Para los líderes del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), la nueva reforma laboral del gobernador Ricardo Rosselló es un “ empujón” para que los jóvenes del territorio emigren, pues reduce beneficios que incentivan el trabajo en la isla.
La medida, que fue presentada ayer por el primer mandatario, cambia los días de vacaciones y enfermedad a solo siete, y hace opcional el bono de Navidad para los empleados. No obstante, aumentaría el salario mínimo de $7.25 a $8.25 para el 2021 y un crédito por trabajo que podría llegar hasta los $2,000 anuales.
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“Este es un nuevo empujón para que la gente joven se acaba de ir. Cuando se reduzca aún más la población del país, ¿Qué pasará con los recaudos? ¿Qué ocurrirá cuando hayan menos personas jóvenes aportando a los sistemas de retiro?, indicó la exsenadora María de Lourdes Santiago, quien además instó al Gobierno a mostrar cómo medidas de austeridad anteriores se traducen en dólares y centavos.
Por su parte, el actual senador por el PIP, Juan Dalmau, sostuvo que una clase trabajadora “desmoralizada” y sin incentivos “no será productiva”, más aun con el salario promedio que devengan miles de trabajadores locales. Agregó que el anuncio de ayer de Rosselló es un “insulto”, porque se da luego de que los medios publicaron que el nuevo director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Water Higgins, tendrá un sueldo de más de $400,000 anuales.
Dalmau criticó, además, que varios funcionarios del gabinete del primer ejecutivo tienen salarios exuberantes a pesar de la crisis económica que vive Puerto Rico.
“El anuncio hecho por el gobernador ayer constituye una agresión. El director ejecutivo de la AEE tendrá un salario de medio millón. Tendremos una fuerza laboral empobrecida, que no puede consumir. Es una fórmula de fracaso. […] Hay una camarilla de funcionarios que tienen salarios Cadillac”, sentenció el senador pipiolo.
Mientras, el representante Denis Márquez advirtió que la nueva reforma laboral desprotege al empleado, por los cambios a la Ley 80 del 1976, que obliga a un empleados a indemnizar a un ciudadano tras despedirlo injustificadamente.
“La protección de la Ley 80 es el único mecanismo que le queda al trabajador ante un despido injustificado”, indicó.
