La exsenadora María de Lourdes Santiago denunció hoy la implementación de un nuevo programa en el Departamento de Educación que a su entender significaría una estocada a miles de alumnos que pertenecen a la corriente de educación especial.
Y es que la líder del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) comentó a Metro que hace dos días, la región educativa de Humacao anunció a sus directores la implementación del programa de Respuesta a la Intervención (RTI, en inglés), que sacaría de educación especial a los estudiantes con problemas específicos de aprendizaje.
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La iniciativa, continúo la también comisionada electoral del PIP, es permitida bajo las leyes federales y ha tenido éxito en varias jurisdicciones, pero cuando está acompañada de un plan detallado de educación diferenciada, para que los niños con problemas de aprendizaje –y que no presentan otra diversidad funcional– puedan integrarse a la corriente regular paulatinamente.
Santiago proveyó a Metro copia de la carta suministrada a los directores escolares, y aunque menciona que se ofrecerán “estrategias de educación diferenciada”, no especifica cuáles, ni tampoco en cuánto tiempo sería la transición de los alumnos de un sistema a otro. No obstante, a pesar de que estos datos no fueron detallados en la misiva, Sol Ortiz, directora regional de Humacao, abrió la puerta para que la compañía LS Innovative Educational Center comience a evaluar a los alumnos.
“La preocupación es que esta iniciativa sirva para excluir a niños del registro de educación especial. Este modelo se aplica a diagnósticos con problemas específicos de aprendizaje. Ese diagnóstico es complicado y se puede prestar para muchas interpretaciones. Pero como ahora quieren hacer las escuelas más costo efectivas, se ahorran lo que gastan en ellos sacándolos del registro”, indicó Santiago.
“Se les privaría [a los estudiantes] de terapias y acomodos razonables”, agregó, mientras informó que los menores que pertenecen al grupo con problemas de aprendizaje son cerca de 48,000.
De otra parte, Santiago señaló que los directivos de LS Innovative Educational Center son contratistas del Partido Nuevo Progresista. Según la también abogada, los contratos de esta compañía ascienden a $2,994,508. Además, la exsenadora del PIP denunció que la empresa LS Innovative Educational Center anunció, tan cercado como el pasado enero, que buscaba un director para la iniciativa en portales web como ClasificadosOnline.
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