El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, cursó una carta a la Junta de Control Fiscal (JCF) en la que reafirma su postura en contra de medidas que ha exigido el ente creado por legislación federal.
Según detalla, Rosselló asegura que presentará a la JCF el plan fiscal revisado el próximo jueves. Sin embargo, el primer ejecutivo asegura que no incluirá las propuestas presentadas por la Junta, ya que según él, estas medidas caen sobre el Poder Legislativo y Ejecutivo, y no se pueden imponer a través de un plan fiscal, pese a que estos tienen que certificarlo, ya que así lo dispone la ley federal.
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“El Gobierno no permitirá la toma de estos poderes, y por lo tanto, no implementaremos muchas de las revisiones sugeridas, sentenció Rosselló en la misiva.
Entre las propuestas rechazadas se encuentra la reforma laboral, medida que retiró el primer ejecutivo la semana pasada. En la comunicación, Rosselló reitera el compromiso que tiene su administración para incrementar la participación laboral, pero rechaza la eliminación de beneficios, como el bono de Navidad y días de vacaciones y enfermedad, sin un aumento de salario, tal como indicó la Junta.
Otra de las medidas que no se incluirá en el plan fiscal revisado será la revisión a la llamada “crudita”, ya que el mandatario asegura, en la carta enviada a la Junta, que esto recae sobre el poder de la Asamblea Legislativa.
Asimismo, el primer ejecutivo se expresó en contra de la limitación del uso de vehículos a base de los números de licencia porque “esto pone en peligro la movilidad de la ciudadanía a sus lugares de trabajo”.
Sin embargo, el gobernador Rosselló aseguró que seguirá con los planes para desarrollar la regionalización, los condados y la movilización voluntaria de reos a instituciones en otras jurisdicciones de Estados Unidos, por los ahorros que representan en las operaciones diarias del Gobierno.
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A pesar de que en la carta reconoce áreas en las que la actual administración coincide con el ente federal, Rosselló advirtió que, “en caso de que la Junta decida certificar un plan fiscal que muestre un exceso de sus facultades, sepa que el Gobierno electo por el pueblo ejercerá su discreción al implementar aquellas medidas que considere apropiadas y en el bienestar público”.
Presión en el Congreso por Puerto Rico
La carta que cursó el Comité de Recursos Naturales del Congreso a la Junta de Control Fiscal en el fin de semana pone en evidencia una presión política del Congreso a Puerto Rico.
Así coincidieron dos analistas políticos consultados por Metro, luego de que el presidente Rob Bishop cursara una carta al ente federal en la que pide cuentas y manda a la Junta a tomar control sobre las negociaciones con los bonistas para que se les pague.
El analista Domingo Emanuelli sostuvo que la carta “no es otra cosa que una gestión de cobro de algo que les corresponde a los bonistas”. En ese sentido, demandó la importancia de que el Gobierno de Puerto Rico establezca un acuerdo de pago con los bonistas.
“La gente habla mucho de la juez (Taylor) Swain, pero esto no va a acabar en la juez Swain, esto va a acabar en el Congreso”, dijo Emanuelli.
Mientras, reprochó que el Gobierno estatal se haya “olvidado de que, de alguna forma, tienen que llegar a un acuerdo con los bonistas, porque los bonistas son los que están metiendo presión ante el Congreso para que los chavos no lleguen a Puerto Rico, tan es así que aquí en Puerto Rico dicen que hay tantos billones aprobados, pero no llega nada”. Reiteró que se debe establecer el acuerdo con los bonistas para así resolver la situación de Puerto Rico que, a su juicio, no solo incluye los $72 mil millones y al huracán María, sino también a la situación colonial del país.
Sobre la carta, el analista manifestó: “Eso es una carta como agente de cobro de los bonistas, y por eso es que digo que es una amenaza de que hasta que no se les pague a los bonistas no va a haber adelanto de los fondos”.
Por su parte, el analista Luis Balbino señaló que la presión que ejercen los congresistas republicanos desde Washington va dirigida a la reducción de beneficios que impone la Junta.
“La carta de Bishop a la Junta es la demostración de la presión política de Washington, en que el gobernador no ha tenido la fuerza de voluntad para enfrentarse a ellos”, expresó Balbino.
Detalló que “el Partido Republicano en el Congreso ha insistido en reducirles los beneficios a los trabajadores puertorriqueños, y el gobernador ha demostrado que responde a esas presiones y no tiene la fuerza el carácter y liderato para enfrentar esas presiones”.
Bishop, en una misiva de tres páginas, volvió a recordar los poderes concedidos bajo PROMESA por el Congreso para que se resuelva la crisis fiscal y se fomente la economía boricua.
Posturas encontradas sobre plan fiscal
Balbino planteó, además, que con el choque entre el Gobierno y la Junta por el plan fiscal y la eliminación de la reforma laboral evidencian que “el Gobierno demostró, bajo presión de grupos republicanos, que está dispuesto a recortar beneficios a trabajadores puertorriqueños”.
“Esta administración ya demostró que está dispuesta a responder a esas presiones y que está dispuesta a negociar los derechos de los trabajadores a cambio de ventajas políticas temporales”, criticó el analista.
En cambio, Emanuelli expuso, por su parte, que el gobernador “se ha amarrado con el pueblo puertorriqueño en términos de lo que el está haciendo”.
“La Junta, prácticamente lo que estaba era colocando al gobernador unas medidas mucho peores que las que el gobernador estuvo, en un momento, dispuesto a aceptar”, dijo en reacción a la eliminación de la reforma, anuncio que realizó el mandatario el pasado miércoles. JUAN marrero delgado colaborÓ en esta historia.
