La Comisión de Derechos Civiles (CDC) inició una investigación en contra de la secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, tras recibir una denuncia por supuesto “favoritismo político” en el proceso de selección de personas para un programa que busca capacitar a superintendentes de Educación.
Así lo informó hoy, lunes, Georgina Candal Segurola, presidenta del organismo público, quien precisó que la querella fue presentada el 9 de febrero y expone que la titular de Educación, en una entrevista publicada el pasado 4 de febrero en el periódico El Nuevo Día, expresó haber seleccionado a 30 personas para un programa para preparar superintendentes sobre la base de su afiliación política.
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Asimismo, Keleher indicó que para la selección utilizó “fotos con gente identificada”.
Según explicó Candal Segurola, “nuestro sistema constitucional establece que el criterio político-partidista en la toma de decisiones gubernamentales es inaceptable”,
“Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que el discrimen por ideas políticas está claramente prohibido, aun cuando ocurra contra empleados públicos que no tienen expectativa alguna de continuidad en el puesto, como es el caso de contratistas independientes”, citó la otrora jueza Superior en una misiva que le cursó a Keleher en la que le informó sobre el recibo de la querella.
En la comunicación escrita, la presidenta de la CDC, además, le solicita a la secretaria que, en un término de cinco días, comparezca por escrito a la Comisión para expresar su posición sobre el particular y sobre sus expresiones publicadas en el rotativo.
“Las expresiones de la secretaria Keleher, según publicadas, tienen visos de inconstitucionalidad y representan una exclusión de empleados no afiliados a partidos políticos o afiliados a partidos no seleccionados. Le recordamos que la práctica del discrimen político incide negativamente sobre la convivencia política y la vida democrática de nuestra sociedad”, señala el escrito.
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Recordó la funcionaria que “el discrimen político violenta las garantías constitucionales que protegen la libertad de expresión, el respeto a la dignidad del ser humano, la prohibición del discrimen por ideas políticas y la coacción en el ejercicio de la prerrogativa”.
La misiva se envió acompañada de unos requerimientos relacionados a la querella 2018-3-17344. Entre los requerimientos se encuentran la descripción del programa para preparar superintendentes, objetivos que persigue el mencionado programa, propósito que se persigue con la selección de participantes con criterios políticos, descripción del método y los criterios utilizados.
“Como en la entrevista publicada el pasado 4 de febrero se informa que la secretaria indicó que ‘la gente entre sí’ fue la que identificó a los empleados por razones políticas, le solicitamos también que identifique a los funcionarios y funcionarias que participaron en la identificación de personas para el programa”, concluyó Candal Segurola.
