La alcaldesa de Canóvanas Lornna Soto Villanueva reiteró hoy su solicitud para que el Gobierno central se exprese sobre su petición para administrar directamente más de $72 millones del Departamento Federal de Vivienda (HUD) del Presupuesto para la Rehabilitación de Desastres de los Fondos en Bloque para el Desarrollo Urbano y Vivienda (CDBG-DR).
Soto Villanueva interesa usar los referidos fondos federales para rehabilitar unidades de vivienda e instalarle elementos de eficiencia energética tales como calentadores solares, cisternas de agua, enseres tipo Energy-Star, pagos para alquiler de residencias, electricidad y agua mientras se reparan las propias, adquisición de edificios declarados estorbos públicos para reconstruirlos y pagar los prontos y gastos de cierre para que familias de escasos recursos compren su propia casa.
Entre las propuestas de la ejecutiva municipal para usar los fondos de CDBG-DR figura una a un costo de $25 millones para desarrollar un sistema de cogeneración combinada de electricidad y térmica (CHP, por sus siglas en inglés, o Combined Heat and Power) para mantener las viviendas energizadas aún durante emergencias atmosféricas.
Según Soto Villanueva, este proyecto beneficiaría 800 familias de los sectores Añoranza, Las Yayas, Los Café, la Condesa, Villa Sin Miedo, Quebrada Prieta, Las Magas y Los Castro.
Otro de los proyectos propuestos por la alcaldesa conllevaría la rehabilitación reparación o reconstrucción de 300 unidades de viviendas a un costo de $60,000 cada una, con una inversión total de $18 millones, especialmente en los barrios San Isidro, Campo Rico y La Central, los cuales incluirían, además, la eliminación de barreras arquitectónicas para el beneficio de personas con impedimentos y envejecientes.
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Una de las propuestas consiste de la inversión de $10.5 millones para instalar placas solares con inversores y baterías capaces de operar enseres eléctricos básicos y equipos médicos en más de 700 unidades de vivienda de los sectores Cubuy, Lomas y Las 400.
Otra de las propuestas es para sufragar el pago de pronto y gastos de cierre hasta $30,000 por unidad para que 300 familias puedan comprar una vivienda con un costo total de $9 millones.
Asimismo, la alcaldesa presentó una iniciativa que conllevaría el uso de $6.6 millones para adquirir 44 propiedades declaradas estorbos públicos en las comunidades San Isidro, La Central, Loíza Valley y Campo Rico a un costo de $150,000 cada una y rehabilitarlas para convertirlas en unidades de vivienda para familias de escasos recursos y dotarlas de elementos de eficiencia energética y eliminación de barreras arquitectónicas.
Otra de las propuestas es para efectuar pagos de emergencia en unidades de vivienda en alquiler para 300 familias a un costo de $3 millones mientras se rehabilitan las suyas propias.
Soto Villanueva recordó que Canóvanas sufrió hace seis meses los embates de los Huracanes Irma y María con dos semanas de diferencia. Añadió que la Agencia Nacional Atmosférica y Oceánica (NOAA, por sus siglas en inglés) declaró a María como el Huracán del Siglo por los daños ocasionados a la propiedad y naturaleza.
“Como resultado a la respuesta inmediata de nuestro municipio en los procesos de recuperación, fuimos incluidos en las declaraciones de desastre por el presidente de los Estados Unidos para asistencia pública e individual, tanto para el Huracán Irma, como para el Huracán María”, expresó. “Canóvanas es uno de los pocos municipios incluidos en asistencia individual bajo el Huracán Irma”.
Reiteró que las agencias municipales, estatales y federales estimaron en más de $250 millones los daños a propiedad, comercios e infraestructura y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) identificó más de 15,000 unidades de vivienda afectadas por los huracanes, de las cuales, 800 fueron destruidas totalmente.
Agregó que las comunidades más afectadas fueron los barrios San Isidro, Alturas de Campo Rico y La Central, de donde provenían más de los 1,100 refugiados de Canóvanas.
Igualmente, la infraestructura del municipio fue severamente afectada por el colapso de dos puentes que dejaron incomunicados a miles de residentes de la zona rural, incluyendo los barrios Cubuy y Lomas, con daños estimados en más de $32 millones.
En el sector comercial, docenas de pequeños negocios cerraron operaciones permanentemente. Además, una de las mayores fuentes de recaudos para Canóvanas, The Outlets Mall, opera parcialmente al día de hoy. Esto representa 107 comercios sin operar desde el Huracán María y 900 empleos en suspenso y riesgo de perderse permanentemente, lo que equivale a millones de dólares esfumados en la economía del Municipio. El Hipódromo Camarero sostuvo daños ascendentes a $50 millones. Otros negocios, especialmente en sectores rurales, permanecen al día de hoy sin electricidad, lo que impide su operación normal. Este conjunto de renglones ha mermado en un 39 por ciento los recaudos municipales.
Según FEMA, Canóvanas es el tercer municipio de la Isla con mayores daños a viviendas, con un 47 % de su inventario de 14,590 unidades, o 6,789 residencias. Tan sólo en las 1,938 sin atender, sus costos representarían $87.237 millones.
Soto Villanueva enfatizó que sus propuestas cumplen con los reglamentos de HUD y su programa CDBG-DR para las administraciones municipales en la que la agencia ha delegado la administración de sus fondos y el desarrollo de proyectos de vivienda, como lo ha hecho durante las pasadas dos décadas Canóvanas.
“Quiero agradecer la oportunidad que se nos ha brindado a todos los alcaldes de poder participar activamente en este proceso del plan de trabajo de los fondos CDBG-DR”, reiteró la alcaldesa en su ponencia de la semana pasada en el Capitolio durante una audiencia pública del Senado. “Este primer paso es uno que muestra la intención del Señor Gobernador en directa alianza y colaboración con los alcaldes en representación de los municipios afectados”.
“A los funcionarios del Departamento de la Vivienda, no permitan que este esfuerzo termine aquí”, agregó el Proyecto del Senado 822. “No dejen que el ejercicio encaminado se quede sólo en un mero proceso de participación ciudadana para cumplir con los requisitos reglamentarios aplicables. Acepten nuestras propuestas de colaboración y cooperación y promuevan que nuestros municipios se integren en el esfuerzo de proveer los servicios que la ciudadanía más afectada necesita para poder salir adelante”.