El exgobernador Carlos Romero Barceló consideró que el gobierno debió procurar ante el Congreso estadounidense la incorporación de la isla como estado 51 dentro de la reforma contributiva federal en igual condiciones que los estados, convirtiendo a Puerto Rico en zona doméstica de los Estados Unidos para efectos contributivos.
Romero Barceló habló en un foro organizado por la Sociedad Civil Estadista, entidad que agrupa a diversas organizaciones en respaldo a la estadidad para Puerto Rico, sobre los pasos para completar la admisión de la isla como el estado 51 de los Estados Unidos.
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Ante un grupo de ciudadanos que se dieron cita en el MCS Plaza, en Hato Rey, para escuchar un recuento de la historia de la lucha por posicionar a Puerto Rico para ser admitido como un estado de los Estados Unidos, Romero exhortó a activarse civilmente y escribir al Congreso Federal para respaldar el trabajo de la delegación de Puerto Rico que busca ser reconocida en el Congreso.
Romero Barceló aclaró que bajo el actual estatus “no somos esclavos y lo que ocurre es que nuestros derechos como americanos están limitados por el estatus de nuestro territorio”.
Mientras, durante la presentación de Jorge Iván Rodríguez Feliciano, presidente de Puertorriqueños Pro Unión Permanente, se hizo un recuento del poder de la legislatura y la Rama Ejecutiva para completar el proceso de admisión de Puerto Rico como el estado 51.
Hizo cita directa de la ley para la descolonización inmediata de Puerto Rico en cuanto a la obligación del estado de aportar fondos para hacer cumplir el resultado de la votación.
El artículo XIII de la Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico establece: “Quedan obligadas y autorizadas las Ramas Ejecutiva y Legislativa de Puerto Rico a realizar las gestiones que considere necesarias e, igualmente, asignar y utilizar todos los recursos que sean necesarios para hacer valer y dar cumplimiento a los propósitos de esta Ley”.
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Los recursos que se utilicen quedan excluidos de los alcances de la Ley Promesa. De acuerdo con Rodríguez, la sección 402 de la ley que crea la Junta de Control Fiscal prohíbe restringir a Puerto Rico el derecho a determinar su estatus político final.
Lo anterior, a su juicio, permite al gobierno asignar los recursos económicos para que se haga cumplir el reclamo de los votos del pueblo a favor de la fórmula ganadora del plebiscito. De esta forma se facilita lograr los votos en el Congreso y terminar de una vez la historia colonial de Puerto Rico.
Entre las recomendaciones presentadas por Rodríguez para completar la admisión de Puerto Rico como el estado 51, mencionó la creación de una campaña educativa y de publicidad a nivel nacional para dar a conocer en la sociedad el valor de Puerto Rico y su aportación a la grandeza y riqueza de la nación americana.
Se exhortó asimismo al gobierno a llevar a cabo un plan de incorporación de Puerto Rico como zona doméstica de los Estados Unidos para efectos contributivos y la incorporación de sectores corporativos, artísticos, religiosos para que apoyen la admisión del estado de Puerto Rico.
“Los valores y principios de la Constitución de los Estados Unidos deben proteger a cada ciudadano americano sin importar su condición económica y en qué lugar del país se encuentra”, señaló Rodríguez.
El historiador Nelson Rochet y el ciudadano Eugenio Vicente cuestionaron a Romero Barceló y a Jorge Rodríguez, al plantear que el Congreso federal trata a Puerto Rico con la doctrina esclavista previa a las decisiones de los caso insulares.
Tanto Romero como Rodríguez rechazaron que estemos bajo un trato de esclavo, aunque hicieron hincapié en que el discrimen en Puerto Rico es más geográfico que esclavista, pues cuando los puertorriqueños se mudan a otros estados tienen todos los derechos que la Constitución de los Estados Unidos confiere a los ciudadanos.
