Por: Eliván Martínez mercado
Centro de Periodismo
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Este reportaje que se publica en Metro gracias a una alianza con el CPI. Puede acceder la nota en periodismoinvestigativo.com
Cuando el gobernador Ricardo Rosselló anunció en enero de 2018 la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), puso el letrero de venta a una corporación pública que ya había pasado una fallida y costosa fiebre privatizadora durante la administración del exgobernador Luis Fortuño, del mismo Partido Nuevo Progresista.
Tras caminar entre las placas fotovoltaicas de la finca solar AES Ilumina en Guayama, que en 2012 se inauguraban como una de las más grandes del Caribe, Fortuño resumió ante los medios su nueva filosofía de producir energía con sol y viento: “Esta estrategia de diversificación energética tiene como propósito primordial abaratar el costo de la luz en el futuro y proteger nuestro ambiente”.
Ninguno de los objetivos se cumplió.
Sólo 11 de los 60 proyectos contratados bajo la administración de Fortuño llegaron a ponerse en marcha. La mayoría ofrece energía a costos onerosos para la AEE, de entre 18 y 20 centavos el kilovatio por hora (kWh), tomando en cuenta que ese es, prácticamente, el mismo costo que ofrece la corporación pública a los consumidores en este momento.
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Por solo producir un 2 % de su energía con fuentes renovables, Puerto Rico se encuentra entre las naciones y territorios de la cuenca del Caribe con más dependencia de combustibles fósiles, como el petróleo, carbón y gas natural, según datos del Banco Mundial. Estos combustibles fósiles no solo contaminan, sino que emiten gases de invernadero que aceleran el calentamiento global.
“Si el issue fue el precio de la energía en Puerto Rico, ¿por qué entonces el precio no se bajó? El precio de referencia que dieron las renovables era exagerado. Tenemos que aprender de esos errores para que no se vuelvan a cometer”, Francirso Rullán, director ejecutivo de la Oficina Estatal de Política Pública Energética
La fiebre privatizadora de Fortuño en realidad tenía una fuerte motivación adicional: consumir, antes de que se terminara el plazo para gastar, los $7,000 millones en fondos federales de la Ley de Recuperación y Reinversión, mejor conocidos como fondos ARRA, que en 2009 había destinado el expresidente Barack Obama para gastos como infraestructura.
Fue tanta la presión ejercida desde la Oficina del Gobernador en el círculo decisorio de la AEE para lograr esos proyectos de energía renovable, que el Departamento de Justicia (DJ) la calificó como una intromisión indebida y determinó que se trató de un proceso “viciado”, según un documento de la agencia al que tuvo acceso el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). El proceso, sin guías para la contratación y sin un comité negociador fue tan precipitado que el Gobierno aprobó proyectos que excedieron la cantidad de energía que podía recibir la AEE, y se comprometió a pagar por más de lo que podía utilizar la red eléctrica de Puerto Rico, en “un claro despilfarro de fondos” públicos. Fortuño no estuvo disponible para entrevista sobre el tema.
Ahora, cuando el gobernador Rosselló quiere imponer un tope de 20 centavos el kWh, estos proyectos de energía renovable serán protagonistas durante las negociaciones que mantendrá la AEE para bajar las tarifas de las generadoras privadas, según dicta el plan fiscal sometido por el Gobierno a la Junta de Control Fiscal. La mayoría de las 13 empresas que actualmente le venden energía a la utilidad pública son las once de sol, viento y gas de vertedero. Las dos compañías adicionales son EcoEléctrica, que produce energía con gas natural en Peñuelas, y la planta de carbón AES Puerto Rico, en Guayama.
11 fueron los proyectos de energía renovable que se concretaron, de los 60 que se habían firmado bajo la administración Fortuño
La orden ejecutiva de Fortuño de 2009 y la Ley 82 de 2010 ordenaban mover al país a las renovables para lidiar con la volatilidad de los precios del petróleo. Pero la planta de paneles solares Windmar Renewable Energy, en el municipio de Ponce, resultó ser uno de los proyectos que más cara vende la energía a la AEE, pues cobra 20 centavos por cada kWh.
Windmar pertenece a Víctor González Barahona, un empresario que ha sabido posicionarse en la industria renovable residencial, comercial y gubernamental. En contratos adicionales a los proyectos de Fortuño, ha colocado placas solares en una decena de instalaciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, incluidas las plantas de tratamiento en las islas de Vieques y Culebra.
Windmar vende sistemas fotovoltaicos a residencias en Puerto Rico y el estado de Florida y, además, instala paneles solares que alquila la corporación tejana Sunnova, que domina el mercado renovable residencial en la isla y está siendo cuestionada ante la Comisión de Energía por sobrefacturación y por ofrecer equipos que dejaron de funcionar tras la destrucción causada por el huracán.
Windmar entró en el grupo de las renovables de forma precipitada: “El contrato se hizo sin permisos. Cuando el empresario escuchó al gobernador Fortuño decir que iba a moverse a energías renovables, le lanzó un reto para que lo conectara, porque la AEE no quería conectar su proyecto a la red. Fortuño lo aceptó, lo firmó y lo aprobaron al otro día. Es un ejemplo de cómo no se hacen las cosas”, dijo al CPI Juan Alicea, quien renegoció contratos y detuvo proyectos renovables cuando entró a dirigir la AEE en 2013.
González Barahona mantiene otro proyecto en Ponce, Windmar Vista Alegre, que vende a 19 centavos el KWh a la corporación pública. “A mí nadie me ha dicho que quiere bajar el precio”, sostuvo González sobre las dos instalaciones de Windmar que le venden energía a la AEE.
La empresa propuso otros cinco proyectos renovables que se encuentran entre el grupo de los que no llegaron a concretarse, como un parque eólico en el municipio de Guayanilla, que no tenía permisos y pretendía construir en una finca con yacimientos arqueológicos. La empresa había intentado desarrollar proyectos a escala utilidad desde 2002, antes de Fortuño, durante la administración de la exgobernadora Sila M. Calderón.
Uno de los errores de Fortuño
Ya la AEE estaba en medio de una crisis fiscal y no tenía dinero para desarrollar nueva infraestructura cuando buscó inversionistas privados con los que firmar los contratos de compra de energía, mejor conocidos como Power Purchase and Operating Agreement o PPOA’s. El costo de la energía que estaba vendiendo la AEE se había disparado hasta los 30 centavos el kWh. Ante los altos costos del petróleo, los proyectos de Fortuño ofrecían tarifas que parecían competitivas en 2012. Pero ya en 2016, quedó demostrado que no eran viables: como el costo del petróleo bajó, la AEE podía vender electricidad a 17 centavos el KWH, más barato que proyectos como Windmar.
Nueve de las 11 plantas de fuentes renovables tienen un escalador de la tarifa, que implica que va a subir anualmente entre 1 % y 2 %, y tienen contratos a 20 años, lo que asegura que el precio vaya en aumento e invalida la alegada expectativa de bajar los precios.
Además, nueve de los 11 contratos incluyeron unos 3 centavos en créditos de energía renovable llamados REC’s (Renewable Energy Certificates), que se añaden al costo de cada kWh.
Estos créditos los puede vender una empresa que genere energía limpia a otra empresa o utilidad que, por producir energía sucia, necesite aumentar su puntuación en el cumplimiento ambiental.
Por lo general, la industria crea un mercado y autorregula sus precios, explicó Efraín O’Neill, investigador de sistemas de energía en el Recinto Universitario de Mayagüez, pero en el caso de los proyectos de Fortuño, la AEE fijó el precio. “La AEE no tenía que meterse en eso de poner precios. Traicionó su deber de fiducia al país porque los REC los tiene que luchar el desarrollador en ese mercado, no dárselos automáticamente”.
Los costos mundiales del kilovatio hora para los proyectos solares, que fluctuaban en 2012 entre 20 y 37 centavos el kWh, bajaron dramáticamente hasta oscilar entre 1 y 3 centavos, lo que demuestra el cambio importante en la industria hacia la reducción de costos y que los precios de los proyectos de Fortuño hoy son obsoletos, según los informes del Renewable Energy Policy Network, una organización que agrupa el sector empresarial, gubernamental y sin fines de lucro, con sede en París. Los proyectos de energía eólica fluctuaban entre 5 y 17 centavos, mientras que hoy promedian 10 centavos mundialmente, según el informe. Pattern Energy, la empresa de molinos de vientos en el municipio de Santa Isabel, hoy factura 16 centavos el kWh a la AEE.
“Uno de los errores mayores de Fortuño fueron esos proyectos renovables”, dijo al CPI Francisco Rullán, director ejecutivo de la Oficina Estatal de Política Pública Energética (OEPPE), una entidad que asesora al Ejecutivo sobre el tema. “Si el issue fue el precio de la energía en Puerto Rico, ¿por qué entonces el precio no se bajó? El precio de referencia que dieron las renovables era exagerado. Tenemos que aprender de esos errores para que no se vuelvan a cometer”, añadió Rullán.
La solicitud de entrevista a Fortuño, que no contestó al CPI, se hizo a través de su oficial de prensa, Michelle Cuevas. El exgobernador y abogado trabaja en el bufete multinacional
Steptoe & Johnson, desde donde ha cabildeado e intervenido en proyectos de energía que comenzaron durante su administración, como el plan para llevar gas natural a la Central Aguirre en Salinas, y la incineradora Energy Answers en Arecibo.
El Gobierno no solicitará la cancelación de ninguno de los 11 proyectos renovables que ya están en funcionamiento, sino que buscará que bajen las tarifas por considerarlas muy altas, dijo Rullán al CPI. “Obviamente, siempre tenemos la buena fe de que se pueda hacer sin llegar a un litigio. Se va a renegociar, pero sin desalentar otros proyectos de energía renovable”, explicó Rullán. “Simplemente, crear la conciencia de que debe haber la inversión privada, o mucha más inversión privada en energía renovable, desde utility scale hasta la distribución de energía en las casas, pero no a un precio exorbitante a costa del bolsillo del puertorriqueño, que es el que va a pagar esto”.
Obed Santos, gerente de AES Illumina, dijo que esta no va a renegociar una mejor tarifa. “No tengo una solución al problema. Porque hay un contrato que se estaría violentando”, sostuvo. “Ya aquí hay una inversión establecida, un modelo financiero con ese precio de venta. Cambiar ese precio le haría mucho mal al modelo económico de este proyecto”, añadió Santos, quien asegura que la planta solar costó $100 millones a AES.
Esa empresa fue una de las primeras que firmó un contrato de los de Fortuño, y construyó sus instalaciones en 138 cuerdas aledañas a su empresa hermana, AES Puerto Rico, la que produce energía con carbón y ha depositado cenizas por más de una década en el país. Ha sido multada por el Gobierno federal en una ocasión por contaminar áreas de humedales. El proyecto fotovoltaico cobra unos 20 centavos a la AEE por kWh, y en la tarifa están incluidos unos 3.5 centavos como pago de los créditos de energía renovable.
“La ventaja de esta energía es que puedo predecir el precio en los próximos 20 años, a diferencia del petróleo, que puede volver a dispararse. Somos conscientes de que hoy, hacer esta misma planta se puede hacer a un mejor precio, pero esta en específico ya tiene una deuda, porque se hizo con los precios de 2011, cuando los paneles solares costaban tres veces más que lo que cuestan hoy”, sostuvo Santos.
En términos similares se expresó González Barahona, ejecutivo de Windmar: “Dadas las condiciones actuales de los costos de los equipos renovables, dependiendo de los requisitos que nos ponga el Gobierno, se puede dar un mejor precio”, dijo refiriéndose a los cinco proyectos que tiene en el tintero. “Los precios se dan según el contexto del momento. En el año 2018, los precios de la energía renovable son muy pero que muy diferentes”.
Dos proyectos firmados bajo Fortuño ofrecen las tarifas más competitivas: los de la empresa Landfill Gas Technologies en Fajardo y Toa Baja. Venden la energía a 10 centavos el kWh. Son los únicos de los proyectos de Fortuño construidos que no tienen escaladores anuales ni el pago de créditos por energía renovable. Pero estas plantas generan energía usando el gas que emiten vertederos. Necesitan que les llegue basura para funcionar, lo que no es ideal, según el doctor Cecilio Ortiz, del lnstituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña, un grupo de académicos de la Universidad de Puerto Rico que investiga para resolver problemas energéticos del país. “Para mantener el funcionamiento de estas plantas de basura necesitas una cultura de desperdicio”, sostuvo.
El objetivo principal de las renovables, mundialmente, no es bajar costos, sino producir energía limpia. Y una tarea pendiente de Puerto Rico es usarlas para cumplir con los estándares de emisiones de mercurio y tóxicos de aire, conocidos como MATS, que implanta la Agencia de Protección Ambiental federal.
La Ley 82 manda a Puerto Rico a generar un 12 % de su energía con fuentes renovables entre 2015 y 2019. Metas que, a las puertas del año límite, no están ni en el horizonte. Países como Costa Rica se energizan en su totalidad con fuentes renovables, principalmente por las hidroeléctricas, que aprovechan la energía de los ríos.
La AEE no cuenta la producción de las hidroeléctricas, que ya estaban en funcionamiento en el 2 % de energía renovable, porque la Ley 82 de 2010 buscaba que el Gobierno se enfocara en nuevas plantas. No obstante, Puerto Rico tiene 21 unidades de estas en 11 puntos de la isla, pero la producción es menos de un 1 % de toda la energía producida en el país, según la Comisión de Energía. A mediados del siglo pasado, las hidroeléctricas generaban casi la mitad de toda la energía que usaba la isla, pero el Gobierno las fue dejando en el abandono mientras daba prominencia al petróleo, confirmó José Maeso, exdirector ejecutivo de OEPPE.
“Ausencia de buena fe de los contratistas”
El comienzo de la generación con proyectos renovables privados, los 11 en marcha y los 49 que no se construyeron está marcado por un proceso ilegítimo: la AEE no abrió una competencia por medio de solicitud de propuestas para asegurarse de que iba a recibir las mejores ofertas. La Oficina del Gobernador, sin expertise para seleccionar los proyectos, negoció contratos para luego referirlos a la AEE. La administración de Fortuño violó así la autonomía de la corporación pública, según el escrito “confidencial y privilegiado” del exsecretario de Justicia Luis Sánchez Betances, al que tuvo acceso el CPI. El abogado fue nombrado por el exgobernador Alejandro García Padilla, del Partido Popular Democrático, contrario al de Fortuño.
Los funcionarios de la Oficina del gobernador mostraron “desconocimiento y poco dominio de la materia de los contratos, que los llevó a aceptar términos onerosos”, mientras que “la ausencia de buena fe por parte de las empresas se hace evidente al tomar ventaja de la situación”, según el documento del DJ revisado por el CPI.
En el mismo documento, el DJ le dijo a Juan Alicea, director ejecutivo de la AEE, que tenía base legal para anular los contratos, porque la corporación pública se vio obligada a aceptar términos negociados por la Oficina del Gobernador, y por “ausencia de buena fe de los contratistas”, que no cotizaron a base de precios justos y razonables del mercado.
El bufete de abogados Corretjer LLC les entregó a los directores ejecutivos de la AEE dos opiniones legales en 2013 y 2016 en las que señalaba que la administración Fortuño declaró una emergencia energética sin que existiera una necesidad real de estos proyectos, pues la AEE estaba generando en exceso de la demanda de energía del país.
