ayer en que el plan fiscal que presentará el jueves no incluirá el recorte a las pensiones, ciertamente es una de las propuestas en que más ha insistido la Junta de Control Fiscal.
Sin embargo, la medida de reducir en un 10 % las pensiones de aquellos que cobren más de mil dólares, para julio de 2019, podría afectar seriamente aún más la economía, según indicaron economistas consultados por Metro.
José Alameda, economista y profesor, advirtió que la propuesta de la Junta será adversa, pues “va a haber un daño, obviamente, a una serie de personas que los va a convertir en casi pobres, si no es que ya son pobres, porque lo que reciben aquí de pensión no es una maravilla”.
Planteó que si la propuesta de recorte a pensiones se suma a las demás políticas de austeridad, terminará de empobrecer al país. Alameda anticipó que, si la Junta impone esta medida, los niveles de pobreza aumentarían, así como los niveles de indigencia.
“Van a necesitar la asistencia de la familia, como ha pasado con los que se retiraron de la diócesis, que han tenido los familiares que socorrerlos, y muchos han tenido que irse de Puerto Rico”, explicó.
Indicó que, no solo el recorte a las pensiones, sino políticas como la reforma laboral que luego fue eliminada, planteaba desde el inicio un modelo que empobrecería a la mayoría de la clase trabajadora.
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Con Alameda coincidió la catedrática Martha Quiñones, quien señaló que, con la imposición, se trastocaría el retiro del 60 % de los pensionados.
Planteó que el recorte en este dinero “influye en el consumo en Puerto Rico y el consumo es una de las variables principales que tiene el Producto Interno Bruto, lógicamente en la demanda agregada en Puerto Rico”.
“Al reducir la cantidad de ingresos que tienen las personas que son el 60 % de la población (de pensionados) en Puerto Rico, según las últimas estadísticas, se está afectando el consumo que la gente pueda hacer a diferentes bienes y servicios que se dan en la economía”, añadió Quiñones.
Mencionó que la medida traería diversos problemas, como el precio de los medicamentos y salud que “son cada vez más costosos para las personas con menos ingresos. Además, el problema de consumo en otros bienes y servicios, como los alimentos, o el pago de la renta, el agua, la luz, el teléfono”.
“Los va a llevar a la indigencia porque tienen que determinar en qué van a gastar el dinero”, sostuvo la experta en Economía.
Ayer, el gobernador reiteró que el próximo jueves someterá un plan fiscal que dejará fuera el recorte a pensiones.
“La Junta continúa insistiendo en una reducción promedio del 10% de los beneficios de pensión en todos los sistemas de jubilación del Gobierno. Sin embargo, cualquier cambio en los beneficios de pensión requiere una acción legislativa. El Gobierno se opone a estas medidas adicionales de reducción de las pensiones porque imponen una carga desproporcionada a los trabajadores y jubilados de Puerto Rico”, sostuvo el primer ejecutivo en la misiva.