La decisión de la jueza superior Lauracelis Roques Arroyo, que indica que el borrador del presupuesto sometido el pasado año a la Junta de Control Fiscal (JCF) es un documento público podría dar paso a demandas para publicar los planes fiscales que aún no se revelan, opinó el senador Eduardo Bhatia.
El legislador, quien radicó la demanda para que se publicara el borrador del presupuesto, dijo a Metro que la decisión era una histórica, y que “es una determinación histórica, porque con la Ley PROMESA se incluye, como bien dice la opinión de la jueza, que el gobernador le entregará un presupuesto a la Junta, y lo que yo decía en abril y mayo de 2017 era que esa propuesta del presupuesto había que hacerla pública, para que el país supiera lo que su gobernador recomendaba. Entonces el gobernador se opuso y ahí es que vino la controversia. Yo creo que esto es extraordinario, porque dice que lo más básico en una democracia es que tenemos acceso a los documentos públicos. Yo creo que eso es lo más importante, el acceso a documentos públicos. Yo espero que esto cite a una extensión a los planes fiscales de la Autoridad de Energía Eléctrica, de la Autoridad de Acueductos, nada de eso lo hemos visto”.
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De igual forma, Bhatia declaró que dicha decisión también podría tener repercusiones en los casos de Título III que ve la jueza federal Laura Taylor Swain, pues en el pasado los bonistas han pedido más información por parte del Gobierno.
Alista próxima demanda
El legislador del Partido Popular Democrático (PPD) agregó que una próxima demanda podría ser contra la JCF para que revele supuesta información que solo comparte con los bonistas. “La Junta tiene unos data romos, unos cuartos de datos en Internet que solamente se los han enseñado a los bonistas y al pueblo de Puerto Rico no se lo enseñan. Yo creo que la próxima demanda debería ser, y yo estoy en eso, quien se quiera unir que se una”, recalcó.
Creen que el Gobierno apelará
Por su parte, el abogado John Mudd expuso que entiende que el Gobierno apelará la decisión. “Yo entiendo que se puede usar como precedente, es probable. Pero, hay que espera a que pase”, opinó el experto en quiebras, quien agregó que la decisión de la jueza Roques Arroyo deberá ser enmendada, ya que el texto llama por error “plan fiscal” al borrador del presupuesto del que se trata la demanda radicada el año pasado.
“Claro la opinión de la jueza, como está escrita, cometió el error de confundir el presupuesto con el plan fiscal. Eso van a tener que enmendarlo, y eso le da más tiempo al Gobierno para llevar su operación, porque esto lo va a decidir la jueza, ellos no van a entregar nada, ellos van a apelar, y van a seguir para arriba hasta que alguien diga si lo tienen que entregar o no, me refiero al Supremo, diciendo un no a lugar en un certiorari o decidiendo el asunto”, añadió.
Este medio hizo gestiones para obtener una reacción de la Autoridad para la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), pero los esfuerzos fueron infructuosos.
