El mar continúa tomando su lugar en la isla, tragándose edificaciones construidas en las costas afectadas por la erosión y la llegada de fenómenos naturales más fuertes a consecuencia del cambio climático, pero en Puerto Rico todavía no se vislumbra abandonar la práctica de erguir inmuebles en estas zonas.
Parar de sopetón esta práctica, según la propia presidenta de la Junta de Planificación (JP), María Gordillo, “sería la mejor alternativa”. Pero de acuerdo con la funcionaria, no es posible ignorar otros aspectos de la “ecuación” que complican el panorama, y que considera que no permiten un cambio rápido de política pública.
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Para Gordillo, serían necesarios un sin número de estudios, como, por ejemplo, conocer el impacto económico que tendría en los pueblos costeros y en otras áreas inundables, cuya economía podría girar alrededor de alguna construcción. Además, la tarea es amplia, porque según datos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la JP, en Puerto Rico hay unas 200,000 edificaciones posicionadas dentro de zonas inundables regulatorias, identificadas en los mapas de la agencia. Al momento de nuestra entrevista, la presidenta no tenía a la mano el dato de cuántas están próximas al mar.
“Hay cosas que entran en la ecuación. Hay que ver cómo se afectan los derechos de propiedad. [No es posible] hacerlo sin saber el impacto económico […] Los reglamentos han permitido ciertas cosas con ciertas condiciones y, en ocasiones, se necesitan estudios de mucha envergadura”, indicó Gordillo en entrevista con Metro.
Pero ante los eventos de los pasados meses, que incluyen dos huracanes y actividad de marejadas ciclónicas, Gordillo indicó que la JP adoptará nuevos mapas de zonas inundables y enmendará el reglamento que rige cualquier nueva construcción o reparación en estas áreas. Los cambios, acotó, deberían pasar por vistas públicas. Sin embargo, la temporada de huracanes comienza nuevamente el primero de junio, así que el gobernador Ricardo Rosselló estaría firmando en los próximos días una certificación de emergencia que pondría en vigencia los estatutos por un tiempo limitado, mientras realizan las acciones correspondientes, explicó la planificadora.
“Cualquier nueva construcción tendrá que coger ese mapa de referencia, cualquier nuevo arreglo sustancial de una casa tiene que regirse por estos nuevos mapas. Si estuvieran en una zona inundable costera, debe ser una estructura elevada. Si fuera un negocio, la estructura debe ser sellada”, sostuvo.
Al día de hoy, en Puerto Rico se construye partiendo de datos que toman en consideración los efectos de huracanes categoría tres, y que fue acogida por la JP en el año 2009. El nuevo reglamento, así como los mapas de zonas inundables, estarían acordes con la información recopilada por FEMA y la JP luego del impacto del huracán María, que llegó a la isla categoría cuatro el pasado 20 de septiembre.
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“Se va a enmendar el reglamento 13 (Reglamento sobre áreas especiales de riesgo de inundación). De hecho, la certificación de emergencia nos permitiría que entre en vigor en este momento, pero pone a nuestras espaldas la premura de llevarlo a vistas públicas en un periodo no mayor de 90 días (aunque puede extenderse a 120) porque perdería efectividad”, explicó.
Empero, los mapas y el nuevo reglamento, que se proyecta estén accesibles al público vía Internet, no cambiarán los planes de quienes están construyendo con permisos del pasado, basados en los precedentes de huracanes más débiles que María.
“Si ellos tienen sus permisos de construcción, siguen construyendo conforme a esos permisos. La reglamentación no es retroactiva, es prospectiva”. Pero finalmente, aceptó, “tenemos que hacer una política pública más agresiva”.
Pedido urgente de una nueva política pública
Para el profesor Ruperto Chaparro, experto en manejo de costas del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, es imperativo implementar ya una política pública que redunde en un alto a la construcción cerca de las costas —y otras zonas inundables— de Puerto Rico. Los fuertes huracanes Irma y María, así como las marejadas ciclónicas y otros posibles eventos climáticos serán cada vez más fuertes, continuó, a causa del cambio climático.
Al final, explicó el profesor y director del programa Sea Grant Puerto Rico, los más afectados serán los seres humanos, quienes continuarán siendo desplazados de sus hogares y cuyos recursos económicos —como el turismo— quedarán golpeados por el mal estado de las playas.
En días recientes, por ejemplo, hemos visto cómo varias residencias del barrio costero Boca en Barceloneta han sido amenazadas por las fuertes marejadas y la falta de arena en la playa continua. En la playa La Pared, en Luquillo, donde había arena para transitar en la orilla, ahora solo hay rocas, por el impacto de las marejadas ciclónicas de marzo.
La primera parte de esa nueva política pública, según Chaparro, debe ser rehabilitar lo afectado de forma “resiliente”, no igual a como estaba antes.
“En Rincón, Isabela y Aguadilla, todo el mundo tiró piedras donde mismo estaban. Aquí en Cabo Rojo, Joyuda, todos esos sectores se arreglaron y se pusieron las verjas donde mismo estaba”, criticó.
Por otra parte, las playas, de acuerdo con Chaparro, necesitarán una inversión millonaria para rehabilitarse de la erosión. Tan solo en Rincón, volver a poner arena en unas cinco millas de costa podría rondar en los $40 a $60 millones.
“Para hacer resilientes las costas de Rincón, tienes que volver a traer arena, porque los hoteles y los restaurantes dependen del turismo de las playas. Si no es eso, tendrás entonces que traer otros modelos de turismo para que no decaiga”, argumentó.
