Un grupo de diversas organizaciones magisteriales y ciudadanas marchará el próximo 24 de marzo desde la Plaza Colón hasta la Fortaleza, para expresar su repudio a la reforma educativa impulsada por la administración de Ricardo Rosselló, que busca transformar el sistema público de enseñanza en escuelas chárteres.
Al evento también se unirán madres como Jeanette Morales, activista de los derechos de niños con diversidad funcional y Carmen Warren, representante del Comité timón de padres de niños de educación especial.
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El colectivo, unido bajo la consiga “por la niñez y por la educación pública”, y que además recibió el apoyo del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), celebró hoy una conferencia de prensa para anunciar el evento, así como para detallar “las ambigüedades” del ahora Proyecto 825 del Senado y 1441 de la Cámara de Representantes.
“Este proyecto lo llevan con una prisa asombrosa. Ya están circulando enmiendas que se estarán proponiendo quizás esta misma semana. Es probable que se vea esta semana en la Cámara de Representantes. Independientemente de esté aprobada o no la pieza para el día 24 [de marzo], tenemos que lanzarlos a la calle”, instó la exsenadora María de Lourdes Santiago.
“Los padres y madres estamos muy preocupados por las consecuencias de esta mal llamada reforma educativa. Es importante, e insisto, que padres, madres y estudiantes acudan a la marcha”, afirmó por su parte Warren, sobre la pieza ejecutiva que también busca implementar un programa de vales educativos, que permitirá a alumnos estudiar en escuelas privadas pero con fondos públicos.
Puntualizan “ambigüedades” de la reforma educativa
Para el abogado de derechos civiles Osvaldo Burgos, quien participará del evento, el proyecto de ley fue preparado bajo una visión de “costo efectividad” que redundará en un “discrimen” por parte de las escuelas chárteres o Escuelas Alianza. A su entender, estos planteles rechazarán a aquellos alumnos cuyo desempeño académico requiere una mayor inversión a la otorgada por el Estado.
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Y es que, agregó la exsenadora Santiago, en la carta constitutiva o contrato entre el Departamento de Educación y una chárter, la institución educativa puede “exigir” determinadas capacidades a los alumnos, exámenes de admisión o entrevistas. Dicha decisión, continúo la hoy comisionada electoral del PIP, no es “apelable” una vez el trato entre el gobierno y la escuela esté cerrado.
“Impone una cantidad de dinero a cada estudiante. Las escuelas como van a trabajar en un concepto de costo efectividad, no van a querer en sus escuelas a los niños que les cuesten mucho dinero. Los niños y niñas del programa de educación especial van a estar excluidos de esa búsqueda, de esa alternativa de que se llegue a las escuelas como si fuera una decisión del padre o la madre. Será una decisión de las escuelas privadas. Les van a dejar el programa de educación especial a las que sobren”, soltó Burgos.
Santiago añadió que la medida asignaría un presupuesto base por cada estudiante tanto a las escuelas públicas como a las Escuelas Alianza, que podría rondar en unos $6,400. No obstante, las chárteres tendrán la opción de obtener fondos externos además de los asignados por el Estado, asunto que pondría en desventaja a los planteles públicos, y que podría crear “una vitrina de comercialización sin fiscalización”.
“[Las chárteres] podrán recibir dinero de quien quiera y el donante establecería cómo se usa ese dinero […] inclusive para promocionar un negocio”, advirtió la abogada.
No es a favor de los niños
Portavoces de las organizaciones magisteriales del territorio que participaron de la conferencia de prensa negaron la consigna de la secretaria de Educación, Julia Keleher, quien reitera que el proyecto de reforma educativa es a favor de los niños.
Emilio Nieves, de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (UNETE), comentó que es imperativo garantizar calidad laboral a quienes brindan servicios a los estudiantes, para que esto redunde en una mejor educación. En los países con mejor índice académico, agregó, las condiciones de trabajo de los empleados escolares es superior a las de aquí.
Eva Ayala, representante de Educamos, opinó que la reforma educativa quitará derechos a los maestros puertorriqueños porque “no pueden tener expectativas de ser empleados permanentes. Viola los derechos adquiridos, quieren quitar los turnos de espera en las listas de contratación y el aumento es una falta de respeto al magisterio. ¿Unos $1,500 al año a cambio de dejar a 7,000 maestros fuera?”.
Para Warren, el comentario de Keleher “es una falta de respeto” a los miles de progenitores que luchan por la educación.
“Ella no ha nombrado maestros para nuestros hijos e hijas. Tenemos a más de 1,000 maestros sin nombrar. ¿Por qué ha cerrado escuelas sin considerar que hay estudiantes que no han recibido ni un día de clases? Está hacinando estudiantes y no les está proveyendo calidad en la enseñanza. Esa no es su prioridad”, manifestó.
De otra parte, Jorge Soto Díaz, de la Organización de Nacional de Directores de Escuelas de Puerto Rico, cuestionó los comentarios de la secretaria, quien en las vistas públicas sobre la pieza legislativa planteó una falta de cumplimiento de la Ley Orgánica del Departamento de Educación, aprobada en el 1999. El director escolar instó -partiendo de las afirmaciones de Keleher– al gobierno a tomar acción contra aquellos funcionarios quienes hayan violado la legislación.
Otras organización que participarán del evento:
- Colegio de Trabajadores Sociales
- Proveedores de servicios de educación especial
- Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego
- Organizaciones Políticas
- Amnistía Internacional
- Asociación de Profesores Universitarios
- Unión General de Trabajadores
