Reto para la JCF pasar sobre Legislatura para implementar reforma laboral

El gobernador Ricardo Rosselló propuso una reforma laboral que encontró oposición entre los miembros de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (aunque el proyecto de ley no ha sido sometido), pero que está acorde con peticiones que ha hecho la Junta de Control Fiscal en el pasado mediante su directora ejecutiva, Natalie Jaresko

Por Ronald Ávila Claudio

“Es un área gris” el poder que tiene la Junta de Control Fiscal (JCF) para poner en marcha una reforma laboral de oponerse la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, explicó ayer a este medio el abogado experto en quiebras John Mudd. Y es que, en los pasados días, el gobernador Ricardo Rosselló presentó sus ideas para transformar el trabajo en la isla, que incluyen la reducción de beneficios marginales, pero las políticas han encontrado oposición hasta en legisladores de su propio partido.

No obstante, la página 114 del Plan Fiscal presentado ante la JCF por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) incluye las medidas de Rosselló, quien propone, entre otros asuntos, la reducción de los días de vacaciones y enfermedad a solo siete y hacer opcional el bono de Navidad. Así las cosas, continuó Mudd, de certificarse el Plan Fiscal, estas ideas tendrían que implementarse, porque así lo establece la Ley Promesa, legislación congresional que creó a la JCF.

“Siempre y cuando algo esté en el Plan Fiscal eso se tiene que cumplir. Pero, yo no estoy seguro de que Promesa obligue a la Legislatura a hacer algo”, soltó el abogado.

Indicó, además, que la JCF tendría que ir a la corte de quiebras para exigir el cumplimiento del Plan Fiscal. Este sentido, agregó, el organismo tiene una ventaja porque aunque la Ley Promesa no es clara en la implementación de estas medidas, sí detalla que una vez certificados los planes deben cumplirse.

Largo el camino para aprobar la reforma laboral

Tal parece que el augurio de que se decidirá en la corte de quiebras la aprobación de las medidas del gobernador podría hacerse realidad. La semana pasada, medios de prensa reseñaron que cerca de doce legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) estaban en desacuerdo con lo propuesto por Rosselló, así como las delegaciones de minoría. Además, hay une escaño vacío luego de la expulsión del representante Ramón Rodríguez Ruiz, así que el proyecto no tendría los votos.

Sin embargo, en el Senado el panorama aún no está claro, pues han decidido reservarse su opinión hasta tener el Proyecto de Ley en sus manos, comentó el portavoz del PNP, Carmelo Ríos, también la semana pasada.

Precisamente, ayer Metro contactó a varios senadores, incluyendo a Migdalia Padilla, Abel Nazario y Carlos Rodríguez Mateo, y todos concordaron con las expresiones del líder de la mayoría senatorial.

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