Una corte declaró esta tarde “nula e ilegal” la destitución que hiciera el gobernador Ricardo Rosselló Nevares de los miembros de la Junta de Gobierno del Instituto de Estadísticas, y le ordenó al primer mandatario cesar de “intervenir indebidamente”.
A preguntas de la agencia Inter News Service (INS) sobre si tiene un plan B ante la determinación del juez de recursos extraordinarios del tribunal de Instancia de San Juan Anthony Cuevas, el gobernador dijo que “ciertamente me lo acabas de notificar. Como todo proceso legal, nosotros estaremos evaluando todo lo que son las opciones. Estaré leyendo lo que es la decisión y entonces informaremos cuál va a ser nuestro curso de acción”.
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Las expresiones del mandatario surgieron durante la firma de la ley del maletín empresarial, que promueve el empresarismo en las mujeres del país. “Resolvemos que procede la concesión del injunction preliminar y se ordena al gobernador cesar y desistir de intervenir indebidamente mediante la destitución de los miembros del Instituto”, sentenció el juez Cuevas.
“La destitución de los demandantes como miembros del Instituto fue nula e ilegal”, agregó el magistrado.
Los destituidos habían pedido al tribunal que determinara que el gobernador no podía “remover libremente”, sin haber justa causa y sin conceder el debido proceso de ley, a miembros de la Junta nombrados antes del 23 de enero de 2017, cuando entró en vigor la “Ley para atender la crisis económica, fiscal y presupuestaria”.
Los miembros destituidos fueron el economista Antonio Fernós Sagebien, Ana Dávila Román, Marta Alvarez Burgos, Sonia Balet Dalmau. Y si el tribunal determinase que estos son nombramientos válidos, el tribunal debe determinar quién pueden ocupar las dos vacantes que había en la junta.
Los nuevos miembros de la Junta que sustituyeron a los ilegalmente despedidos fueron Jeanelle Alemán Escabí, María del Carmen Gordillo, Alex López Echegaray, Bethsié Rosa Reyes y Arnaldo Cruz Sanabria.
De facto, hubo dos juntas paralelas en el Instituto de Estadísticas.