Legislan para viabilizar acceso a la justicia para la comunidad sorda

En ocasiones, ante la falta de interpretes, se violan derechos constitucionales de esta comunidad en los procesos judiciales

Por Ronald Ávila Claudio

Puerto Rico daría un paso para fomentar la inclusión social de las personas sordas, de aprobarse un proyecto de ley que busca unificar varias disposiciones judiciales en aras de asegurar los derechos constitucionales de esta comunidad.

La medida, presentada por el senador independentista Juan Dalmau –en coordinación con el Movimiento Autónomo de Sordos (MAS) y la Sociedad de Asistencia Legal (SAL)– establece que en todas las acciones judiciales, ya sean civiles o criminales, así como en los procesos administrativos de los Tribunales, se garantice un interprete de señas o medidas dirigidas a habilitar la comunicación de la persona sorda.

De otra parte, el ahora Proyecto del Senado 663 obligaría a los Tribunales a mantener récords audiovisuales de los testimonios de personas sordas, para que en caso de alguna impugnación no medie la interpretación de un tercero. Además, de ser aprobada la pieza un abogado de defensa podría pedir que a su cliente le retiren las esposas, para que –una vez tomadas las medidas de seguridad necesarias– puedan comunicarse.

“La falta de interprete adecuado en cualquier etapa de un procedimiento criminal, incluida la vista de causa probable para arrestar, coloca a la persona sorda en una desventaja sustancial frente a la maquinaria penal del Estado, y representa un menoscabo inaceptable de su derecho fundamental a no ser privado de su libertad sin el Debido Proceso de Ley, sostuvo Dalmau flanqueado de representantes de ambas organizaciones. Mientras, agregó que “esta comunidad tiene su propio lenguaje. El medio principal de un sordo es el lenguaje de señas. Si un sordo es arrestado, es como si se le pusiera un tape en la boca”.

De acuerdo al abogado Juan José Troche, quien pertenece al Programa de Servicios Orientados a la Representación y Defensa de los Sordos de SAL, en la isla se violan derechos constitucionales y civiles de manera recurrente ante la “invisibilidad” reglamentaria de los casi 150,000 ciudadanos con discapacidad auditiva. Por ejemplo, personas sordas han sufrido desahucios, la remoción de menores de edad y la pérdida de su libertad sin la intervención oportuna de un intérprete.

“La comunidad sorda tiene problemas de invisibilidad reglamentaria. A su vez hace que haya invisibilidad presupuestaria. Eso hace que haya invisibilidad de servicios”, abundó el letrado.

Por esta razón, SAL ha solicitado al secretario de Estado, Luis Rivera Marín, ser incluidos en un comité que revisará los más de 8,000 reglamentos que tiene el Gobierno de Puerto Rico. Esta iniciativa, que tiene el propósito de eliminar la burocracia de las agencias del Estado, fue anunciada en días pasados por el gobernador Ricardo Rosselló y se conocerá como Dale Tijera.

“Es tremenda oportunidad para incluir esas enmiendas. Es un proceso costoso y debemos incluir a miembros de la comunidad sorda en la modificación de esos reglamentos”, destacó el licenciado, quien agregó que en año y medio ha atendido casos de sobre 30 personas sordas.

Sobre el posible impacto fiscal que podría tener la pieza del Senado 663, Dalmau indicó que está “convencido” de que estableciendo las prioridades adecuadas el Gobierno encontrará el dinero. Añadió que “un paso de justicia no es un asunto de dólares y centavos”.

Para Eugenio Sastre, quien es sordo y es el tesorero de MAS, la aprobación del proyecto ayudaría a poner fin a décadas de injusticia social y la violación de leyes federales y estatales.

“Cuando las personas sordas van a un lugar y dicen que son sordos, la gente se queda en shock y no sabe qué hacer. Eso lleva años y años pasando”, afirmó.

MAS fue crucial en la atención de los sordos luego del huracán María

Para los sordos que participaron de la conferencia de prensa, una de las instancias que ejemplifica las dificultadas que enfrentan las personas con diversidad funcional en la isla a causa de la violación de estatutos legales y las barreras de comunicación, fue la emergencia posterior al huracán María.

Y es que, tal y como destacó Edgardo Figueroa, presidente del gremio: Nuestro mayor reto es la comunicación. Sin comunicación no sabemos qué pasa en Puerto Rico. Luego del huracán, muchas veces no había comunicación para los sordos y no sabíamos lo que estaba pasando en Puerto Rico”.

Ante este panorama, la organización creó un ala conocida como MAS sobre ruedas, dedicada a visitar comunidades impactadas por el fenómeno atmosférico para llevar suministros e información a la comunidad de sordos. De hecho, han entablado una relación de trabajo con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), y hasta informan sobre las ayudas que tienen disponibles.

“Ha sido muy difícil. La comunidad sorda usualmente son los últimos en ser servidos. Cuando el huracán María impactó a Puerto Rico, la Cruz Roja repartió agua y comida pero los sordos no se enteraban”, explicó por su parte Helen Roth, del Departamento de Integración de la Discapacidad de FEMA.

Hasta el momento, MAS sobre ruedas ha entregado suministros a unas 5,000 personas.

 

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