La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión parcialmente adversa sobre las operaciones fiscales del Municipio de Gurabo relacionadas con el manejo y el control del presupuesto operacional, las compras de bienes y servicios, la propiedad, las recaudaciones y la contabilidad municipal, durante la administración del exalcalde Víctor Ortiz Díaz, del Partido Nuevo Progresista.
El Informe revela que el Municipio realizó desembolsos por $9.1 millones para gastos operacionales del 2013 al 2016, utilizando de forma indebida los fondos provenientes de los ingresos de las patentes pagadas por adelantado de los años 2014 al 2017. Esta situación contraria a la Ley 81 de 1991 de Municipios Autónomos, propicia que se incurra en déficits presupuestarios, de acuerdo a un comunicado de prensa de la oficina de la contralora Yasmín Valdivieso.
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De hecho, Gurabo tuvo déficits de $7.5, $11.3, $6.4 y $7.6 millones del 2013 al 2016 y sobregiros por $10.3 millones al 30 de junio de 2016. Al respecto comenta el Informe que el operar con déficits afecta los servicios a la ciudadanía y que los sobregiros en los fondos crean una situación fiscal indeseable y precaria para el Municipio.
La auditoría de ocho hallazgos, señala que el Municipio formalizó dos préstamos con el Banco Gubernamental de Fomento por $2.4 millones para pagar deudas acumuladas con entidades gubernamentales y privadas. En particular, la deuda de $341,230 con el Sistema de Retiro y la Asociación de Empleados del ELA, se acumuló porque contrario a la ley y reglamentación aplicable, el Municipio no remesó los descuentos de nómina de los empleados, ni las aportaciones y pagos que estaba obligado a realizar.
Los auditores de la contraloría identificaron que el entonces alcalde gastó en dos años $32,377 en nueve viajes a países como Japón, Corea, China, Argentina e Italia, para los cuales no presentó informes de las gestiones realizadas. Además, el examen sobre los $52,000 que cargó a la tarjeta de crédito oficial, reflejó gastos sin las certificaciones sobre la naturaleza y necesidad, sin comprobantes de desembolso ni facturas de los proveedores.
Contrario a la ley y la reglamentación aplicable, el Municipio adquirió equipos para áreas recreativas por $343,655 sin celebrar subasta pública y compró bienes por $23,690 sin obtener las tres cotizaciones requeridas. Estas situaciones impiden la libre competencia y propicia la irregularidad en los desembolsos.
La auditoría evidencia múltiples deficiencias como las transferencias de crédito entre partidas sin la certificación de sobrantes requeridas, falta de documentos en los donativos a entidades sin fines de lucro, o los $274,709 en fondos especiales que habían permanecido inactivos por más de tres años.
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El Informe comenta el proceso judicial y suspensión sumaria de empleo y sueldo contra el exalcalde acusado de alegado soborno e intento de extorsión y obstrucción de la justicia. Además indica, que el Municipio no ha atendido la recomendación del Informe de Auditoría M-13-05 del 2012 de recobrar $122,704 y que al 31 de diciembre de 2016 estaban pendientes de resolución en los tribunales, siete demandas por $5.1 millones.
El Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
