El plan fiscal del Gobierno central contiene más estimados de ayudas federales para la reconstrucción, una proyección de decrecimiento económico menor a la anterior, así como una baja poblacional estimada menor a la del plan fiscal pasado. Sin embargo, los recortes a las partidas de educación, salud y en seguridad pública son mayores a las del pasado borrador.
El plan indica que el recorte para el Departamento de Educación será de $466 millones para el año fiscal 2023, cuando en el borrador entregado en enero la reducción se estimaba en $303 millones. En el caso del Departamento de Salud el impacto económico también aumenta a $121 millones de $86 millones que proponía en el documento anterior. El Departamento de Seguridad Pública tendría un impacto de $95 millones que no se contemplaban en el plan anterior.
El documento de 122 páginas indica que se espera una baja en el Producto Nacional Bruto de -10.6% para el año fiscal 2018, seguida por un aumento de 7.3% para el año fiscal 2019. El plan de enero contenía un decrecimiento económico de 11.2% para el año fiscal 2018, mientras que para el año fiscal 2019 registraba un incremento de un 7%.
Mientras, el informe entregado a la Junta de Control Fiscal (JCF) indica un estimado de baja poblacional de -6.4 para el año fiscal 2018, mientras que el plan anterior tenía una baja poblacional de -7.7%. “La población se estima conjuntamente con el PNB. La estimación se basa en datos históricos desde 1965”, indica el Gobierno en el plan. “El Nuevo Plan Fiscal adopta proyecciones demográficas calculadas por Lyman Stone, un experto en demografía”, agrega.
El nuevo documento revisado también incluye una mayor partida por concepto de ayudas federales que el anterior. En enero se elaboró un plan fiscal que incluía $35,300 millones del Federal Disaster Refief Assistance y $21,900 millones provenientes de las aseguradoras privadas. En esta ocasión se proyectan $49,200 millones de ayudas federales y los $21,900 de aseguradoras privadas.
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Programa Build Back Better
Según el documento, el trato diferente que le da Estados Unidos “ha sido un factor determinante para nuestra crisis fiscal” . Además, indica que el paso del huracán María es una oportunidad para rediseñar componentes de infraestructura y hacerlos más resilientes. Para esto menciona iniciativas como el programa “Build Back Better”, para el que solicitaron al gobierno federal la cantidad de $94,400 millones. También estima que los daños ocasionados por el huracán categoría 4 ascienden a $31,500 millones. El 13 de noviembre de 2017, el Gobierno presentó una solicitud formal de asistencia federal suplementaria, titulada Build Back Better Puerto Rico.
Del dinero solicitado, el 33% se destinaría para Vivienda, 19% para el sistema eléctrico, 16% para salud, 9% educación y escuelas y un 23% en otros. El plan indica que al 20 de marzo de 2018 se le había otorgado a la Isla $20,635 millones en ayudas federales.
Contempla superávit
El nuevo documento, publicado en la página de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), indica que esperan un superávit de $6,000 millones para el año fiscal 2013, esto “después de implementar todas las iniciativas de transformación del gobierno y las reformas estructurales, e incorporar el apoyo federal recibido relacionado para asistencia sanitaria y asistencia en caso de desastres”.
Sin embargo, indica que en el año fiscal 2018 necesitarán financiamiento adicional para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
Entre las medidas de ahorro incluyen la propuesta del nuevo Gobierno (que busca reducir las agencias de 115 a 35), reducción de los subsidios, reforma de salud y contributiva, entre otros. Al igual que el documento de enero, este no incluye dinero para el servicio de la deuda. Además, incluye la reforma a beneficiarios del PAN, así como la nueva reforma laboral presentada por el gobernador Ricardo Rosselló recientemente.
Según el plan fiscal, la eliminación de la Ley 80 y del bono de navidad mandatorio serían eliminados tres años después de que se firme la ley que propone el Gobierno. Mientras, los siete días de enfermedad y de vacaciones están propuestos para todos los empleados del sector privado, con una vigencia a partir del 1ro de enero de 2019.