Planifican reorganizar departamentos de Justicia y Agricultura

Gobierno busca ahorrar 318 millones de dólares en los próximos cinco años

Por Inter News Services

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares presentará planes de reorganización de los departamentos de Justicia y Agricultura que significarían ahorros por 318 millones de dólares en los próximos cinco años.

Así lo informó hoy el secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario Cortés, quien detalló que esas agencias serán reorganizadas para continuar el esfuerzo por tener un gobierno más efectivo y eficiente bajo el amparo de la Ley del Nuevo Gobierno.

“De esta manera se continuará el plan del gobernador de reducir de 118 a cerca de 35 agencias en el gobierno. Ya se han presentado siete planes de reorganización, de los cuales ya dos han sido aprobados por la asamblea legislativa y tres han sido aprobados en alguno de los cuerpos, y se espera sean aprobados próximamente por ambos”, expresó el funcionario.

Según las proyecciones del gobierno, las dos reorganizaciones ahorrarían sobre 48 millones de dólares en el primer año (ocho millones en Justicia y 40 millones en Agricultura), y sobre 318 millones de dólares en cinco años (78 millones Justicia y 240 millones Agricultura).

Rosario Cortés explicó que a Justicia se le incorpora el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) como el Negociado de Corrección y Rehabilitación, bajo la dirección de un comisionado, nombrado por el gobernador y confirmado por el Senado, que tendrá las facultades, deberes y obligaciones que actualmente tiene el secretario de Corrección.

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento con los más altos estándares de servicio y con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las estipulaciones en el caso Morales Feliciano, este negociado sería responsable de administrar un presupuesto individual asignado específicamente para sus operaciones, que no puede ser utilizado para otros propósitos dentro de Justicia.

A su vez, el Programa de Salud Correccional estará adscrito al nuevo Negociado de Corrección y Rehabilitación. Dicho programa se mantendrá operando como hasta el momento, siguiendo el objetivo de mantener calidad de servicios a la población penal y población juvenil bajo la custodia del gobierno y las estipulaciones del caso Morales Feliciano.

Mientras, la Junta de Libertad Bajo Palabra estará adscrita a Justicia, manteniendo la independencia de juicio en sus funciones y su estructura operacional. Estando la Junta adscrita a Justicia y al mismo nivel organizacional que el nuevo Negociado de Corrección, se logra un balance discrecional y un poder decisional que garantiza el cumplimiento de su misión, aseveró Rosario.

Añadió que los empleados del Departamento de Corrección que actualmente tienen derecho a organizarse en sindicatos y a negociar colectivamente de conformidad con la Ley 45 del 25 de febrero de 1998, continuarán teniendo dichos derechos bajo el nuevo Negociado.

Explicó que la reorganización de Justicia “se asemeja a la estructura organizacional del gobierno federal, en la que bajo el Departamento de Justicia Federal se cobija el Bureau of Prisons y el US Parole Commission, agencias con funciones análogas a nuestro Departamento de Justicia, Departamento de Corrección y Rehabilitación y la Junta de Libertad Bajo Palabra”.

En cuanto al Departamento de Agricultura, se consolidan como programas de ese departamento la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias y la Corporación de Seguros Agrícolas de Puerto Rico.

Además, se crea la Oficina de Cafés de Puerto Rico, con la integración de las funciones de fijación de precios de café -como asimismo del azúcar- que realizaba el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).

“Con esta reorganización, centralizamos en el Departamento de Agricultura la actividad agrícola en Puerto Rico, proveyendo a su vez las herramientas que permitan ofrecer un servicio más efectivo y eficiente”, dijo Rosario.

Conforme a la Ley de Nuevo Gobierno, estos planes de reorganización pasan al pleno de cada cuerpo legislativo, el que los aprobará o rechazará en un término de 30 días, con la posibilidad de una extensión de 15 días. De no avalarse o rechazarse expresamente algún plan transcurridos esos 45 días, se entenderá como aprobado.

“Todos los planes de reorganización presentados garantizan los empleos y los derechos adquiridos de los empleados públicos y salvaguardan los fondos federales. Con esta reorganización procuramos tener un aparato gubernamental más eficiente y menos costoso para redirigir los escasos recursos del fisco a incentivar la economía”, concluyó el portavoz de La Fortaleza.

Al presente, dos planes aprobaron en ambos cuerpos (Departamento de Trabajo y Recursos Humanos y el Bosque Modelo) y cinco se encuentran bajo evaluación de la asamblea legislativa (Junta Reglamentadora del Servicio Público, Consejo de Educación, Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Instituto de Cultura y el Departamento de Recursos Naturales).

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