SEATTLE — Ante las recientes matanzas, el Congreso trata de mejorar el sistema de revisión de antecedentes en el país, que no ha logrado impedir que gente peligrosa acabe muchas veces comprando armas.
El problema con las leyes, según expertos, es que sólo funcionan si las agencias federales, las fuerzas militares, los estados, cortes y agencias locales del orden hacen un mejor trabajo para compartir información con el sistema de revisión de antecedentes _y ellos tienen un pobre historial en este sentido. Algunas de las masacres más horribles del país han arrojado a la luz grandes deficiencias en el sistema de base de datos para reportar información, incluyendo la matanza en Virginia Tech en 2007 y la ocurrida en una iglesia de Texas el año pasado.
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Pese a las fallas, muchos estados todavía no cumplen con los requisitos mínimos sobre reporteo de información para revisión de antecedentes que les permiten recibir subsidios federales parecidos a los propuestos en la ley actual.
“Es un sistema completamente peligroso _a veces funciona, a veces no”, dijo el profesor de Derecho de la Universidad Georgetown, Larry Gostin. “Cuando uno está hablando sobre las vidas de niños en edad escolar, dejar el asunto a la suerte no es lo mejor”.
En teoría, la base de datos de revisión de antecedentes debería de tener una lista completa de las personas que tienen prohibido portar armas _gente que ha sido hallada culpable de delitos graves, ha sido confinada a instituciones mentales, ha sido dada de baja deshonrosamente o tienen adicción a las drogas.
Pero en práctica, la base de datos está incompleta.
Depende de la policía local, las fuerzas militares, cortes estatales y federales, tribus nativas y en algunos lugares, hospitales y centros de rehabilitación, enviar los archivos delictivos o de salud mental al Sistema Nacional de Revisión Instantánea de Antecedentes Penales, pero algunos no siempre lo hacen, o tal vez no los envían dentro de un lapso apropiado.
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Algunas agencias no saben qué enviar; los estados muchas veces carecen de fondos para asegurarse de que alguien administre la información; no existe un sistema de auditorías para determinar quién están enviando reportes; y algunos estados no tienen la voluntad política para crear un proceso de reporteo eficiente y efectivo, dijeron expertos.
“El sistema está lleno de oportunidades para que se cometan errores humanos”, dijo Kristin Brown, copresidenta de la Campaña Brady para Prevenir la Violencia con Armas.
