Desde que el Gobierno de Puerto Rico se declaró en quiebra y solicitó a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que radicara la petición Título III de Promesa, más de 2 mil casos de violaciones de derechos hacia los empleados públicos unionados han quedado paralizados, luego de que los patronos se escudaran detrás del “automatic stay” que provee el proceso de bancarrota y que paraliza los litigios legales en los que está envuelto el Gobierno.
Así lo explicó a Metro la sindicalista Annette González, presidenta de Servidores Públicos Unidos (SPU) de Puerto Rico, Concilio 95. Pero eso cambió ayer, luego de que la jueza Laura Taylor Swain aprobara en audiencia desde Nueva York un acuerdo entre la SPU y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), que permitirá que los casos —incluidos los procedimientos de quejas y agravios bajo los convenios colectivos— continúen su curso y se diluciden.
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“Esto es bien importante, porque les estamos dando la oportunidad a nuestros unionados que han sufrido por algún tipo de violación de ley, de derecho, de trato injustificado, problemas de salud y seguridad, que se pueda ver el procedimiento de su caso, ventilar todas las pruebas y hacer justicia a los trabajadores”, apuntó.
“Tenemos que garantizar a los trabajadores que sus derechos no van a ser pisoteados y que podemos lograr revertir una ilegalidad”, sentenció la presidenta del SPU.
González recalcó que este acuerdo –que se negoció de manera confidencial– incluye que todos los casos de medidas disciplinarias, como suspensiones o despidos, se van a dilucidar, y que, aunque remedios económicos todavía tienen que pasar por la corte de quiebra para su ajuste, el empleado que gane un caso de despido injustificado tendrá el derecho de regresar a su empleo sin más dilación. De acuerdo al nuevo procedimiento, un caso podría ser detenido solamente si el patrono presenta ante la AAFAF un argumento de que la disputa en cuestión tendría algún tipo de efecto sobre el Plan Fiscal y la AAFAF establece que, en efecto, dicha disputa afectaría de alguna manera el Plan. El caso deberá seguir su curso hasta que la AAFAF se exprese.
“De nosotros entender que el caso no afecta, entonces vamos al tribunal para demostrar que el Plan no se afecta y que se continúe ventilando [el caso]”,explicó González, al tiempo que dijo que en el acuerdo el gobierno intentó proteger el Plan Fiscal, que se encuentra este momento bajo evaluación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para certificación.
“Tenemos que garantizar a los trabajadores que sus derechos no van a ser pisoteados y que podemos lograr revertir una ilegalidad”, sentenció.
Más de 12 mil trabajadores de 12 agencias del Gobierno Central son representados por la SPU. La presidenta del sindicato explicó que el stay de los casos se dio en todos los niveles de procedimientos: la oficina para tratar de dilucidar el asunto, el segundo paso es con la gerencia también para tratar de dilucidar el asunto, el tercer paso es en la Comisión Apelativa de Servicio Público y “de ahí entonces si no llegamos a un acuerdo y entendemos que tenemos la razón, vamos entonces al tribunal”.
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Por otro lado, Swain autorizó ayer el pago de honorarios y reembolsos a los bufetes de abogados y asesores financieros que litigan en los casos de Título III de Promesa.
El monto autorizado es por la suma de $48.5 millones, tal como recomendó el oficial examinador designado por la corte, Brady Williamson, quien tenía a su cargo verificar las facturas y recibos reclamados por las distintas firmas ante la corte. También aprobó el pago de $1.2 millones correspondientes a gastos reembolsables. Las facturas superan los $77 millones, pero la cantidad que resta será evaluada y su autorización de pago de decidirá en audiencia en abril.
La jueza, además, acogió las recomendaciones del examinador y advirtió a las firmas que deben evitar la duplicidad de tareas y el número de profesionales que asisten a las audiencias —lo que se traduce en más gastos de honorarios y reembolsos—, o tomaría medidas al respecto.
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