Las organizaciones que agrupan a directores de escuela en Puerto Rico expresaron hoy reservas con el proyecto que busca reformar el sistema de educación pública e implementar las escuelas chárteres.
La Organización de Directores y Administradores Escolares (ODAE) y la Organización Nacional de Directores de Escuela (ONDE) comparecieron hoy al Senado para debatir sobre la propuesta anunciada recientemente por el gobernador Ricardo Rosselló.
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La presidenta de ODAE, Norma Iris Cartagena Burgos, sostuvo que “entiendo que este proyecto es uno que trastoca el sistema educativo de Puerto Rico, cambia las estructuras de lo que se ha estado realizando en nuestro sistema público por los pasados años. Hemos observado lo atropellante que ha sido este proyecto desde sus inicios”.
La líder de los directores atribuyó que el sistema educativo no haya tenido el éxito esperado a “los líderes políticos que no han hecho valer la Ley 149 como fue aprobada”.
Cartagena Burgos planteó preocupaciones entorno a la redacción del proyecto, en detalles como el establecimiento del Programa de Libre Selección de Escuelas, así como que el lenguaje de la medida podría atentar contra la educación de niños de menos privilegio.
“Aunque la Ley recoge buenas ideas las mismas no están estructuradas si no como la misma ley indica existirá un ensayo”, expuso la presidenta de la organización al señalar que el proyecto no establece la facultad del director en la supervisión del personal, ni las funciones, solo a administrar presupuesto.
Tampoco se le ofrece un incentivo, pese a que tienen mayores responsabilidades con parte de la medida.
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Por su parte, el presidente de ONDE, Jorge Luis Soto Torres, abundó en su ponencia sobre despojar a las escuelas de la comunidad de sus autonomías.
“Pretenden eliminarla adscribiendo de forma infundada la responsabilidad por el fracaso del sistema a los maestros y directores de escuelas sin exigir cuentas a los verdaderos responsables”, señaló Soto Torres.
Reclamó que el proyecto 825 pone a las escuelas de la comunidad en desventaja y alegó que con ello las somete a los “caprichos, vaivenes políticos e intereses ajenos a la comunidad escolar”.
El dirigente de la organización argumentó que con el proyecto se “profundizará el deterioro de la educación pública convirtiendo las escuelas de la comunidad en semillero de privatización”.
